En los años setenta, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervecencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. Los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria; el estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente; y los grupos de poder económico no sólo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes –por ejemplo, con el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) o auspiciando grupos paramilitares— para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros.

El desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los ochenta y que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, los cuales fueron concebidos con el propósito no sólo de terminar la guerra, sino de establecer las bases para que las tensiones que alimentaron a El Salvador a lo largo del siglo XX comenzaran a ser superadas.

En la década de los setenta se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estuvo directamente vinculada no sólo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares –obreros, campesinos, vendedoras de mercados, habitantes de tugurios--, sino con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales, en 1972 y 1977, respectivamente.

En ese contexto de malestar social y político, las organizaciones populares ocuparon, aunque no sólo ellas, un lugar protagónico, sobre todo porque la exclusión socioeconómica de los sectores campesinos –agudizada por el fracaso de la transformación agraria auspiciada por Molina en 1976— los hacía más sensibles a iniciativas –como las de la Iglesia católica, a través de la Companía de Jesús— encaminadas a fomentar la lucha por sus derechos, entre los cuales ocupaba un importante lugar el derecho a organizarse.

La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), fundada en 1969 como una asociación de ligas campesinas, resurgió en Aguilares a mediados de los setenta como la más fuerte organización campesina, mientras que en Usulután y Chalatenango se fundó la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) que, nacida del trabajo pastoral, pronto derivó su accionar hacia el terreno político.

Ambas organizaciones entraron en contacto en 1975 y se articularon en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), la organización campesina más fuerte que ha conocido la historia del país. A lo largo de ese año, esta organización estableció nexos con ANDES 21 de Junio (la organización de maestros salvadoreños), las Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de Julio (FUR-30), los Universitarios Revolucionarios 19 de Julio (UR-19), la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT) y el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS). El 5 de agosto de 1975 nació el Bloque Popular Revolucionario (BPR), como un frente popular de masas que buscaba asegurar al movimiento popular miras más amplias y un aporte teórico más sólido, pero enraizado en las masas campesinas, prestas a desfilar por las calles de San Salvador, conscientes de su fuerza y con la idea de que se podía nadar contra la corriente cuando el río era todavía pequeño, pero que nadie podía lograrlo si éste se volvía poderoso.

"Con la misión hubo un cambio. Desde la misión, en los quince días hubo una gran movilización... y quedó toda la cosa en orden. Se formaron grupos de delegados [de la palabra] que decían que habían unos explotadores y otros explotados. Se comenzó a descubrir la situación real.

De ahí vimos la necesidad de ir protestando, aunque no nos habíamos organizado ni nada... vimos que no era simplemente necesaria la organización, sino una verdadera urgencia. Allí comenzó a meterse la organización en la zona".

FECCAS-UTC se perfilaron como organizaciones revolucionarias, lo cual se tradujo en una combatividad creciente que se sumó al accionar político-reivindicativo que el Bloque Popular Revolucionario (BPR) desarrollaba en diversas zonas del país, sobre todo en la capital. Entre 1975 y 1979, el movimiento popular salvadoreño cobró un nuevo impulso y nuevas perspectivas al sumarse, a las actividades del BPR, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), fundado en 1974; las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), fundadas en 1977; y el Movimiento de Liberación Popular (MLP), constituido en 1979. A lo largo de este período, el movimiento popular organizado se convirtió en un actor fundamental de la dinámica social y política en El Salvador.

A medida que se acrecentaron las movilizaciones y acciones de hecho de las organizaciones populares --que se expresaron en movilizaciones de calle, toma de locales públicos e iglesias, así como tomas de propiedades agrícolas-- la represión gubernamental se agudizó. Paralelamente al crecimiento y la consolidación del movimiento popular, se fortaleció otro grupo de actores presentes en el quehacer sociopolítico de los años setenta: las organizaciones político-militares.

Estas organizaciones, formadas por miembros radicalizados de las clases medias –especialmente por estudiantes y profesores universitarios, que en cierto modo dieron continuidad al papel protagónico de los sectores medios desde la caída del general Maximiliano Hernández Martínez— y, en menor medida, por líderes sindicales, no sólo multiplicaron sus acciones militares –secuestros de empresarios, hombres de negocios y diplomáticos, ataques a puestos militares, quemas de vehículos automotores--, sino que dieron inicio a un proceso de acercamiento a las organizaciones populares, de las cuales comenzaron a reclutar a nuevos cuadros guerrilleros.

Los grupos político-militares no sólo hicieron eco de las ideas de cambio social difundidas a partir de la revolución cubana de 1959 –rompiendo así con el acomodamiento sociopolítico del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que básicamente se había resignado a participar en el juego electoral--, sino que justificaron su irrupción apelando tanto a la pobreza crítica en que vivía la mayor parte de salvadoreños como a la exclusión política de la que hacían gala los gobiernos militares. Integrados por jóvenes, intelectuales en su mayoría, radicalizados de los sectores medios, los grupos político-militares –una vez que consideraron que las vías legales para acceder al poder estatal se habían agoptado-- optaron por la lucha revolucionaria como mecanismo idóneo para enfrentar a los regímenes militares; primero, del coronel Molina; después, del general Romero; y ya en los años ochenta –cuando se aglutinaron en el FMLN— a la Junta Revolucionaria de Gobierno, al gobierno de Napoleón Duarte (1984-1989) y, al cierre de la década de los ochenta y principios de la década de los noventa, al gobierno de Alfredo Cristiani.

En El Salvador --entre 1970 y 1980-- maduraron ciertas condiciones que hicieron factible la vinculación entre el movimiento guerrillero, conformado por las organizaciones Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN), Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), en todas las cuales la inspiración ideológica era el marxismo-leninismo y el objetivo fundamental la toma del poder político del Estado a través de la lucha armada, y el movimiento popular organizado.

Al cierre de la década de los ochenta, cada organización guerrillera había establecido nexos con un "frente de masas" determinado. Así, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) se vincularon con el Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lo hizo con las LP-28, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) con el FAPU y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericaanos (PRTC) con el MLP. Por su parte, la organización guerrillera del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), redefinieron sus relaciones con la Unión Democrática Nacionalista (UDN) que, de partido político, se convirtió en un frente de masas.

La década de los setenta se cerró en El Salvador con una grave crisis política. El gobierno del general Carlos Humberto Romero, por más que puso en marcha medidas como la "Ley de defensa y garantía del orden público" –inspirada en la doctrina de la Seguridad Nacional que los gobiernos militares suramericanos habían implementado para contener la participación sociopolítica-- fue incapaz de controlar el desborde de las organizaciones populares. El 15 de octubre de 1979, un grupo de militares progresistas efectuaron un golpe de Estado, con pretensiones reformistas, que es cooptado por militares conservadores. Mientras tanto, las organizaciones populares radicalizaron sus demandas y, como consecuencia de ello, tuvieron que soportar los embates de la represión estatal.

La Junta Revolucionaria de Gobierno no pudo hacer frente a la crisis política, por lo cual respondió a las movilizaciones de las organizaciones populares con enormes cuotas de represión estatal. Cuando José Napoleón Duarte se incorporó a la Junta, en diciembre de 1980, se iniciaron unas reformas económicas y sociales –reforma agraria y nacionalización de la banca y del comercio exterior--, pero se acompañaron de fuertes dosis de violencia estatal. Los líderes de las organizaciones populares percibieron que no había otro camino que optar por la insurrección revolucionaria. Esta opción se concretó con la creación, en mayo de 1980, de la Dirección Revolucionaria Unificada-Político-Militar (DRU-PM), un mando conjunto que coordinaría las actividades militares de los diferentes núcleos guerrilleros y la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que se encargaría de coordinar el trabajo político de los frentes de masas. En abril, del mismo año, se constituyó el Frente Democrático Revolucionario (FDR), que aglutinó a la gran mayoría de organizaciones revolucionarias y a los partidos de oposición, instituciones, gremios y personalidades democráticas del país. En octubre de 1980, la DRU se transformó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los cuerpos de seguridad –Policía Nacional (PN), Guardia Nacional (GN), Policía de Hacienda (PH) y los grupos armados conocidos como "escuadrones de la muerte"- tomaron medidas de hecho en contra de los grupos organizados, líderes sindicales y campesinos, religiosos y religiosas. El golpe de más resonancia pública y de más impacto en la conciencia colectiva lo constituyó el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misma en la capilla del Hospital "La Divina Providencia". Al asesinato de Monseñor Romero siguió la muerte --en noviembre de ese mismo año-- de los dirigentes del FDR, Juan Chacón, Enrique Alvarez Córdova, Manuel Franco, Enrique Escobar, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández, quienes fueron secuestrados en un colegio católico capitalino –El Externado de San José-- mientras efectuaban una reunión de trabajo, siendo posteriormente asesinados. Estos crímenes --que se produjeron en el contexto de la muerte cotidiana de decenas de miembros y simpatizantes de las organizaciones populares, religiosos y religiosas, estudiantes, obreros y campesinos— alimentaron la idea, en los involucrados en el proceso, de que la insurrección no podía esperar más.

A finales de 1980, lo grupos organizados de izquierda prepararon la llegada del año siguiente. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó su "ofensiva final" (u "ofensiva general"), destinada a provocar un levantamiento popular que condujese a la caída de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta última resistió la ofensiva guerrillera y lanzó una contraofensiva militar que obligó al FMLN a internarse en las escasas zonas montañosas del país, especialmente al norte de los Departamentos de Chalatenango y Morazán. Así se inició la guerra civil, durante la cual se implementaron las más variadas tácticas de guerra por parte de los contendientes con el objeto de lograr una victoria definitiva.

Durante la gestión de José Napoleón Duarte –primero en la Junta Revolucionaria de Gobierno y después como presidente constitucional (1984-1989)— se implementó la estrategia contrainsurgente denominada "Guerra de Baja Intensidad" (GBI), la cual fue auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y que llevó a una colaboración estrecha entre los ejércitos de este país y el de El Salvador. Financiamiento, pertrechos de guerra y asesoramiento militar sin límites fluyeron desde Estados Unidos hacia nuestro país; se multiplicaron los batallones de infantería de reacción inmediata –Atlacatl, Cobra, Atonal-- cuya misión era librar batallas contra las fuerzas del FMLN utilizando sus mismas técnicas y modalidades de guerra.

Paralelamente a este esfuerzo militar se ejecutaban medidas de acción cívica en los lugares de presencia guerrillera para ganar "las mentes y los corazones" de la población potencialmente simpatizante de los insurgentes, quienes terminarían como "el pez fuera del agua". Cuando Duarte dejó la presidencia, legó a Alfredo Cristiani –triunfador, como candidato del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en las elecciones presidenciales de marzo de 1989-- no sólo un expediente de buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, sino un ejército bien entrenado y apertrechado, con grandes sumas de dinero concentradas en manos de sus principales jerarcas y con una disposición por combatir sin cansancio a todos aquellos que pudiesen ser considerados comunistas, socialistas o revolucionarios.

Mientras tanto, el FMLN desplegó todas las potencialidades forjadas durante la década anterior. Inumerables miembros de las organizaciones populares de la ciudad --muchos sobrevivientes de la represión que se desató en el país entre 1981 y 1983-- se incorporaron a sus filas. Lo mismo hicieron innumerables campesinos procedentes tanto de la FECCAS-UTC como de otras organizaciones campesinas, quienes no sólo integraron las filas del ejército guerrillero, sino que se convirtieron en su base social fundamental, su fuente de abastecimiento y la garantía de su supervivencia material. En estas condiciones, militarmente, el FMLN se convirtió en una guerrilla poderosa, capaz de enfrentarse a un ejército de más de 50 mil hombres, asesorado, entrenado y financiado por Estados Unidos, en un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, sin grandes montañas y rodeado de países con regímenes hostiles a la lucha guerrillera (Honduras y Guatemala).

Lentamente, el FMLN comenzó un proceso de readecuaciones internas que se tradujeron en cambios significativos en sus planteamientos estratégicos, todo lo cual no fue ajeno a la reestructuración del escenario internacional propiciado por el derrumbe del bloque del Este, así como a la nueva correlación de fuerzas que en el interior del país –tras doce años de una guerra civil empantanada, el cansancio social generalizado y el fuerte impacto nacional e internacional del asesinato, el 16 de noviembre de 1989 y por tropas del ejército, de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López y López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina Maricet— se impuso entre los bandos en contienda.

En ese escenario, el FMLN transitó, no sin dificultades y largos debates ideológico-políticos, de una lucha revolucionaria por el poder político del Estado a una lucha revolucionaria por la fundación de una nación en que la democracia social y política llegaran a ser los ejes axiales de la vida social, económica y política. Por su parte, el partido ARENA, tras dejar atrás sus antecedentes de institución vinculada a los escuadrones de la muerte a principios de los años ochenta y respaldado por su ala más moderada, encaró los desafíos que planteaba una negociación del fin de la guerra con el FMLN.

La ofensiva lanzada por los insurgentes en noviembre de 1989 puso de manifiesto no sólo que un triunfo militar definitivo por cualquiera de los bandos no estaba cercano, sino que los costos económicos de la guerra hacían inviable cualquier propuesta de desarrollo económico-social. El consenso sobre este punto –al igual que la buena voluntad y el empeño puestos por las comisiones negociadoras-- fue lo que desencadenó la ronda de negociaciones que culminaron en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.

Los Acuerdos de Paz de Nueva York (1991) y Chapultepec (1992) constituyeron un punto de partida fundamental para el nuevo proyecto de nación --la República democrática-- que el FMLN hizo suyo en el transcurso de los 12 años de guerra civil. También se convirtieron en el punto de partida para que el gobierno de ARENA pudiera implementar sus planes de desarrollo económico orientados no sólo a fortalecer el sistema financiero, sino a generar confianza entre los grupos empresariales nacionales e internacionales.

A finales de 1991, tanto el FMLN y el gobierno salvadoreño, a cuya cabeza estaba Félix Cristiani, ultimaban detalles para firmar los documentos que terminarían con la guerra civil, y que sentarían las bases para una reforma política y económica del país, en orden a superar los desequilibrios estructurales que generaron el conflicto. El 16 de enero de 1992, los Acuerdos de Paz fueron firmados, con lo que se inauguró una nueva fase del proceso de transición democrática iniciada a principios de la década de los ochenta.

Así, desde 1992, la sociedad salvadoreña posee una instancia normativa –los Acuerdos de Paz-- orientada a medir los ritmos de su desarrollo sociopolítico, institucional y económico. A partir de aquel momento, lo que se hiciera o se dejara de hacer en el país tendría que ser valorado en el contexto de los Acuerdos de Paz, cuyo cumplimiento constituía no sólo una obligación de los principales actores socio-políticos firmantes de los mismos –la primera administración de ARENA y el FMLN--, sino del conjunto de la sociedad.

Llegar hasta este punto no fue fácil, puesto que ello requería aceptar que cualquiera que quisiera participar en las elecciones podía hacerlo y, si obtenía la victoria, nada impediría que gestionara el poder estatal. A lo largo de los ochenta, ni los grupos de poder económico ni los sectores políticos afines a estos estaban dispuestos a aceptar la eventualidad de que el FMLN pudiera competir electoralmente o, peor aún, que pudiera obtener una victoria. El FMLN, por su parte, no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de sus miembros o a descartar la posibilidad de alcanzar por la vía armada la toma total del poder.

Los doce años de guerra civil, los triunfos, las derrotas, los asesinatos, las persecuciones, el temor y la inseguridad, contribuyeron decisivamente a moderar las posturas más extremas y a aceptar que si no se podía exterminar al enemigo al menos había que intentar convivir con él. El FMLN decidió, al firmar los Acuerdos de Paz, competir electoralmente por una cuota de poder, siempre revocable a través de las urnas y el sistema político se abrió a las propuestas ideológicas y políticas del FMLN convertido en partido político. Este fue uno de los logros más importantes de los Acuerdos de Paz, con los cuales la transición a la democracia dio un paso sin precedentes. Ahora existe un amplio consenso entre los más diversos grupos sociales y políticos de que la democracia es mejor que el autoritarismo. En los años treinta, el intento de democratización puesto en marcha con Arturo Araujo fue abortado; en los noventa, aquella iniciativa encuentra su continuación, tras un largo paréntesis de intolerancia y predominio de la fuerza.

Después de los Acuerdos de Paz, la posibilidad de que grupos sociales con opciones políticas distintas se enfrenten violentamente se ha vuelto remota. Sin embargo, la violencia sociopolítica de las dos décadas anteriores ha sido reemplazada por una violencia social generalizada, cuyo impacto sobre la convivencia cotidiana entre los salvadoreños es motivo de preocupación para todos aquellos empeñados en potenciar una democratización no sólo política, sino también social.