Para entender y aproximarse a la magnitud del problema de la violencia en El Salvador es necesario partir brevemente de la manera en que los salvadoreños ven el problema en la actualidad. Sin intentar sustituir las cifras objetivas, los datos subjetivos pueden ayudar a entender la dimensión del problema que presentan las estadísticas de violencia en El Salvador. Para la mayoría de los ciudadanos salvadoreños, la violencia significa delincuencia y como tal es identificada como uno de los más graves problemas nacionales del momento. Esto no es fortuito y, más bien, parece responder a un proceso histórico en el cual la violencia siempre ha acompañado la vida nacional.

Según la Figura 1, elaborada con base en la serie de encuestas de opinión pública del Instituto Universitario de Opinión Pública desde 1986, en la década de los ochenta las preocupaciones principales de los salvadoreños se centraban en la situación económica del país y en el conflicto bélico; en esos años, la violencia de la guerra y la crisis económica constituían unánimemente los principales problemas del país. Sin embargo, con los acuerdos de paz, logrados en 1992 y que ponen fin definitivo al conflicto bélico, las opiniones de los salvadoreños comienzan a cambiar: la guerra prácticamente desaparece como problema nacional y al mismo tiempo aparece vertiginosamente la opinión de la delincuencia como una de las principales dificultades del país. En realidad, después de la firma de los acuerdos, los salvadoreños se siguieron preocupando por la violencia; sólo que ésta ya no es la violencia bélica o política producto de la guerra, sino la delincuencia que surge en el marco de la paz política.

La preocupación sobre el llamado "problema de la delincuencia" es de tal magnitud que los salvadoreños han llegado a estar más alarmados por la violencia criminal que lo que se preocuparon por la guerra en la segunda mitad de los ochenta. Para algunos ciudadanos, la situación actual es "peor, porque antes si uno no se metía en política no lo mataban; ahora sí: en la casa puede estar y ahí lo matan" (ver IUDOP, 1996a, pág. 240). Esta sensación de inseguridad generalizada, que ha provocado movimientos y decretos a favor del endurecimiento de las leyes penales, que ha promovido la proliferación de las agencias de seguridad y tiendas de armas y que ha causado que regiones productivas del país se declaren en paro y protesten contra el gobierno por el alto índice delincuencial, entre otras cosas, ofrece de antemano una idea de la magnitud del fenómeno en el caso salvadoreño.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los delitos contra la vida y la integridad personal sumaron un total de 29,957 casos en 1994, lo cual significa un porcentaje del 72.7 por ciento de todas las causas procesales atendidas por el Ministerio Público en ese año. Esta proporción parece ser la más elevada de los años registrados por la Fiscalía. Para el año siguiente, 1995, los delitos en contra de la "vida y la integridad personal" reunieron un total de 22,878 expedientes, y se constituyeron en el 48.4 por ciento de todas las causas procesales vistas por esa dependencia de justicia durante 1995. En 1996, los delitos contra la vida ascendieron a 25,548, según los datos de la misma institución gubernamental. En términos relativos, esto significó sólo el 39.7 por ciento de todas las causas procesales vistas ese año.

Estos datos sugieren dos cosas, en primer lugar, la elevada proporción de delitos contra la vida que ocurren en El Salvador; en segundo lugar, muestran un número creciente en el total de delitos consignados, lo cual no necesariamente estaría indicando un aumento en los delitos reales -dado que no existen otras fuentes que corroboren este incremento-, sino más bien podrían ser el producto del mejoramiento en las técnicas de registro del delito en los últimos años.

En primer lugar, es necesario explicar que, a pesar de la enorme magnitud del problema en El Salvador, no existe ninguna instancia gubernamental o institución autónoma encargada por oficio de sistematizar las estadísticas sobre violencia. Para aproximarse al problema de la violencia intencional expresada en los homicidios se recurrió esencialmente a las fuentes que tienen que relación con el sistema de justicia, se dejaron de lado las fuentes del sistema de salud, pues éste registra los ingresos de emergencia sobre la base de diagnósticos de lesión, no sobre las causas. Concretamente, las fuentes utilizadas para hacer una aproximación al fenómeno de la violencia expresada en los homicidios son: la Fiscalía General de la República (FGR) -cuyo registro de delitos se adelantaba arriba-, el Instituto de Medicina Legal, organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, se utilizaron los registros de defunción de las alcaldías de la zona metropolitana de San Salvador, recolectados expresamente para el propósito de este estudio.

La institución que parece llevar el registro más completo en términos de cobertura es la Fiscalía General de la República (FGR); esto no la hace necesariamente la más confiable, pero en realidad es la única fuente que ha sistematizado sus datos a nivel nacional. La FGR ha constituido un Registro de Entradas de Causas (historias procesales) que recibe de todos los Tribunales de Primera Instancia y de lo Penal de la República; es decir, la totalidad de los expedientes depurados de los delitos ocurridos en el país. Sin embargo, en general, la información brindada por la FGR, en el mejor de los casos, no va más allá de la contabilización de los casos de homicidios dolosos, homicidios agravados u homicidios culposos que frecuentemente son clasificados en un rubro general de homicidios. En este punto, los registros de la Fiscalía resultan un poco confusos, pues para 1995 todos los homicidios reportados se presentan como homicidios dolosos, es decir intencionales, mientras que para 1996, los homicidios son clasificados según todas las variantes de homicidios que presenta el código penal.

Para 1994, la Fiscalía reportó un total de 9,135 causas procesales por homicidio; sin embargo, el informe de la institución no aclara cuántas de esas muertes se deben a violencia intencional y cuántas a violencia no intencional, como por ejemplo los homicidios culposos provocados por los accidentes de tránsito. Siguiendo la distribución mostrada entre homicidios culposos y homicidios con intencionalidad en los años siguientes, se puede estimar que para 1994 un 84 por ciento, es decir 7,673, constituyen muertes intencionales. Para el año siguiente, 1995, la Fiscalía suma un total de 8,485 expedientes de homicidio, de los cuales 7,877 aparecen clasificados en general como homicidios dolosos. En 1996, la Fiscalía parece haber depurado la divulgación de sus cifras y reporta un total de 8,047 casos de homicidio, de los cuales 6,792 han sido muertes por violencia intencional al dejar por fuera los homicidios culposos. Para 1997, hasta el mes de mayo, la Fiscalía informa un total de 2,421 homicidios, de los cuales 2,004 están clasificados en una figura penal que denota violencia intencional. De seguir así la tendencia, se podrían esperar alrededor de 4,800 homicidios "intencionales" para el presente año.

	Homicidios intencionales		Total de homicidios
Años	Número	Tasa bruta	Número	Tasa bruta
1994	7,673	138.2/100 mil hab.	9,135	164.5/100 mil hab.
1995	7,877	138.9/100 mil hab.	8,485	149.7/100 mil hab.
1996	6,792	117.4/100 mil hab.	8,047	139 /100 mil hab.
Proyecciones de Población según el Censo Nacional de Población de 1992: Total nacional 1994 = 5,552 ,000 habitantes. Total nacional 1995 = 5, 668,600 habitantes. Total nacional 1996 = 5,787,100 habitantes..
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Fiscalía General de la República.

Tomando estas cifras de la Fiscalía como las más cercanas al fenómeno de violencia intencional, y calculando las mismas sobre las proyecciones poblacionales para sendos años (Dirección General de Estadística y Censos, Fondo de Población de las Naciones Unidas y Centro Latinoamericano de Demografía, 1996), los cálculos arrojan tasas de homicidios intencionales que en los años 94 y 95 llegan a casi 140 muertes por cada 100,000 habitantes. Según el Cuadro 2, las tasas de homicidios intencionales en El Salvador se habrían mantenido alrededor de los 138 sobre cien mil en los años 94 y 95, para luego disminuir a un poco menos de 120 en 1996. Las tasas de homicidios totales son aún más elevadas, llegan a superar las 160 muertes por 100,000 habitantes. Ello sugiere que la magnitud de la violencia homicida en el territorio salvadoreño habría tenido un nivel muy alto en estos años posteriores al fin de la guerra.

Estos datos son significativamente elevados. De ser así, El Salvador ocuparía uno de los primeros lugares en las tasas de homicidios a nivel continental. Por ello, se buscó confrontar estas cifras con los datos de mortalidad que reportan las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). Estas encuestas, publicadas anualmente por la Dirección de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, ofrecen datos que permiten confrontar en cierta medida los registros del Departamento de Estadística de la FGR.

Según las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), en 1995 hubo un total de 33,214 muertes, de las cuales el 23 por ciento, es decir, 7,695 fueron defunciones debidas a causas externas (Dirección de Información, 1995). Por otro lado, las proyecciones de población publicadas por la DIGESTYC, el FNUAP y CELADE calculan un promedio de 36,000 defunciones anuales por todas las causas para el quinquenio 90-95 y atribuyen también un 23 por ciento de las mismas a las causas externas, y afirman que la alta mortalidad entre la población masculina se debe sobre todo a las causas violentas y a los accidentes (1996, pág. 14). Estos datos sugieren que la estimación de mortalidad general de la EHPM estaría cerca de lo esperado por las proyecciones de población, pero se aleja bastante de los registros de la Fiscalía cuando se trata de estimar la cifra concreta de muertos por violencia. Para que tales cifras concuerden, la EHPM tendría que reportar al menos un estimado de 12,000 muertes por causas externas por año. Por ende, esos datos obligan a seguir manteniendo cierta reserva sobre los registros de la Fiscalía, y, por tanto, obligan a continuar buscando otras fuentes para confrontar la información disponible.

Ahora bien, la Fiscalía es la única institución con registros de alcance nacional, el resto de instituciones cuyos archivos podrían ser útiles, como el Instituto de Medicina Legal, disponen sólo de recuentos del área urbana de la capital San Salvador. Sin embargo, los informes que ponen a disposición los funcionarios del Departamento de Estadística de la Fiscalía General de la República no clasifican los datos por zonas geográficas, departamentos o municipios. Por consiguiente, la confrontación de los datos de la Fiscalía no podrá ser hecha directamente, sino de forma indirecta: estableciendo las tasas de homicidios para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) según los expedientes del Instituto de Medicina Legal y los registros de las alcaldías del AMSS. Las cifras de Medicina Legal provienen de los registros de reconocimientos de cadáveres que efectúa esa institución; mientras que las cifras de las alcaldías se basan en los libros de registros de defunciones anuales. En ambos casos, los registros señalan no más de 1,500 homicidios anuales en el AMSS.

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Para 1997, hasta el mes de mayo, la Fiscalía informa un total de 2,421 homicidios, de los cuales 2,004 están clasificados en una figura penal que denota violencia intencional.

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Según los datos recabados, el Instituto de Medicina Legal registró un total de 1,350 muertes por asesinato en el AMSS para 1995, mientras que en 1996, tal cifra se redujo a 1,197 (ver Cuadro 3). En cambio, los registros de defunción de las alcaldías metropolitanas señalan un total de 1,522 muertes por causas violentas (excluyendo accidentes) en 1995 y una sumatoria de 1,389 para 1996. Si a estas cifras se resta el número de posibles muertes por suicidios (algunas asfixias por ahorcamiento e intoxicaciones con sustancias venenosas) se tiene un total de 1,460 muertes por homicidio para 1995 y 1,335 para 1996.

Basadas en los registros de defunciones de las alcaldías, las tasas de homicidios intencionales del AMSS ascenderían a 95.4 defunciones por 100,000 habitantes para 1995 y a 84.5 por 100,000 habitantes para 1996; en cambio, los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) arrojan tasas más bajas: 89.9 y 77.3 por 100 habitantes para 1995 y 1996, respectivamente. Esta diferencia se debe a que los expedientes del Instituto de Medicina Legal (IML) contabilizan alrededor de 100 muertes menos en comparación con los archivos de las alcaldías. ¿Por qué esta diferencia? Hay razones para pensar que los datos del IML conservan un importante subregistro, lo cual probablemente se debe a un problema en la forma de registro. A pesar de que cualquier muerte violenta debe pasar por la forensia, algunos funcionarios de la unidad de estadística admiten que eso no siempre se cumple por una diversidad de factores, siendo el más común la negativa de los familiares para que el cadáver pase por la autopsia por lo que casi el 30 por ciento de los casos son catalogados bajo "otras causas de muerte".

Por consiguiente, la fuente que probablemente se acerca más a la dimensión del problema en el AMSS es el sistema de registros de las alcaldías municipales, dada su condición de registro universal. Las tasas que resultan de los registros municipales son más bajas que lo que se podría esperar viendo las tasas nacionales que se proyectan de los datos de la Fiscalía, pero son un poco más altas que las que provienen de Medicina Legal. Por tanto, las actas municipales estarían resolviendo parte del problema del subregistro de los expedientes de Medicina Legal, pero no eliminan la posibilidad de mantener un subregistro propio. En tal sentido, se puede decir que una tasa más cercana al fenómeno de violencia en estos años podría estar alrededor de los 100 homicidios por 100 mil habitantes para el área metropolitana de San Salvador.

Con todo, los datos de las fuentes metropolitanas no muestran las mismas dimensiones del problema de homicidios en la forma como lo sugieren las cifras nacionales de la Fiscalía. Esto obliga a plantear al menos dos posibles razones. Por un lado, dada la cierta congruencia entre los expedientes forenses y los registros municipales, puede ser que la diferencia de los datos se deba a una "sobrecontabilización" de casos en las estadísticas de la Fiscalía y en tal sentido, la Fiscalía General de la República estaría reportando más asesinatos de los que en realidad ocurren. Pero, por otro lado, la disparidad en las tasas se podría deber realmente a una mayor prevalencia de los homicidios en el interior del país que en el AMSS. En otras palabras, los datos estarían indicando que el fenómeno es menos agudo en la metrópoli que en los departamentos. En ayuda de esta tesis se encuentra un registro de violencia llevado para este estudio a partir de las noticias publicadas por la prensa escrita nacional; según este padrón, en San Salvador, que alberga al 31 por ciento de la población, habría ocurrido sólo el 24 por ciento de los homicidios del total nacional, mientras que en el interior se habría producido el 76 por ciento de los asesinatos sobre el 69 por ciento restante de la población. Esto quiere decir que en el interior la tasa de homicidios sería más alta que en San Salvador.

Tomando en cuenta que no se tiene suficiente evidencia como para rechazar tajantemente cualquiera de los sistemas de registros disponibles, lo más razonable es asumir la segunda hipótesis: la que, a partir de los registros de la Fiscalía, la municipalidad y Medicina Legal, sugiere que el problema de la violencia que provoca las muertes es mucho más grave en el interior del país que en el AMSS. Sin embargo, ello no obsta para tomar con una razonable cautela los registros existentes. Y es que, en este caso, el nivel de precisión con que se pueda calcular la magnitud de la violencia homicida está determinado por las limitaciones de los registros mismos.

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La preocupación sobre el llamado "problema de la delincuencia" es de tal magnitud que los salvadoreños han llegado a estar más alarmados por la violencia criminal que lo que se preocuparon por la guerra en la segunda mitad de los ochenta.

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Ahora bien, frente a la magnitud de las cifras, la cuestión principal que se plantea en esta etapa de estudio sigue siendo la validez de estos datos y, de ser así, lo que significa contar con tasas que están arriba de las 80 muertes por cada 100,000 habitantes. Los datos expuestos hasta acá sitúan a El Salvador y su zona urbana más grande como unas de las áreas más violentas del continente y para intentar confirmar y comprender estas cifras es necesario situarse tanto en el contexto actual de la sociedad salvadoreña como en la perspectiva de las cifras de los años pasados.

En primer lugar, El Salvador acaba de salir de una guerra civil que duró alrededor de diez años. Esta guerra no sólo trajo graves consecuencias para el desarrollo del país y para el respeto de la vida humana sino que, además, según muchos estudiosos, exacerbó la ya existente cultura de violencia (Martín-Baró, 1990; Samayoa, 1987). En tal sentido, los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento bélico resolvieron eficientemente las diferencias políticas que alimentaban el conflicto, pero no prepararon a la sociedad salvadoreña para resolver las secuelas de la guerra. En tal sentido, en la actualidad esta pequeña nación centroamericana aún enfrenta algunas de las consecuencias de ese prolongado conflicto. No es atrevido pensar entonces que buena parte de lo que estarían reportando las estadísticas disponibles en la actualidad se debe a esa particularidad de la historia salvadoreña.

En segundo lugar, un recorrido temporal sobre las tasas anuales de homicidio disponibles puede resultar también muy esclarecedor. La Figura 2 se elaboró con base en las tasas de homicidio de algunos años desde 1969 (hasta 1990, los datos pertenecen a los informes "Las condiciones de salud en las Américas" de la OPS). A principios de los años setenta, las tasas de homicidio se mantenían alrededor de 30 muertes sobre 100 mil habitantes, una cifra relativamente baja en comparación con las actuales; sin embargo, uno de los informes de la OPS (1977-1980, pág. 275) presenta a El Salvador en 1974 con una tasa de homicidios de 33/100,000, mientras que países como Nicaragua y Colombia mostraban, para 1977, tasas de 30/100,000 y 21.7/100,000 respectivamente. En otras palabras, en la década de los 70, El Salvador mantenía ya una de las tasas más altas de homicidios de todo el continente.

Esta "preponderancia" se mantuvo para buena parte de la década de los ochenta. La Figura 2 muestra que para principios del decenio de los ochenta, al inicio del conflicto armado, las tasas anuales se habrían incrementado llegando hasta 55.3/100,000 en 1982, para luego disminuir levemente hacia mediados de la década. Luego existe un vacío de información probablemente producido por el deterioro y la destrucción de los sistemas de registro en el país a causa de la guerra; de tal manera que la siguiente tasa se llega a estimar hasta 1990, año en el cual las cifras revelan una tasa de 69.8 /100,000, lo cual sugiere un crecimiento continuado en la segunda mitad del decenio. Sin embargo, el fenómeno más destacable de la tendencia temporal es el abrupto incremento de las tasas de homicidios producido entre 1990 y 1994. A pesar de la ausencia de datos, la tasa de homicidios de los años 94 y 95, que se eleva a 138/100,000, sugiere que la mortalidad por violencia intencional experimentó un aumento contundente entre 1990 y 1994. Las razones de este impulso en las tasas parecerían, por tanto, encontrarse vinculados a la finalización de la guerra civil, la cual termina definitivamente en 1992.

Lo anterior significaría que paradójicamente el establecimiento de la paz habría quebrado el "equilibrio" del orden social impuesto por la guerra y habría provocado un desencadenamiento de los factores que alimentan la violencia (la delincuencia común, la circulación de armas, la debilidad de los aparatos de seguridad, etcétera). Sin embargo, hay razones para pensar en un significativo subregistro en las tasas de 1990 y probablemente también en las calculadas en los años de la guerra civil, con lo cual el pretendido incremento a principios del decenio de los noventa no sería de la magnitud que aparenta. Esto no niega la hipótesis sobre los factores de violencia desencadenados por la situación de paz pero, de nuevo, obliga a tomar con precaución las cifras de los años del conflicto. Por ejemplo, los autores de este estudio encontraron que las actas de defunción de las alcaldías del AMSS registran un total de 1,448 muertes por homicidio para el año 1990, no muy lejos de las cifras de los años 95 y 96, que suman 1,460 y 1, 335 respectivamente. Así, la diferencia más notable entre los años 90 y 95-96 estriba en la causa de las muertes: mientras que al comienzo de la década, bajo el conflicto bélico, las defunciones eran producidas más frecuentemente por armas de fuego y artefactos explosivos; para los años de posguerra, los móviles se concentran más en las armas de fuego, los múltiples golpes y las armas blancas.

Por tanto, es muy probable que los archivos de los años de la guerra mantengan un importante subregistro, lo cual hace pensar en cifras reales mucho mayores para esos años. De hecho, si se asume el cálculo de aproximadamente 75,000 muertos a causa del conflicto armado y divide entre los 12 años de guerra, se obtiene un promedio de 6,250 muertes anuales, lo que significaría tasas arriba de 130/100,000.

En el estudio multicéntrico ACTIVA (IUDOP, 1996b) llevado a cabo en el AMSS, casi el 4 por ciento de los consultados fue golpeado por otras personas particulares, un 3 por ciento fue víctima de maltrato físico por parte de alguna autoridad y un poco más de un 1 por ciento fue herido de bala o con arma blanca.

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El Salvador acaba de salir de una guerra civil que duró alrededor de diez años. Esta guerra no sólo trajo graves consecuencias para el desarrollo del país y para el respeto de la vida humana sino que, además, exacerbó la ya existente cultura de violencia.

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Ahora bien, en términos de registros institucionales, si en el caso de los archivos por homicidios parecen haber ciertas discrepancias de las cifras según distintas instituciones, en el caso de los datos que indican morbilidad y discapacidad, las discrepancias son mayores. En 1995, la Fiscalía General de la República registró un total de 16,182 entradas de causas por lesiones. Para el año siguiente, 1996, el registro de lesiones disminuyó a 14,532 entradas procesales. Sin embargo, estos datos no pueden ser tomados como el total de lesiones provocadas por violencia intencional; es necesario recordar que, en el caso de las lesiones, los Tribunales de Justicia y la Fiscalía sólo contabilizan aquellos casos para los cuales existe una denuncia interpuesta por la víctima. Las encuestas de victimización llevadas a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública revelan que aproximadamente sólo un 25 por ciento de las víctimas de un delito acuden a las autoridades a denunciarlo a nivel nacional (1993, 1996); en algunos delitos ese porcentaje puede ser menor, mientras que, en otros, puede ser mayor. Ahora bien, un estimado de cuántas personas podrían haber sido lesionadas en esos años se hizo de la siguiente manera: tomando en cuenta el número de causas reportadas por la Fiscalía para cada año y el porcentaje promedio de denuncias de la población (25 por ciento), se tendría una proyección de alrededor de 64,728 posibles lesionados por violencia intencional para 1995 y 58,128 lesionados para 1996.

Sin embargo, se puede echar mano de otra fuente. A diferencia de los registros de orden jurídico, probablemente la fuente más completa sobre lesiones provenga del sistema de salud salvadoreño. Esto porque, como ya se ha dicho, las estadísticas reportadas por las instituciones de justicia están basadas sólo sobre las causas procesales llevadas por los tribunales del país que se generan de las denuncias interpuestas a las autoridades. Sin embargo, la mayoría de estos hechos sí llegan al sistema de salud para ser atendidos. El sistema de salud salvadoreño se puede dividir en tres grandes bloques en función del tipo de cobertura. Según informes del gobierno, el 75 por ciento de la población salvadoreña es atendida por los hospitales y los centros médicos bajo su jurisdicción; un 13 por ciento es atendido por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el resto, alrededor del 12 por ciento, es atendido por centros médicos de carácter privado.

Según el registro de ingresos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el sistema de salud atendió un total de 192,588 personas por lesiones debidas a causas externas en 1996. Sin embargo, un reporte de prensa divulgado por la Dirección General de Hospitales del mismo Ministerio afirma que el MSPAS atiende anualmente un promedio de 180,490 emergencias "producto de la violencia entre lo que destacan: heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, traumatismos por objetos contundentes y vapuleados" (1997, pág. 1). De los cuales, el 60 por ciento (108,294) no requiere de hospitalización; mientras que el 40 por ciento restante, cerca de 72,196 pacientes, son internados.

Esto se acerca a los resultados de un estudio centinela realizado en las salas de urgencia de dos hospitales del MSPAS con el objeto de llevar un registro sobre una muestra de emergencias atendidas en tales centros. Los resultados mostraron que el 33 por ciento de los pacientes atendidos en dos semanas de vigilancia requirieron de internamiento; mientras que el resto fue enviado de nuevo a su hogar. Este dato sugiere que la proporción de emergencias que ameritan hospitalización probablemente sea entre el 30 y el 40 por ciento para todas las lesiones atendidas.

Ahora bien, ¿cuántas de esas lesiones se deben a violencia intencional? Usando de nuevo los resultados del estudio centinela en las salas de urgencia, se encontró que del total de personas atendidas por lesiones debidas a causas externas, el 33.2 por ciento se debía a violencia intencional. Si se hace una proyección sobre el total de personas atendidas por el MSPAS en 1996 (192,588), se tiene que alrededor de 64,000 personas en total fueron lesionadas por actos intencionales (agresiones y autoinfligidas).

El resultado anterior se acerca al producto de un cálculo hecho a través de otra forma. Según el estudio centinela, en la semana normal se reportaron 89 personas lesionadas intencionalmente (77 agredidas y 12 autoinfligidas), si se proyecta este número para todo el sistema del MSPAS en función del porcentaje de atención de los hospitales estudiados (6.5 por ciento), se tiene que a nivel nacional se atenderían semanalmente un total de 1,369 personas lesionadas. Esto, en un año, hace un total de 71,188 personas lesionadas distribuidas de la manera siguiente: 61,578 lesionados por agresiones y 9,610 personas autolesionadas.

Resumiendo, las distintas estimaciones -incluyendo la realizada con los datos de la Fiscalía- señalan que el total de lesionados por violencia intencional atendidos por el MSPAS estaría alrededor de los 67,480 como promedio para el año de 1996.

Dado que no hay información disponible de los otros sistemas de salud -el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y los hospitales privados- es de esperar que la estimación sobre la magnitud de la violencia expresada en el número de lesionados será aún más grande. Asumiendo que los sistemas de salud del ISSS y de los hospitales privados atienden al 25 por ciento de la población y tomando en cuenta que el tipo de pacientes que accede a estos sistemas de salud posee características sociales que los hacen estar menos expuestos a la violencia intencional (condición laboral estable, instrucción escolar, estrato socioeconómico medio), es razonable estimar una incidencia que sea sólo la mitad de la presentada por el MSPAS. En otras palabras, si 67,480 casos constituyen el 75 por ciento de 89,973 y los 22,493 casos que constituyen el 25 por ciento son multiplicados por 0.5, se tiene que alrededor de 11,246 casos serían atendidos entre el ISSS y el sistema privado de salud.

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Las encuestas de victimización llevadas a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública revelan que aproximadamente sólo un 25 por ciento de las víctimas de un delito acuden a las autoridades a denunciarlo a nivel nacional.

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Lo anterior resulta en un total estimado de 78,726 lesionados por causas intencionales sobre toda la población salvadoreña en el año de 1996. Lo cual significa una tasa bruta de 1,360 lesionados por causas intencionales por 100,000 habitantes para el mismo año (ver Cuadro 1.4).

Ahora bien, ¿qué significa el nivel de mortalidad por violencia intencional en términos de años de vida perdidos? De acuerdo con los cálculos realizados y siguiendo la metodología de Lozano (1997), para obtener los Años Perdidos por Muertes Prematuras (APMP) se tiene que sólo en 1996 se perdieron cerca de 180 mil años de vida por causa de la violencia intencional (ver Cuadro 5). La mayor parte de años perdidos se debe a hechos en los que intervienen armas de fuego, mientras que las armas blancas y los traumatismos craneoencefálicos constituyen menos del 35 por ciento del resto de años perdidos.

Causa de muerte	Número de años pérdidos	Porcentajes
Arma de fuego	92,970.48	52.2
Arma blanca	30,365.47	17.0
Traumatismo cráneoencefálico	19,636.58	11.0
Asfixia por estrangulación	12,775.68	7.2
Politraumatizado	10,016.77	5.6
Causas indeterminadas	7,606.33	4.3
Artefactos explosivos	4,760.34	2.7
Total	178,131.65	100
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el Estudio Multicéntrico ACTIVA patrocinado por la OPS y llevado a cabo por el IUDOP (1996b) en El Salvador, el 20 por ciento de los adultos que reside en el AMSS fue víctima de un robo a mano armada en el transcurso de un año (1996). Ello significa que, según estimaciones hechas por el mismo estudio, alrededor de 152 mil 723 adultos habrían sido asaltados violentamente sólo en el llamado "Gran San Salvador". Es decir, uno de cada cinco adultos citadinos fue asaltado en el lapso de un año. Más aún, el mismo estudio reporta que un 30 por ciento de consultados presenciaron un atraco a mano armada y que otro 20 por ciento fue amenazado para pedirle dinero o algo de valor.

Estos datos, al igual que los examinados a lo largo del presente informe, muestran que la magnitud de la violencia expresada en hechos delincuenciales y atentados contra el patrimonio son significativamente altos. Sin embargo, este fenómeno no es reciente, ha sido revelado de manera continua por diferentes encuestas de victimización y opinión pública en los últimos años. Según el Cuadro 6, en los últimos años, cerca de la tercera parte de los hogares salvadoreños ha sido víctima de un robo a mano armada en un lapso de cuatro meses antes de realizada la encuesta; para 1994, las familias victimizadas alcanzaban cerca del 40 por ciento, para luego descender al 29 por ciento en 1996. Las encuestas revelan también que un porcentaje importante de los atracos dejan lesionados: en la consulta de 1994, la cuarta parte de las víctimas de los atracos fueron lesionadas en el hecho delincuencial, para luego disminuir significativamente al 17.6 por ciento en 1996. Con todo, las encuestas también revelan que la mayor parte de las víctimas no suelen denunciar los hechos; según las declaraciones de las mismas víctimas, en promedio, solamente uno de cada cuatro hechos son denunciados a las autoridades.

	Fecha
Rubro	Febrero 93	Agosto 94	Mayo 1996
Hogares víctimas de asalto en últimos cuatro meses	34.5	39.5	29.5
Hechos en el que la víctima resultó lesionada	----	24.7	17.6
Hechos denunciados a las autoridades	22.4	27.1	24.4
Fuente: encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública, 1993; 1994 y 1996.

¿A qué se puede deber el porcentaje tan bajo de denuncias de los delitos? Sin duda, la apatía de la gente para notificar a las autoridades depende de muchos factores, pero en opinión de los mismos afectados, la denuncia no se hace por falta de confianza en las autoridades y por temor a las represalias. Efectivamente, de acuerdo con la encuesta sobre delincuencia cursada por el IUDOP en mayo de 1996 (pág. 64), el 45 por ciento de las víctimas que no denunció el atraco piensa que las autoridades "no harían nada"; mientras que un 25 por ciento manifestó que denunciar el hecho podría resultar "peligroso" por las represalias de los hechores; el resto de personas que sufrió un atraco argumentó otras razones como: no tenía pruebas, "no fue un hecho grave", no sabía cómo denunciar, etc. Todo esto, de suyo, da una idea de la magnitud de la ola delincuencial que percibe la población -situación frente a la cual se siente desprotegida- , y da una idea del limitado alcance de las cifras oficiales en cuanto al delito.

Las fuentes básicas para medir la magnitud de la violencia contra la propiedad en El Salvador son, de nuevo, los registros de la Fiscalía General de la República y los delitos consignados en las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según los registros de todas las causas procesales llevada por la Fiscalía General de la República (FGR) en los años 1995 y 1996, el 27 por ciento de los delitos está clasificado como delito contra el patrimonio. Sin embargo, el número total de delitos contra la propiedad reportado por esos expedientes parece ser muy bajo. Para 1995, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo registró un total de 17,789 delitos en contra del patrimonio a nivel nacional y en 1996 este número ascendió a sólo 15,995. La Policía Nacional Civil, por su parte, reporta 12,267 delitos contra el patrimonio entre robos y hurtos en el año 95; mientras que en 1996, la sumatoria es de 13,953.

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Las estimaciones realizadas en el presente estudio arrojan tasas promedio de 131 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes para los últimos tres años.

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Estas cifras no constituyen siquiera la cuarta parte de las estimaciones de robo a mano armada para el área metropolitana de San Salvador hechas a partir del Estudio ACTIVA (IUDOP, 1996b). Ciertamente, hay que contar acá con la inmensa cifra oculta a causa de la falta de denuncias, pero aún así, considerando el porcentaje de denuncias del que hablan las encuestas, el número total de delitos contra el patrimonio parece ser mucho más alto que cualquier estimación hecha a partir de los registros institucionales. Por ello, sería poco fiable hacer una estimación a partir de los registros institucionales; en este punto, parece más seguro considerar la magnitud de la violencia contra la propiedad a partir de las cifras de victimización reveladas por los distintos estudios de opinión pública y dejar de lado los registros institucionales que adolecen de limitaciones significativas. En todo caso, si es necesario calcular la magnitud de la violencia en contra de la propiedad, lo más realista es referirse a las encuestas existentes y hablar de que una de cada tres familias salvadoreñas es víctima de alguno de los delitos en contra de la propiedad, siendo los más frecuentes la transgresión por robo y los hurtos.

Dos cosas resaltan del estudio sobre la magnitud de la violencia. En primer lugar, la dimensión extremadamente grave del problema en El Salvador y, en segundo lugar, la ausencia notable de registros fiables para cuantificar la violencia. Los pocos indicadores existentes coinciden en señalar que la magnitud del fenómeno salvadoreño sigue cobrando un significativo nivel de víctimas, probablemente tanto como en los años de la guerra. Esto se expresa tanto en la cantidad de muertos por homicidios, como en el ingente número de lesionados y agredidos que deben atender las unidades de emergencia de los hospitales salvadoreños.

Las estimaciones realizadas en el presente estudio arrojan tasas promedio de 131 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes para los últimos tres años. En otras palabras, cada año fue asesinado más de un salvadoreño por cada mil en este lapso de tiempo. Lo anterior significa más de 178 mil años de vida perdidos por causa de la violencia homicida anualmente. En el rubro de las lesiones y agresiones, la magnitud es también elevada. Los resultados del estudio señalan que de cada mil ciudadanos salvadoreños, trece serían agredidos o lesionados cada año a causa de la violencia intencional.

Sin embargo, en la violencia por motivos delincuenciales es donde más se expresa públicamente la magnitud del fenómeno salvadoreño. Las diversas encuestas y estudios sobre criminalidad concuerdan en que al menos uno de cada tres salvadoreños sufre algún tipo de robo o hurto en el lapso de un año. La gran mayoría de estos delitos no son denunciados y un mayor número aún no son investigados.

La presente investigación encontró también que la violencia en El Salvador no es reciente, los registros y estadísticas sobre la misma señalan que este país centroamericano poseía las tasas más altas de homicidios del continente inclusive antes del decenio de los ochenta, cuando los conflictos regionales y los problemas de narcotráfico hacen elevar las estadísticas. En el caso salvadoreño, el conflicto armado de la década pasada incrementó las tasas de homicidios, pero el fin del mismo no significó la disminución de la violencia: los datos sugieren que el fenómeno se habría incrementado en los primeros años de la paz, para luego comenzar a descender.