El día 3 de julio fueron intervenidas las sociedades FINSEPRO e INSEPRO por la Superintendencia del Sistema Financiero. Según un informe de la Fiscalía General de la República, "de conformidad a auditoría practicada por el Superintendente del Sistema Financiero en las sociedades financieras INSEPRO S.A. de C.V., y FINSEPRO S.A. de C.V., la Fiscalía General de la República ha instruido diligencias... determinándose que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones han cometido el delito de defraudación de la economía pública".

Si inicialmente se estimaba que el monto de lo estafado oscilaba entre 200 y 500 millones de colones, posteriormente se hablado de algo más de mil millones de colones, cuyo paradero se desconoce. También se ignora el nombre de todos los estafados y los montos que perdieron, aunque sí se sabe que fueron los dos o tres puntos que pagaban de intereses INSEPRO y FINSEPRO -por encima del otras financieras del país- lo que llevó a muchos a arriesgar sus ahorros.

¿Cómo operaban INSEPRO-FINSEPRO? Pues bien, la "ruta del fraude" tal como fue establecida por el matutino El Diario de Hoy era la siguiente: (1) FINSEPRO, institución autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), recibía a sus clientes como cualquier otra entidad bancaria. La administración y el presidente de FINSEPRO eran los mismos de INSEPRO, esta última no autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. (2) Los empleados remitían a los clientes hacia las instalaciones de INSEPRO –contiguas a FINSEPRO— y les prometían intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba esos depósitos ilegalmente. (3) Se desconoce el destino de los fondos que llegaron a INSEPRO, al igual que se ignora el monto real de lo captado por la financiera. (5) Cuando INSEPRO enfrenta problemas de liquidez, FINSEPRO le transfiere ilegalmente más de 200 millones de colones. Según la Superintendencia, esa transacción mostró alguna evidencia del problema. (5) Para cubrir el "hoyo financiero" ocasionado a FINSEPRO al transferirle fondos a INSEPRO, ésta da a cambio cheques pagaderos a otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo.

El caso Mathies Hill ha dado pie a las más diversas hipótesis, entre las cuales dos han sido las más discutidas. La primera, defendida por amigos cercanos de Mathies Hill e incluso por el mismo Presidente Calderón Sol, fue que sus actividades ilegales eran un caso aislado, que en lo absoluto podían extenderse a otros empresarios y, mucho menos, al sistema financiero en su conjunto. Se trataba de los errores de un "buen muchacho", cuya ambición lo había llevado no sólo a violar las leyes, sino también a deshonrar a su familia. Quienes apostaban por esta hipótesis trataban de disminuir, con poco éxito, el impacto público de la estafa realizada por INSEPRO y FINSEPRO y de focalizar el problema en una persona concreta que, al ser penalizada, evidenciaría la determinación de las autoridades por combatir la criminalidad en cualesquiera de sus manifestaciones. De paso, con esa penalización, el asunto pasaría al olvido.

Otra hipótesis, más agresiva y menos optimista, fue abanderada por la oposición legislativa. La misma sostenía que el caso Mathies Hill tenía implicaciones más amplias y que, inclusive, existían otras personas e instituciones implicadas en el fraude financiero que ponían en peligro la estabilidad económica del país. Los que se adscribían a esta lectura de los hechos pretendían vincular diferentes casos criminales -estafas financieras, narcotráfico, lavado de dinero-, aparentemente no relacionados entre sí, pero en los que aparecían siempre los mismos nombres. De este modo, resultaría que "Robertillo" Mathies Hill no sería un buen muchacho que se habría equivocado, sino que se trataría, más bien, de un delincuente de altos vuelos que no estaría solo en sus negocios ilícitos.

El desarrollo posterior de los acontecimientos ha dado la razón a quienes sostenían que el caso Mathies Hill no era algo aislado. Ahora está claro que son varias las personas e instituciones involucradas en el fraude financiero y todo apunta a que dicho fraude se relaciona con otros hechos criminales como el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero lo que resulta más sorprendente es que quienes se dedicaban a estos negocios ilícitos también hacían trabajo de inteligencia, compraban periodistas, financiaban a intelectuales para la elaboración de análisis y trabajos de investigación, y canalizaban recursos a determinadas figuras políticas. Esto último lo han puesto de manifiesto las pesquisas policiales en torno a Mario Galdámez, otro delincuente de altos quilates, que se ha tomado la tarea de hundir con sus declaraciones a su antiguo mentor en la empresa Caribe Motor y a quien le canalizó fondos para su empresa Automotriz Sabater, es decir, el mismo Mathies Hill.

El conjunto de hechos que han salido a relucir y los intereses económicos y políticos puestos en juego, hacen presumir que el nudo de los negocios ilícitos en los que se haya involucrado, como principal figura, Roberto Mathies Hill no va a ser fácilmente desatado. ¿Quiénes de los actuales diputados o del actual gabinete de gobierno recibieron dinero y favores de los implicados en el escándalo financiero? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y que urge de una pronta respuesta. Hasta ahora, aunque son muchos los elementos aportados por las pesquisas policiales y periodísticas, todavía hay una infinidad de cabos sueltos que es preciso relacionar para tener una comprensión cabal del fraude y sus implicaciones políticas y económicas.

Es importante esclarecer los hechos y sus conexiones, pues su alcance va más allá de una mera equivocación de algunos de los miembros de las familias más prominentes de El Salvador. Si inicialmente se quiso vender esa idea, ahora ya es tarde. El caso Mathies Hill obliga a llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, así como a actuar sin contemplaciones de ninguna especie para quienes han manejado ilícitamente recursos financieros del público. Asimismo, también es de suma importancia esclarecer la relación de ese fraude con el narcotráfico, el tráfico de automóviles y quizás también con la industria de los secuestros. Seguramente saldrán a relucir nombres de personas e instituciones tenidas por honorables; sin embargo, si todo queda medianamente claro, la institucionalidad democrática saldrá favorecida.

Algo que es necesario recalcar es que el caso de Mathies Hill y conexos ha enseñado a todos los salvadoreños que la honorabilidad tradicionalmente atribuida a las familias poderosas es tan endeble como la de cualquier habitante de El Salvador. Las frases "de buena familia", "de sangre azul", "decente y respetable" con las que se caracterizaba a las familias ricas del país, y a aquellas que pretendían ser como ellas, se han revelado vacías y carentes de sentido. Y es que así como es un mito que los pobres son holgazanes y deshonestos por naturaleza también lo es el creer que los que nacen en "cuna dorada" poseen los mejores talentos y virtudes. Las duras críticas de José Ingenieros a los grupos oligárquicos de su época no dejan de tener un cierto eco en nuestro país, sobre todo, porque ellas nos recuerdan que tener dinero y poder no significa automáticamente tener talento y honorabilidad.

En este momento, ha salido a flote una abundante información sobre la corrupción empresarial, aunque todavía no está suficientemente clara cuál es la dimensión real de la misma. Es decir, a estas alturas no se conocen los niveles de corrupción y de ilegalidad presentes en el sistema financiero, aunque -por los casos que han salido a la luz pública- es de sospechar que los mismos son extremadamente elevados. Y la interrogante que no puede eludirse es, ¿hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades del país en la investigación y sanción de empresas y personas que han hecho de la estafa institucionalizada una práctica digna de elogios? En su momento, la destitución del Superintendente del Sistema Financiero dio lugar a una serie de interrogantes que apuntaban, más que nada, a poner en duda las intenciones del Presidente Armando Calderón Sol cuando tomó esa decisión. Tal como se han sucedido los hechos parece que algunas de esas dudas tienen ya alguna respuesta: Rodríguez Loucel, como Superintendente del Sistema Financiero, estaba enterado de las actividades fraudulentas que realizaban empresarios como Mathies Hill y no hizo nada para poner alto a las anomalías. Ahora bien, ¿quiénes más en el gobierno sabían de eso y se hicieron los de oídos sordos?

Hasta ahora, esa pregunta no ha sido respondida con claridad y contundencia por las autoridades. Aquí estamos ante un vacío de información que debe ser llenado a la mayor brevedad, si en verdad se pretende manejar las cosas con transparencia y honestidad. Por lo demás, no se puede dejar de señalar un punto ciertamente grave para el país: que la clase empresarial salvadoreña, por obra y gracia de sus miembros "modelo", se está desprestigiando ante la opinión pública y se proyecta como un grupo ambicioso y sin escrúpulos. Y es que sin una clase empresarial comprometida con el desarrollo nacional y respetuosa de la legalidad, El Salvador no va a encontrar un rumbo como nación. Hasta ahora no se ha visto por ninguna parte a ese nuevo empresario que el país requiere, por más que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) insista en que sus agremiados están comprometidos con un proyecto de nación a largo plazo. Ese compromiso no es tal si se privilegian mecanismos de enriquecimiento ilícito, que lo primero que hacen es violar las reglas del mercado a las que todo capitalista, que lo quiera ser a carta cabal, debería respetar.

Otro mito que se ha derrumbado es el de la transparencia empresarial, al igual que han perdido credibilidad las ideas propagadas desde los círculos empresariales acerca de la superioridad administrativa y ética del sector privado sobre el sector público. No hay que perder de vista que en un momento en el que la lógica del mercado se impone sin resistencias por el mundo, los epígonos del neoliberalismo no se cansan de repetir la tesis de que el sector público es, por naturaleza, ineficiente y corrupto, mientras que el sector privado empresarial tendría como características distintivas la eficiencia y la honestidad.

Ciertamente, no se tiene que profesar el credo neoliberal para reconocer los vicios de los estados latinoamericanos, así como la necesidad de su reforma radical; tampoco se tiene que ser un anticapitalista para reconocer que los empresarios ni son siempre todo lo eficientes que proclaman ni son los más honestos y transparentes en sus actividades económicas. Nuestros empresarios son la mejor prueba de ello, como lo demuestra el rezago tecnológico de muchas industrias nacionales -lo cual es inseparable del temor de nuestros capitalistas a "arriesgarse" en proyectos de inversión a largo plazo- y las actividades ilícitas en que suelen involucrarse, con la más absoluta tranquilidad, miembros importantes de la clase empresarial.

Las inobjetables pruebas de corrupción en el sistema financiero no sólo desmienten la tan proclamada honestidad empresarial, sino que, además, levantan serias dudas sobre el compromiso de los empresarios salvadoreños con un proyecto de nación a largo plazo, como el que la Asociación Nacional de la Empresa Privada defendió en su Manifiesto Salvadoreño, o como el que el Presidente Calderón Sol insiste en proclamar en sus discursos oficiales.

Así, el caso más escandaloso de corrupción empresarial tiene como protagonista a una de las familias más prominentes de El Salvador, particularmente a uno de sus miembros, quien hasta hace poco fue considerado modelo a seguir en el camino del triunfo y como uno de los más eximios representantes de esos nuevos capitalistas

-modernos, emprendedores y audaces- que, al amparo de actividades financieras de la más diversa índole, le estaban dando un nuevo rostro al sector empresarial del país. Incluso, no faltaron quienes llegaron a pensar que era en figuras como Mathies Hill en los que debía descansar la apuesta por un nuevo El Salvador.

Sin embargo, una vez más, las apariencias terminaron distorsionando la realidad y engañando a los que se creían más listos. El "buen muchacho de Robertito" resultó ser un fraude. Claro que fue emprendedor y dinámico, pero lo fue con actividades financieras ilícitas que, al ser descubiertas, lo han llevado ante la justicia. De paso, sus actividades han puesto al descubierto los nombres de otras personas e instituciones -incluido su padre, Roberto Mathies Regalado- que se movían en el oscuro mundo de los negocios ilícitos, el espionaje y el chantaje económico. Mathies Hill -al igual que el círculo de colaboradores que lo rodeaban- ha resultado ser uno más de los que buscaban enriquecerse a como diera lugar, violando las leyes del país e irrespetando unas reglas -las del mercado- que, presumiblemente, los empresarios deberían ser los primeros en cumplir.

El país necesita de empresarios con vocación nacional. Más aún, El Salvador no va a ir a ningún lado mientras no exista un compromiso de nación por parte de los principales actores sociales, económicos y políticos. La corrupción empresarial muestra palpablemente que nuestros capitalistas, incluso los que se tildan de modernos y honestos, no están preparados para la construcción de una nueva sociedad, en la que, aunque ambicionen riquezas y las obtengan, tendrán que aceptar que el respeto a la legalidad y la preocupación porque los ciudadanos de sus país no se mueran de hambre serán una garantía para su prosperidad.

Los empresarios salvadoreños, pues, no dan señales de estar preparados para los retos que les plantea la transición democrática. No parecen estar enterados de que su contribución es decisiva para la construcción de un orden democrático en el país. Y, a la par de los empresarios, la sociedad civil es la otra gran ausente en las decisiones que se están tomando en el país. Esto último es particularmente grave, puesto que quienes a la larga terminarán cargando con las consecuencias de un estancamiento en la transición -o en su retroceso- serán los sectores mayoritarios de El Salvador.

Hasta ahora, cuando se ha hablado de transición democrática, se ha pensado casi exclusivamente en el fortalecimiento del sistema de partidos, el pluralismo ideológico y la competencia electoral. Más aún, se ha hecho descansar el rumbo de la transición, casi en su totalidad, sobre las espaldas de la clase política, a la que se ha hecho principal responsable de los aciertos o desaciertos de aquélla. Es decir, los políticos han terminado por ser los principales protagonistas de un proceso que, en realidad, los excede y que no es de su exclusividad, pues atañe directamente al conjunto de los actores sociales. Esto es claro en la transición salvadoreña, en la cual la clase política pareciera tener en sus manos el futuro del país, ya sea que éste avance hacia un orden democrático consolidado o que los lastres autoritarios sigan predominando en las prácticas sociopolíticas.

Es indudable que esto no es lo mejor ni lo más conveniente para el país, porque lo que está en juego en un proceso de transición democrática no puede depender de unas instituciones y personas -los partidos políticos y sus dirigentes- cuyos intereses difícilmente van a coincidir totalmente con los intereses del conjunto de la sociedad. Los partidos políticos y sus dirigentes desempeñan una función importante en la construcción de un orden democrático, pero no son -ni deben ser- los únicos protagonistas. Hay demasiadas cosas en juego, demasiadas decisiones que tomar y demasiados involucrados, para que una élite decida por todo y por todos.

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se ha propendido a depositar en la clase política las decisiones más importantes sobre los derroteros institucionales de El Salvador, eximiéndose los demás actores sociopolíticos de cualquier responsabilidad. La gran ausente en la transición es la sociedad civil, cuyos miembros -organizados o no- no se hacen sentir por ninguna parte, pese a que desde la firma de los Acuerdos de Paz se han presentado importantes coyunturas, como la suscitada por el fraude financiero, en las que su presencia tendría que cobrar relevancia.

Cabe traer a cuenta que en las décadas de los setenta y ochenta sucedieron cosas graves en el país, y fueron pocos los ciudadanos que se atrevieron a decir un palabra crítica sobre lo que estaba pasando. Eso se explicaba por el temor y el miedo colectivos, propiciado por los aparatos de terror del Estado; en la postguerra, de esos aparatos sólo quedan vestigios, cuyo campo de maniobra es estrecho y limitado. Pero lo que no ha desaparecido del todo son las huellas subjetivas que años de terror dejaron en lo más profundo de la conciencia de los salvadoreños. Eso se traduce en un inmovilismo social y una resistencia al riesgo y al compromiso público que hacen que la sociedad civil no tenga la presencia debida en la transición salvadoreña.

La sociedad civil -las organizaciones, grupos e individuos que la constituyen- tendría que asumir un papel protagónico en la transición democrática; su irrupción pública debería hacerse sentir cada vez que afloraran problemas de alcance nacional. En este momento, lo que reclama la irrupción de la sociedad civil

-denunciando, pronunciándose, exigiendo cuentas- es la corrupción en el sistema financiero, ya que el país en su conjunto es el que tendrá que pagar los costos de un posible colapso económico que se podría seguir del manejo ilícito de dinero que están haciendo determinados empresarios nacionales.

Que la sociedad civil puede superar sus miedos y asumir un papel activo en la construcción democrática lo muestran palpablemente los casos de España y Corea del Sur. En el primero, la sociedad civil desafió el terror del ETA y salió masivamente a las calles a pronunciarse por el cese de la violencia y el imperio de la legalidad. Si se considera de dónde viene España y se tienen en cuenta las cortapisas que puso el franquismo a la participación social, cobra relevancia la actitud asumida por la sociedad española no sólo ante el asesinato del concejal vasco Miguel Angel Blanco, sino a lo largo de la transición iniciada con Adolfo Suárez. En Corea del Sur, país que no ha sido ajeno al autoritarismo político y militar, la sociedad civil ha asumido como bandera de lucha la erradicación de la corrupción, de lo cual pueden dar buena cuenta un ex presidente en prisión y otro que está siendo enjuiciado.

España y Corea del Sur cuentan con sociedades civiles que, activamente, están apuntalando la institucionalización democrática. No se ha dejado todo el trabajo en manos de los políticos, pues éstos ni son capaces por sí solos de sacar adelante la transición ni son totalmente confiables por los intereses particulares que puedan terminar defendiendo. El contrapeso a los desmanes que éstos puedan cometer proviene de una sociedad civil consciente de sus derechos y responsabilidades; ésta es también la que les ofrece el respaldo y la fuerza necesarios para superar los obstáculos encontrados.

En nuestro país, la sociedad civil se resiste a irrumpir responsablemente en el quehacer nacional, pese a que su presencia es imprescindible para avanzar en la institucionalización democrática. No cabe duda de que el recuerdo de la guerra no ha desaparecido por completo de la conciencia colectiva, al igual que no ha desaparecido el temor a ser víctima de la violencia por motivos políticos. A este temor se suma el generado por el crimen organizado, que seguramente no tolerará que organizaciones y personas de la sociedad civil lo cuestionen públicamente. Sin embargo, los ciudadanos honestos y las organizaciones sociales representativas deben sobreponerse a esos y otros temores que puedan inducir al inmovilismo y a la pasividad públicas. La democratización, en lo que tiene de respeto a las leyes y a las instituciones, no es asunto exclusivo de la clase política, aunque ésta tenga un rol importante que cumplir. Hasta ahora, las decisiones importantes del país han estado en manos de esta última; ello ha puesto a los políticos en la mira de la crítica pública, pero también les ha permitido concentrar más poder del que efectivamente les corresponde en una democracia.

En la coyuntura actual del país, existen ingentes desafíos que la clase política no puede enfrentar por sí sola, aun si se asume que sus miembros pondrán siempre y en todo momento el bien común por encima de determinados intereses particulares. La voz de la sociedad civil, su respaldo y su presión son necesarios para la construcción de un nuevo El Salvador. Hechos como la corrupción empresarial exigen el pronunciamiento de aquélla, su movilización y su demanda de investigaciones prontas y eficaces para establecer responsabilidades. Sólo una sociedad civil activa y comprometida de lleno con el respeto a la legalidad podrá hacer avanzar la transición, poner freno a quienes se interponen en su camino y dar su respaldo a quienes están decididos a que el Estado de derecho sea una realidad.

Que empresarios inescrupulosos atenten contra la estabilidad económica y pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero es algo que no debería ser preocupación sólo de la clase política, sino preocupación de todos los salvadoreños. La indiferencia ante los problemas nacionales que ha predominado hasta ahora debe ser reemplazada por una vigilancia activa. Sólo así se podrá poner un alto a los desmanes de empresarios y políticos deshonestos; sólo así quienes poseen una cuota de poder económico o político sabrán que ello no los convierte en amos absolutos de El salvador.