© 1996 UCA Editores
Comentario Revista Estudios Centroamericanos (ECA), No. 571-572, mayo-junio de 1996. El discurso presidencial: ilusiones y realidades Al menos una cosa buena tuvo el discurso del presidente Calderón del 1 junio en la asamblea legislativa sobre su segundo año de gobierno y es que reconoció que la situación general del país no es buena, que las medidas económicas adoptadas no han arrojado los resultados esperados y, por lo tanto, es necesario retrasar otras ya decididas y, en cambio, adoptar otras nuevas. þNo puedo estar conforme con los problemas que viven... las amas de casa, los empleados y trabajadores de bajos ingresos; y más aún [sic] con las dificultades que padecen nuestros hermanos por falta de trabajo y otras oportunidadesþ, declaró el presidente al comienzo de su discurso anual. Aunque no reconoció la existencia de una recesión económica, sí aceptó que desde hace meses, la economía nacional experimenta problemas serios -þel ritmo de la economía se ha vuelto más lentoþ (ver el texto en la sección de documentación de esta edición). Es bueno reconocer que, pese a los esfuerzos que se puedan haber hecho, los resultados económicos no son los esperados -þes innegable que el costo de la vida ha ocasionado una natural preocupaciónþ, que falta el trabajo, la vivienda, el agua potable y las escuelas-, porque es el punto de partida indispensable para poder hacer las correcciones e introducir los cambios necesarios. Otra cosa es que las doce medidas propuestas por el presidente Calderón sean las más adecuadas para corregir el deterioro alarmante de las condiciones de vida de la mayoría de la población (ver el comentario siguiente þDe crisis y solucionesþ). Este reconocimiento presidencial es más importante porque hasta ahora, el gabinete económico y ARENA en general se negaron a reconocer que la vida fuese más difícil que hace dos años. No obstante, el gobierno actual no tiene claridad sobre la realidad del país ni, por consiguiente, puede tenerla sobre las políticas apropiadas para alcanzar las metas del desarrollo económico y social, que planteó hace dos años. El discuso presidencial del 1 de junio es una buena muestra de esta confusión, predominante en los círculos gubernamentales. El presidente Calderón abrió su discurso reconociendo el elevado costo de la vida y, consiguientemente, el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los salvadoreños, por todo lo cual dijo estar preocupado; pero, paradójicamente, en el cuerpo de su discurso, al describir las obras más relevantes de su segundo año de gobierno, dijo sin ningún reparo que los logros alcanzados en el área social þse han traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciónþ. Si existen mejoras, no hay razón para estar preocupado ni para adoptar medidas de corto plazo. Estas contradicciones son preocupantes, porque si no hay claridad en el diagnóstico, tampoco la puede haber en las medidas que se deben adoptar. Y es que en el discurso presidencial del 1 de junio predomina la ideología sobre la objetividad. El texto tiene una parte central que, sin duda, fue elaborada independientemente de la introducción, donde se reconoce que las cosas no van bien, y de la parte final, donde se anuncian doce medidas, destinadas supuestamente a corregir el rumbo de la economía. El cuerpo del discurso pertenece a la retórica tradicional con la cual los presidentes suelen describir alegremente sus logros gubernamentales cada año, pero sin relacionarlos con la realidad del país. Por ejemplo, el presidente Calderón dijo que estaba þinvirtiendo las más altas asignaciones presupuestarias de la historia para atender la salud preventiva y mejorar las condiciones ambientales del pueblo y los servicios de saludþ, pero no explicó cuánto haría falta gastar para atender a toda la población o cuánta población no tiene acceso a estos servicios ni cómo se encuentra la salud general de la población. De la misma manera, informó que su gobierno había instalado 26 mil servicios nuevos de agua potable, pero pasó por alto que este bien se ha convertido en otro problema agudo del país. En este sentido, el presidente se limitó a pedir þa los que tenemos este servicio, solidarizarnos con los miles de salvadoreños que aún no lo tienenþ. Asimismo, anunció que había facilitado vivienda a 4,500 familias, pero se le olvidó señalar que el déficit habitacional asciende a unas 470 mil viviendas aproximadamente. En su recorrido por los tópicos del discurso anual tampoco dijo nada sobre el medio ambiente, el transporte público, la energía, la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo, la impunidad y la reconciliación. Todos ellos temas críticos de la agenda nacional. Estos silencios son mucho más elocuentes que la lista de obras del segundo año. En cualquier caso, estos presuntos éxitos gubernamentales no encajan con la preocupación que el presidente Calderón manifiesta al comienzo de su discurso. Pareciera, pues, que la sección introductoria y la final fueron añadidas a última hora o quizás fueron redactadas por personas distintas y nadie se molestó en leer todo el discurso de corrido para velar por su coherencia. En efecto, en el cuerpo central de su discurso, el presidente Calderón habló del país de las maravillas, que sólo existe en los deseos y las ilusiones de los ideólogos de su gobierno. En las otras dos secciones, intentó hablar de El Salvador real. El contraste entre estos dos países, el real y el de las ilusiones areneras, no es solamente una cuestión formal, sino que, además, muestra la incoherencia con la que se dirige el gobierno. Lo grave de todo esto es que con semejantes incoherencias, los problemas más graves del país no se pueden resolver. En realidad, los dos primeros años del segundo gobierno de ARENA han resultado malos para El Salvador. Es evidente que el gobierno actual no ha podido cumplir con las metas que él mismo se impuso el 1 de junio de 1994. Ni el hombre ni la mujer salvadoreños se encuentran en el centro de la práctica política ni el desarrollo social es una prioridad, ni siquiera el desarrollo económico, entendido en términos neoliberales, está garantizado. Indudablemente, los períodos presidenciales se vuelven cortos ante la complejidad de la tarea, pero el punto crítico aquí es que el gobierno actual no ha podido orientar el país en la dirección correcta para poder alcanzar dichas metas en el futuro previsible. La estabilidad macroeconómica -por la cual el gobierno se siente más orgulloso, sobre todo porque los organismos internacionales no sólo le otorgan un sobresaliente, sino porque, además, lo ponen como ejemplo- está siendo seriamente cuestionada por la falta de productividad y por la extensión y profundización de la pobreza. Hay señales bastante claras que indican que la economía no está respondiendo a las expectativas neoliberales. El dinero es escaso y caro. El desempleo es señalado por la opinión pública como la causa primera de la delincuencia común. Los comerciantes se quejan de desaceleración o contracción. Otros proponen acelerar las privatizaciones como la gran solución. Mientras tanto, los directores de la economía nacional tratan de calmar los ánimos de unos y otros, asegurando, sin mucho convencimiento, que todo marcha bien, que las dificultades son pasajeras o producto de cálculos demasiado optimistas. No obstante estas explicaciones inconsistentes, el índice del crecimiento económico nacional tiende a la baja implacablemente. El desarrollo social tuvo mucha importancia en el discurso oficial, pero ya ha caído en desuso, incluso a este nivel. El compromiso gubernamental para combatir y erradicar la pobreza carece de contenido y suena vacío. La meta parece estar clara, el problema crucial es que el gobierno no sabe cómo llegar a ella. Si piensa que con el rebalse y con una buena parte del producto de la venta de los activos públicos la alcanzará, la realidad le está demostrando cuán imprecisos son sus cálculos. Por eso es tan importante contar con un diagnóstico lo más riguroso posible acerca de las necesidades básicas de la población. Este dato sería suficiente para desenmascarar las expectativas triunfalistas de los diseñadores de la política económica y para hacer reflexionar a los sensatos sobre otro tipo de alternativa para la población salvadoreña. Dos años después de haber asumido el poder del Estado, el gobierno actual no sólo no ha podido resolver ninguno de los graves problemas que aquejan a la población, sino que éstos han empeorado considerable y alarmantemente. En realidad, es poco lo que se ha hecho por el bien del país. El ámbito educativo es donde más se ha avanzado. La reforma educativa representa un esfuerzo ejemplar para las otras áreas de la administración pública y es un esfuerzo que promete mucho a mediano plazo. En las otras áreas gubernamentales se hacen esfuerzos, pero sin que haya plan aparente que los coordine; de ahí la impresión generalizada de que el gobierno improvisa continuamente. Las doce medidas anunciadas por el presidente Calderón en su discurso del 1 de junio responden casi exclusivamente a las demandas del sector privado. Casi todas ellas -retraso de la desgravación rancelaria de los bienes de consumo, reintegro del 6 por ciento sobre las exportaciones de productos no tradicionales, exención del IVA a la importación de bienes de capital, depreciación acelerada de los activos fijos, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, reactivación agropecuaria, liquidez del sistema financiero y reducción de tasas de interés, comisiones y cobros- se orientan a estimular la producción, lo cual generaría empleo y dinamizaría la actividad económica en general. Pero esto quiere decir también que el gobierno reconoce abiertamente que la economía nacional tiene problemas con la producción. Si las medidas están orientadas a estimularla, quiere decir sencillamente que ésta no produce. Por otro lado, el énfasis en estimular y promover la competitividad del sector privado evidencia que éste no está preparado para enfrentar los retos de la globalización. Finalmente, la enorme inversión gubernamental de más de mil millones de colones en infraestructura favorecerá directamente las actividades del sector privado, pero al mismo tiempo generará empleo. Lo primero que llama la atención de estas medidas es la intervención del Estado a favor del sector privado, puesto que, según la ideología predominante, debiera abstenerse de tales intromisiones. El árbitro supremo de la economía es el mercado y no el Estado para los ideólogos neoliberales. ¨Por qué no se aceptan las consecuencias del arbitraje del mercado que, en este caso, es contrario a la producción nacional y a algunos intereses del sector privado? Si la dirección de la economía no puede abandonarse completamente a los dictados del mercado cuando resultan afectados los intereses del sector privado, ¨por qué sólo éste se beneficia de sus intervenciones? ¨Por qué cuando resultan afectados los intereses populares se alega el no intervencionismo y la libertad del mercado? Al anunciar estas medidas, el gobierno salvadoreño reconoce abiertamente que se considera responsable del curso de la economía e interviene para corregir los resultados del mercado y la competencia. Siendo consecuentes con esta práctica y con la meta propuesta del desarrollo social, el gobierno debiera intervenir con la misma determinación para redistribuir la riqueza nacional de una forma más equitativa. Estas medidas gubernamentales evidencian también la ineficiencia del sector privado, lo cual es paradójico, puesto que, según el planteamiento neoliberal, éste es eficiente por naturaleza. Este reconocimiento de la ineficiencia de la empresa privada salvadoreña la deja sin solvencia para achacar al sector público un mal del que ella padece. Dicho con otras palabras, la empresa privada y el gobierno salvadoreño no tienen fundamento alguno para justificar la privatización de los activos públicos arguyendo la eficiencia de la primera y la ineficiencia de la segunda. En le mejor de los casos, está demostrado que ambas son igualmente ineficientes. Las medidas propuestas se caracterizan por su carácter inmediatista, tal como lo reconoció el mismo presidente Calderón, en su discurso. Por lo tanto, están orientadas a resolver algunos de los problemas más urgentes de la economía nacional. En este sentido, son particularmente importantes aquellas medidas orientadas a generar empleo. Pero resolver los problemas urgentes no implica superar los más importantes. Las medidas en cuestión puede que ayuden a superar algunos de los obstáculos inmediatos, pero los problemas estructurales quedan pendientes y quizás postergados. Para enfrentarlos harían falta medidas de mediano y largo plazo. Sin embargo, el gobierno no parece estar interesado en ellas por ahora. Cabe recordar, entonces, que si las medidas alivian las presiones más fuertes e inmediatas del sector privado, mientras no se entre a fondo en los problemas estructurales de la economía nacional, los efectos negativos actuales serán recurrentes. El sector privado aplaudió las medidas como era natural, alabó al presidente Calderón por su visión de estadista y se prometió tiempos mejores. Casi un mes después, sin embargo, comenzó a dar muestras de preocupación por la demora en aplicarlas. Este retraso podría obedecer a que las medidas fueron introducidas a última hora en el discurso presidencial, ante la avalancha de presiones y críticas, sobre todo del sector privado. En estas circunstancias, el presidente Calderón no podía presentarse en la asamblea sin nada que ofrecer. Entonces, improvisaron las medidas, pero el gobierno no estaría preparado para aplicarlas con la inmediatez anunciada. Otra razón del retraso podría ser que en el gabinete económico no hubiera acuerdo sobre algunas medidas. La premura obligó a ofrecer cosas que no estaban suficientemente pensadas y discutidas. El presidente Calderón salió bien del discurso anual en la asamblea legislativa, pero ahora su gobierno tendría dificultades para cumplir con lo anunciado. De todas maneras, al finalizar el mes de junio, el gobierno dio los primeros pasos de común acuerdo con las gremiales del sector privado. Al aproximarse el 1 de junio, las críticas al gobierno de Calderón arreciaron. Al cumplir su primer año, los críticos destacaron la falta de liderazgo y de dirección. Un año después, el número de descontentos no sólo aumentó, sino que agregó una queja más, la crítica situación socio económica. Sin duda, intimidado por la avalancha, el presidente Calderón anunció que lo único que le importaba era el veredicto del pueblo salvadoreño. Probablemente, el presidente estaba pensando en términos electorales, pero el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA dio a conocer cuál era ese veredicto. El 36.1 por ciento de los salvadoreños califica de mala o muy mala la actuación del presidente de la república, mientras que el 30.4 por ciento la considera regular y sólo el 28.9 por ciento la considera buena o muy buena. La nota otorgada por los salvadoreños al presidente Calderón, en una escala de uno a diez, es 5.12, abundando los ceros y los cinco, en especial entre los sectores medios, bajo y marginal. Frente a la visión del país y del gobierno dada por el presidente en su discurso anual, el 71.2 por ciento afirma que en los dos últimos años ha habido cambios negativos en el país. Los fracasos más grandes se concentran en el área económica y en la de seguridad pública. Dos de cada tres salvadoreños piensan que el gobierno no está combatiendo efectivamente la corrupción y la delincuencia; pero ocho de cada diez consideran que no resuelve los problemas económicos. No es extraño, entonces, que la mayoría de los salvadoreños (el 77.4 por ciento) piense que El Salvador necesita cambios y que sólo el 17 por ciento opine que el país va por buen camino. Si el 46 por ciento de los salvadoreños considera que ha habido cambios positivos en los dos últimos años, el 51 por ciento piensa lo contrario. Los salvadoreños de los estratos alto y medio alto del oriente del país son los que muestran mayor inclinación a aceptar la existencia de transformaciones positivas. Así, pues, la opinión pública sigue siendo bastante negativa respecto al gobierno de Calderón. En comparación con la evaluación de hace un año, las opiniones parecen haber mejorado levemente, pero en conjunto se señalan más fracasos que éxitos. Más aún, la población parece criticar con mayor intensidad la conducción de la economía salvadoreña. Curiosamente, el presidente Calderón se refirió a los salvadoreños como hermanos en tres ocasiones, durante su discurso. En efecto, llamó hermanos a quienes þno tienen trabajo, techo digno, agua potable, ni escuela para sus hijosþ y también a los que emigraron a Estados Unidos. Pareciera, pues, que el presidente se identifica con estos cientos de miles de salvadoreños que sus políticas económicas y sociales excluyen y condenan a la pobreza. Esta confesión de hermandad del presidente Calderón es extraña. Si realmente se considera hermano de todos estos salvadoreños, cambiaría el rumbo de la economía y gastaría mucho más en el área social. En las condiciones actuales de El Salvador, la hermandad del presidente Calderón sirve para muy poco. En cualquier caso, sería muy mal hermano, por su lejanía y su insensibilidad. Pero podría ser que se tratase de mera retórica política, para ganarse la buena voluntad de un electorado potencial, entonces, se trataría de demagogia y cinismo. Si bien el presidente Calderón se siente orgulloso del pueblo salvadoreño porque gracias a su þtrabajo duroþ ha sido posible que la economía salvadoreña llegue a ser una de las cuatro más atractivas del mundo; habría que preguntarse si el pueblo se siente igualmente orgulloso de su presidente, puesto que él es el responsable principal de sus pobrezas y miserias. Lo que el presidente Calderón presenta como motivo de admiración y respeto mundial, el pueblo salvadoreño lo experimenta como desempleo, violencia y falta de oportunidades. El discurso del 1 de junio concluye con un llamado a la prensa, que no deja de tener su importancia -þahora más que nunca, nuestra patria necesita la orientación de un periodismo objetivoþ. Esta afirmación no es tan ingenua o sencilla como aparece a primera vista, sino que tiene una dedicatoria muy especial. Antes de su discurso y quizás ante la avalancha de críticas, el mandatario reclamó en privado a los grandes medios de comunicación social porque sus informes no proyectaban una imagen atractiva del país. Su mensaje sería contrario al esfuerzo gubernamental, empeñado en una þintensa promoción del país en el exterior, como lugar de grandes oprotunidades para la inversiónþ. En consecuencia, el presidente Calderón pidió claramente a los medios de comunicación modificar el enfoque de sus informaciones para que éste coincidiera con el del gobierno y así conseguir que El Salvador se vuelva atractivo para los inversionistas y los turistas. El mismo presidente Calderón hizo un ejercicio de la objetividad que le pide a la prensa nacional en su discurso. En efecto, la parte central la dedicó a describir los logros más relevantes de su segundo año de gobierno. Si sólo se toma en cuenta esta descripción, pareciera que el segundo gobierno de ARENA ha hecho mucho, que el país ha avanzado a pasos agigantados, que El Salvador es totalmente nuevo y que en él, las oportunidades abundan. El Salvador descrito en esta parte del discurso es, aparentemente, atractivo y atrayente. Ahora bien, si esta versión de la realidad nacional se contrasta con la realidad, el cuadro cambia completamente. Entonces, El Salvador real aparece, pero es, precisamente, el país que los inversionistas y los turistas evitan por la violencia, la inseguridad jurídica, la corrupción, la pobreza, el crimen organizado, la delincuencia, etc. La objetividad que el presidente Calderón demanda a la prensa implica compartir y difundir la visión ideal de su gobierno sobre el estado del país. La única dificultad es que la visión gubernamental de El Salvador no se apega a la realidad y alimenta ilusiones falsas. En realidad, lo que el presidente Calderón llama objetividad es más bien propaganda. El mandatario quisiera que la prensa, en lugar de informar, hiciera propaganda de El Salvador y en cuanto ésta distorsiona la realidad, la imagen que proyectaría del país sería tan falsa como las ilusiones del gobierno. Así, pues, objetivo es aquel que asume la visión gubernamental y la propaga, sumándose al esfuerzo por promocionar el país en el exterior, tal como se promociona una mercancía. Ahora bien, el presidente Calderón no es objetivo con la prensa que tanto le ayuda a proyectar una imagen favorable de su gestión gubernamental, olvidando oportunamente hechos y personajes, por ejemplo, aquellos relacionados con la corrupción y el crimen organizado; censurando la interpretación alternativa, que pueda generar una opinión contraria a la oficialmente establecida; reproduciendo fielmente el discurso o la versión oficial, sin dudar de su veracidad o sin preguntar ante sus contradicciones o sin investigar sus verdades a medias. Gracias al amarallismo de los grandes medios de comunicación social, el gobierno puedo aprobar la ley de emergencia contra la delincuencia. Por todo esto y por más, el gobierno debiera estar sumamente agradecido a la gran prensa nacional. Pero esto no es todo. La realidad tiene otra cara. Así como el amarillismo favorece la política gubernamental frente a la violencia y la delincuencia, permitiéndole incluso distraer la atención de los graves problemas económicos, también ha ensombrecido la imagen de El Salvador como país donde se pueden hacer inversiones seguras y rentables o donde se pueden disfrutar unas vacaciones tropicales interesantes. El gobierno no puede tenerlo todo al mismo tiempo. Su política interior está en contradicción con sus intereses en el exterior. Otra vez falta de coherencia e improvisación. El problema no es la prensa, sino la realidad que supera la capacidad de la gestión gubernamental. La cuestión no es tanto si hacer propaganda o apegarse a la objetivdad al informar sobre El Salvador, sino armonizar la política interior con la exterior. Ya no se puede seguir hablando de democratización y modernización en el exterior, mientras en el interior se impone un modelo autoritario de viejo cuño. El gobierno del presidente Calderón tiene mucho sobre lo que reflexionar para poder hacer, en los tres años que le quedan, una gestión gubernamental aceptable, desde la perspectiva de la mayoría de la población despojada y empobrecida. Ernesto Cruz Alfaro