Estamos en una "era global", lo cual quiere decir que la interdependencia entre las sociedades y las culturas se ha vuelto tan estrecha que los influjos recíprocos entre una y otras son inevitables. El término que sirve para expresar los complejos procesos sociales, culturales, políticos y económicos mundiales en los albores del siglo XXI es globalización: vivimos en un mundo en el cual se rompen las barreras nacionales y en el cual el influjo de unas sociedades sobre otras es casi inmediato, sin que haya obstáculos infranqueables que superar. Las ideas tradicionales sobre la nación, la independencia nacional y la identidad cultural están siendo socavadas por dinamismos económicos que están fuera del alcance de los Estados nación, por una red de comunicaciones que abarca (e integra) al mundo entero y por el aumento de las migraciones, con lo que ello supone de trasplante y asimilación de valores culturales distintos de los propios.

Como se constata en el documento del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Estados de desorden. Los efectos sociales de la globalización (1995), en la actual situación mundial se advierten seis tendencias predominantes: (a) la propagación de la democracia liberal; (b) el dominio que ejercen las fuerzas del mercado; (c) la integración de la economía global; (d) la transformación de los sistemas de producción y de los mercados de trabajo; (e) la velocidad del cambio tecnológico; y (f) la revolución en los medios de masas y el consumismo".

Todos estos procesos están modelando a las distintas sociedades, a distintos ritmos, en cada rincón del planeta. Se están constituyendo nuevas relaciones económicas no sólo a nivel mundial, sino entre los diversos bloques de países; también se están configurando nuevos estilos culturales afectados por --o en respuesta a-- el influjo globalizador. Aparejado a ello se están gestando las patologías que un cambio de la magnitud del que presenciamos inevitablemente trae consigo: la violencia en sus diversas manifestaciones irrumpe con particular fuerza no sólo en sociedades que van siendo relegadas a posiciones de cuarta o quinta categoría en el sistema económico mundial, sino en aquellas en que el centro del sistema capitalista están sometidas, como receptoras, a fuertes influjos migratorios. En diversos lugares del planeta, a la violencia producto de la marginalidad y el empobrecimiento se suma la violencia étnica y cultural, sea la de aquellos grupos o individuos que se sienten discriminados en su propia sociedad, o sea, la de quienes creen tener razones poderosas para discriminar a aquellos que son considerados como lo "otro".

Como quiera que fuere, eso que se ha dado en llamar globalización está trastocando radicalmente no sólo las relaciones entre los países, sino también entre los individuos y los grupos sociales. Expresión de lo primero es la formación de nuevos bloques económicos y el establecimiento de una nueva jerarquía entre las naciones; expresión de lo segundo es la agudización y el brote de formas de violencia influidas no sólo por la interdepedencia cultural propiciada por la expansión de las comunicaciones o por las tensiones étnicas y culturales que la apertura de las fronteras trae consigo, sino por la expansión de redes criminales que, como el narcotráfico o el contrabando de vehículos, hacen de regiones enteras su espacio de operaciones.

América Central, con sus tortuosos intentos por afianzar unos mecanismos de integración que le garanticen una mínima viabilidad económica, no es ajena, en su conjunto y en cada uno de los países que la conforman, al nuevo ordenamiento económico que se gesta a nivel mundial. Tampoco es ajena, como lo muestra el caso salvadoreño, a las nuevas formas de violencia que acompañan a un mundo globalizado.

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...no todos los países tienen la misma importancia en la economía global, pues existe una clara jerarquía entre ellos: los países del centro del sistema, los nuevos países industrializados y los países estancados industrialmente o en vías de industrialización.

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Reflexionar sobre estas dinámicas se vuelve, así, un punto de partida ineludible para la correcta interpretación de los posibles derroteros de la región centroamericana y de cada una de las naciones que la integran. Eso es lo que intentaremos en las páginas que siguen. La hipótesis que las recorre es que la globalización, al concentrar los ejes de decisión económica mundial en Estados Unidos (y el bloque que éste está conformando con Canadá y México), la Unión Europea (encabezada por Alemania) y Japón (como guía de los tigres asiáticos), no sólo está relegando a determinados países y regiones a un lugar marginal en el sistema económico mundial, sino que contribuye a la difusión de formas de violencia (las pandillas juveniles, el narcotráfico, el robo de vahículos...) que hacen más difícil la convivencia social en el interior de cada uno de los países del área. Así, en Centroamérica, el crimen organizado --cuyas expresiones más notables son el narcotráfico y el robo de autos-- está dando paso a una integración de la región que está precediendo --junto con la "integración laboral" que permite a los inmigrantes convertirse en una fuerza de trabajo "transnacional"-- a la integración formal perseguida por los gobiernos centroamericanos.

1. Un mundo globalizado

Como reconocen sociólogos y economistas, la economía mundial está experimentando en la actualidad drásticos cambios --los cuales se están traduciendo en una reestructuración de la división internacional del trabajo--, así como agudos desequilibrios socioeconómicos en la mayoría de países del planeta. En lo esencial, estamos ante un proceso de cambio estructural en las relaciones económicas internacionales, el cual tiene profundas e ineludibles repercusiones en el interior de cada una de las naciones. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del actual proceso de reestructuración de la economía mundial?

Ante todo, se trata de cambios drásticos en el uso de materias primas, que progresivamente van siendo reemplazadas casi en su totalidad por productos sintéticos; pérdida de importancia del factor mano de obra en la producción, debido al auge de la automatización y robotización de los procesos industriales. Ello, por lo demás, lleva al desempleo a la mano de obra no calificada, pero incrementa la demanda de aquellas personas con mayor calificación profesional. El marco global de estos cambios lo constituyen el impresionante aumento del comercio exterior y la universalización del sistema financiero; y su sostén material: la revolución tecnológica de fines del siglo XX, sin la cual la transformación de la economía mundial actualmente en curso no sería posible. La confluencia de los elementos reseñados, su mutua imbricación, ha dado paso a la globalización de los mercados y la producción, es decir, al aumento de los niveles de comercio exterior, la universalización del sistema financiero, la automatización de los procesos industriales y la creciente interdependencia entre las naciones. Esto, en otras palabras, significa la configuración del mundo como un solo (y gran) mercado; como un espacio para producir, adquirir y comerciar productos.

Así, pues, la globalización es un fenómeno que afecta al orden económico internacional, al cual deben integrarse, so pena de la inviabilidad económica, las diversas naciones. Ello no debe obstar para reconocer que de lo que se trata es de un proceso de "mundialización de la economía capitalista", cuyo eje fundamental es precisamente "la integración internacional de la actividad productiva". Asimismo, la economía mundializada no está regida por los mecanismos de la "libre competencia", sino por los intereses de las grandes empresas multinacionales, cuyo ámbito de acción no sólo es mundial; además se trata de un proceso que está respaldado por los gobiernos de sus países de origen y a los cuales tienden a subordinarse los gobiernos de los países que constituyen su campo de operaciones.

Ciertamente, no todos los países tienen la misma importancia en la economía global, pues existe una clara jerarquía entre ellos: los países del centro del sistema, los nuevos países industrializados y los países estancados industrialmente o en vías de industrialización. Justamente, esa división determina el lugar que cada nación (o grupo de naciones) ocupa en el orden global. Las que ocupan el último lugar son aquellas cuya importancia en el mercado mundial es menor, lo cual quiere decir que la mayor parte de países están en esa situación, formando la "periferia" del sistema capitalista mundializado. Dicha periferia, por cierto, está en un proceso de rearticulación (entre sí y con los países centrales), en virtud no sólo de los cambios en la división internacional del trabajo, sino también de las relaciones entre los protagonistas del escenario económico mundial: Estados Unidos, Japón y Alemania.

Como señala J. M. Vidal Villa, la economía mundializada está sustentada en "una estructura del mercado mundial [que] determina la dependencia de los países periféricos. Sus clientes marcan los niveles de producción en función de sus propias necesidades... mientras que los proveedores de artículos manufacturados determinan grandes porcentajes de la oferta para el consumo interior. Por ello, los saldos de la balanza comercial de la inmensa mayoría de los países periféricos son negativos. Y esta adecuación de la oferta a la demanda es regulada in situ por las empresas multinacionales que controlan entre el 60 y el 70 por ciento de las exportaciones de productos primarios de la periferia".

En resumen, si la globalización, como proceso de reestructuración del orden económico internacional y como proceso de mundialización de la economía capitalista, supone una reasignación del lugar de los países periféricos en el mercado mundial, la pregunta que queda en pie tiene que ver con el lugar de los países centroamericanos en dicho mercado. ¿Aspira la región centroamericana a convertirse, en conjunto y en cada uno de los países que la conforman, en un bloque industrializado? ¿Reúne la región las condiciones mínimas para ello, comenzando con la de su propia integración? ¿No estará Centroamérica destinada a ocupar, como hasta ahora, una lugar de tercera (¿o cuarta?) clase en el sistema económico mundial?

Tres grandes bloques económicos se configuran actualmente: el encabezado por Estados Unidos, y que vincula a este país con Canadá y México; el bloque que lo está por Alemania, cuyo protagonismo en la Unión Europea es indudable; y el encabezado por Japón, cada vez más interesado en aglutinar (y liderar) a los tigres asiáticos. En este escenario se están creando las bases para lo que Lester Thurow llama la "guerra del siglo XXI": en la década de los 90 "hay una superpotencia militar, Estados Unidos, que se encuentra sola, y tres superpotencias económicas, es decir, Estados Unidos, Japón y Europa, centrada ésta última en Alemania, que lucha por conquistar la supremacía económica. Sin la más mínima pausa, la disputa ha pasado del terreno militar al económico".

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La economía mundializada no está regida por los mecanismos de la "libre competencia", sino por los intereses de las grandes empresas multinacionales,...

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Precisamente, en virtud de la conformación de esos bloques económicos, algunos autores en lugar de hablar de una globalización de la producción y del comercio, prefieren referirse al cambio mundial actual como "una regionalización económica y política, con la aparición de tres bloques regionales (Norteamérica, Unión Europea y sureste asiático), dentro de los cuales los Estados continúan teniendo una enorme importancia". De este modo, estamos asistiendo a la gestación de un mercado mundial, unificado por la producción, el comercio y las finanzas, pero dividido en tres importantes regiones, cada una de las cuales buscaría solidificar sus nexos económicos y políticos (el caso paradigmático lo constituye la Unión Europea) amparándose en la fuerza de los Estados respectivos.

La regionalización o conformación de bloques económicos, entonces, es clave para posicionarse ventajosamente en el mercado mundial; o para que los efectos de la "guerra del siglo XXI" --la competencia feroz entre Estados Unidos, Alemania y Japón-- arroje más beneficios que pérdidas a los países que se articulen (y se están articulando) en torno a esos gigantes económicos. Por razones de afinidad cultural o de intereses económicos compartidos, los diferentes países buscan no sólo vincularse entre sí, sino también acercarse (y articularse) a los que dictan las reglas económicas mundiales. Si los países europeos han conformado la Unión Europea, los países del sureste asiático, pese a tener fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, geográfica y culturalmente tienen más afinidades con Japón; por su parte, Estados Unidos ha lanzado la iniciativa del Tratado de Libre Comercio (TLC) llamado a someter a su esfera de influencia a aquellos países que, como Canadá, México, Chile o Argentina, pueden convertirse no sólo en el gran mercado para el consumo de los productos estadounidenses o en espacios para inversiones mínimamente seguras, sino en fuente de abundamente mano de obra calificada y barata.

Por supuesto, la inserción de una determinada nación en uno de los bloques económicos supone una serie de requisitos no sólo económicos, sino también políticos. El rechazo reciente a Turquía para su incorporación a la Unión Europea es un vivo ejemplo de ello; más que razones económicas, las de mayor peso fueron de carácter político, sobre todo las que atañen a la situación interna de aquel país, en donde las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades son algo grave y cotidiano. En América Latina, los países que se sienten con derecho -–por su desarrollo industrial y estabilidad política-- a participar en el TLC hacen denodados esfuerzos por ser aceptados en ese pacto comercial que ofrece a los participantes ventajas económicas sin igual. Ajustes drásticos, despidos de empleados estatales, ostentación financiera... todo lo que sea necesario hacer para ser aceptados en la mesa de los elegidos del TLC.

¿Y los países más retrasados, aquéllos con una población con grados mínimos de instrucción, una base industrial incipiente y un agro destruido? Para estas naciones el panorama es sombrío y su viabilidad económica sumamente incierta. Este es el caso de los países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Estos países, pese al relativo desarrollo industrial y financiero de algunos --El Salvador y Costa Rica, por ejemplo--, no cumplen con los requisitos económicos mínimos para ser aceptados en el bloque comercial diseñado por Estados Unidos. Cada uno, por separado, es inviable en el nuevo entorno mundial. Su sobrevivencia económica se juega en su incorporación al bloque económico que está formando Estados Unidos, pero para ello hay que cumplir con ciertos mínimos económicos, sociales y culturales. Esos mínimos no se cumplen en la actualidad, y dados los recursos acumulados (o más bien dilapidados) por los países centroamericanos en su historia reciente es difícil que estos puedan, a corto o mediano plazo, ponerse al día --en términos industriales, financieros y culturales-- ante las exigencias de la economía mundial.

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Tres grandes bloques económicos se configuran actualmente: el encabezado por Estados Unidos, y que vincula a este país con Canadá y México; el bloque que lo está por Alemania, cuyo protagonismo en la Unión Europea es indudable; y el encabezado por Japón, cada vez más interesado en aglutinar (y liderar) a los tigres asiáticos.

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Entonces, ¿no hay salida para los países centroamericanos? Por separado, al parecer no la hay. Esta es una convicción que poco a poco ha ido arraigándose en los equipos de gobierno, sobre todo en los últimos años. De aquí que haya comenzado a apostársele a la integración regional como un requisito que tiene que cumplirse para lograr una buena posición a la hora de negociar la incorporación, esta vez del istmo centroamericano, al bloque comercial liderado por Estados Unidos.

Centroamérica ya había ensayado antes su integración, cuando la CEPAL auspició la creación del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), que se fue al traste con la guerra El Salvador-Honduras, en 1969. Aunque el recuerdo de este conflicto y las causas que lo originaron todavía siguen vivas en la memoria colectiva (que se ha visto alimentada por la solución del tribunal de La Haya que dio la propiedad de los "bolsones" a Honduras y las subsiguientes tensiones sociales en la frontera entre ambos países), las exigencias económicas planteadas por el nuevo entorno mundial han dado un fuerte impulso al afán integracionista. En el año de 1997 fueron notables los esfuerzos en esta dirección, tal como lo revelan los hechos que a continuación reseñamos.

2.2. Centroamérica en 1997

En 1997, Centroamérica estuvo marcada por transformaciones y acontecimientos que hacen más bien complejo el estudio de los procesos políticos, sociales y económicos en los que la región ha participado. En el marco de esos sucesos, tuvieron particular relevancia los esfuerzos integracionistas que se centraron en el ámbito institucional y, en evidente contraste, las diferentes crisis que enfrentaron los gobiernos de Centroamérica, cada uno dentro de sus respectivos territorios. En este sentido, la dinámica que siguió la región podría englobarse dentro de dos grandes áreas: la que abarca todos los esfuerzos encaminados hacia la integración económica y política de Centroamérica, y la que abarca las tensiones políticas y sociales, que se presentan y resuelven con independencia de cualquiera de estos intereses unionistas. Durante 1997, si bien es cierto que los países de la región centroamericana lograron presentarse en varias ocasiones como un bloque unificado y dispuesto a ofrecer las mejores condiciones para entrar de lleno en la era de la globalización, también es cierto que cada uno atravesó por procesos de transformaciones profundas que reforzaron las diferencias que existen entre ellos.

Como quiera que sea, y a pesar de que los hechos pueden presentarse como las piezas de un rompecabezas difícil de ordenar, lo cierto es que la región parece estar asumiendo con mayor fuerza los caminos de la transición de un estado caracterizado por crisis sociales expresadas en conflictos militares, a uno en el que la democracia empieza a dibujar sus rutas. Y a esta transición la encabezan, por ahora, los esfuerzos por reajustar económicamente a los países del istmo y por fortalecer el Estado de Derecho. Al menos esos son los compromisos que los mandatarios han asumido en esta etapa de la historia, en especial aquellos que han finalizado sus conflictos armados.

(a) La integración "legal". En enero de 1997, los presidentes centroamericanos sostuvieron una reunión informal en Tegucigalpa, Honduras, en la que precisaron las metas que pretendían alcanzar en conjunto durante el año. Cuatro fueron las áreas de trabajo en las que acordaron aunar esfuerzos: (a) los acercamientos a otros países; (b) los esfuerzos para alcanzar la paridad de los beneficios que tiene la región con los que posee México en el Tratado de Libre Comercio (TLC); (c) la puesta en marcha definitiva del proceso de reforma institucional del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); y (d) las peticiones de ayuda para la recolección de armas en todo el istmo. De estos objetivos, los que más llamaron la atención durante el año fueron el primero y el tercero, no tanto por el seguimiento que se les dio, sino porque plantearon la posibilidad de mejorar cualitativamente el ritmo del proceso y los beneficios que éste promete.

Asimismo, a inicios de 1997, representantes del gobierno de la República Dominicana se hicieron presentes en calidad de observadores, junto con autoridades de Belice y Panamá, a las reuniones que sostuvieron ministros, cancilleres y mandatarios de la región centroamericana para tratar temas relacionados con la integración. En el marco de lo que ha sido calificado como una paciente y bien preparada ofensiva diplomática encabezada por el actual presidente dominicano, pudo consumarse en noviembre pasado la inclusión de este país del Caribe dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como socio regional. De esta manera, la región amplió sus fronteras comerciales hasta el mercado caribeño, donde la República Dominicana funcionaría como un puente para futuras inversiones. La recién estrenada alianza sirvió como atractivo en la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en la Isla de Margarita, Venezuela, en el mismo mes. En este encuentro, los presidentes se esforzaron por presentarse como un sólido bloque con el fin de alentar a la comunidad internacional para que apoyara el proceso de integración y la progresiva introducción de inversiones de capital extranjero en los países del área.

La consecuencia directa de este tipo de alianzas es, en pocas palabras, que la región gana más para poder ofrecer más. Cuando en la cumbre de presidentes de San José, realizada en mayo, el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo oídos sordos ante la petición de los presidentes centroamericanos para que los beneficios que recibía la región se equipararan con los que recibe México por ser parte del TLC, las posibilidades de que las iniciativas que surgieran del seno de la región tuvieran eco en la potencia norteamericana se vieron reducidas al mínimo. Quedó demostrado que México sigue siendo un terreno más atractivo para los inversionistas de Estados Unidos, puesto que ofrece mayores garantías en términos de protección de inversiones y de derechos de autor que los países incluidos en la Iniciativa para América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran los que conforman el istmo.

De ese modo, es claro que si Centroamérica quiere presentarse como un potencial campo de ganancias para los inversionistas, debe maximizar lo que posee para ofrecer mejores oportunidades al capital extranjero. Y no cabe duda que si algún día se llegara a presentar el proceso de integración de la región como el motor del desarrollo no sólo de los cinco países que la componen, sino también del Caribe, las posibilidades de competir con el señorío azteca serán mayores. De ahí que la necesidad de mantener firmes relaciones con otros países también aparezca como una de la prioridades de los mandatarios de la región.

Por otra parte, también han sido positivos los esfuerzos que se dieron a lo largo del año pasado por estrechar la integración económica con la integración política. Las reformas que se pusieron en discusión desde julio, en la XIX Cumbre de la Institucionalidad, tienen que ver con la revisión de atribuciones de las principales instituciones encargadas de la integración, tales como el PARLACEN, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el BCIE, pero el problema que más acaparó los esfuerzos de los mandatarios tuvo que ver con la asignación del presupuesto a cada uno de esos organismos. En el mes de marzo de 1997, durante la Cuarta Reunión de Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos Centroamericanos, se planteó muy decididamente la necesidad de renovar los papeles de los organismos creados para dar seguimiento a la unificación de la región, y uno de los medios para alcanzar ese objetivo estaba relacionado con la reducción de sus presupuestos.

A partir de estas reuniones se ha iniciado un proceso de discusiones en las que se pone en juego el desempeño de los órganos y mecanismos de integración, el control que sobre ellos existe y la disminución de los costos que su mantenimiento implica. Y es que, hasta ese entonces, la distancia que existía entre la unificación económica y cualquier intento por hacer de Centroamérica un área en la que cada individuo gozara de los mismos beneficios, al amparo de las mismas leyes y en igualdad de condiciones, parecía cada vez mayor.

El debate sobre la situación del régimen institucional del proceso de integración cobró un especial impulso luego de que se presentara un diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, el diagnóstico serviría como marco para los acuerdos que se firmaron en Nicaragua, el 12 de septiembre de 1997, en los que se establecieron importantes modificaciones a la CCJ y se dejó en estudio el caso del PARLACEN a una Comisión de Alto Nivel, en respuesta a las presiones que los miembros de este órgano hicieran a los mandatarios.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si el impulso reformador que invadió durante esos meses a los presidentes centroamericanos no fue mal aprovechado. En la reunión de septiembre, muchos le dieron la victoria a Costa Rica, en el sentido de que en los acuerdos que se firmaron se le siguió dando más fuerza a los procesos de integración económica que a la conformación de la "Patria Grande Centroamericana". Costa Rica apoya a todas luces cualquier intento por unificar las economías y por convertir a la región en un solo mercado con iguales oportunidades para los inversionistas regionales y extranjeros, pero siempre se ha mostrado reacia a las iniciativas que impliquen la unificación integral del istmo. El principal argumento de sus autoridades ha sido que no se puede proceder a unificar una región en la que cada país que la compone no cuenta con iguales condiciones sociales, económicas y culturales para desarrollarse.

Pero, independientemente de la necesidad de equiparar condiciones económicas y sociales, antes de pensar en una "apresurada" integración está la urgente necesidad de que la región no sólo sea un mero corredor de mercaderías, o algo así como una estación de servicio al estilo de los "automarkets" norteamericanos. Centroamérica necesita aprender de los frutos que los otros países han cosechado y que les permiten gozar de condiciones de vida relativamente estables porque, al final, lo que se pretende mejorar con el proceso de integración no son solamente las oportunidades para que los productos y el capital extranjero no corran riesgos, sino para que las condiciones de vida de la población del área sean mejores, habida cuenta de sus severas deficiencias en toda Centroamérica. Tampoco se debe perder de vista el hecho que Costa Rica no desea que la integración del istmo dé lugar al surgimiento de otra Capitanía General, con la existencia de un centro administrativo que regule la actividad económica y política de todos los países del área; en ese sentido, es pertinente pensar en un proceso de integración que apunte al establecimiento de una comunidad de naciones, tal y como se está implementando en Europa.

En otro orden, algunos analistas sostienen que más allá de las discusiones sobre la "rentabilidad" de los organismos integracionistas, existe un punto más delicado e importante que es el de la definitiva integración política de los países del istmo, asunto que ha sido muy poco profundizado durante el año, dada la postura de Costa Rica antes citada. Cabe preguntarse, entonces, ¿qué es más importante a estas alturas del proceso de integración: la reducción de costos o la revisión de las facultades que les han sido dadas a los organismos que velan por el proceso y que podrían ser el motivo más convincente de su inoperancia actual? ¿Cuál de estas dos actitudes acarreará mayores beneficios para el proceso de integración? Aunque la respuesta a estas interrogantes todavía no ha sido formulada, es un hecho que el impulso integracionista está abarcando esferas que no se relacionan directamente con la organización económica de la región, como es el caso de las reuniones que han sostenido los altos mandos castrenses de Centroamérica en búsqueda de la unificación de sus ejércitos. Como señala Abelardo Morales Gamboa, los militares "le han tomado la palabra a los presidentes sobre una propuesta de unión política y no dudarán, quizás, en erigirse en garantes de esa unidad regional y, en caso de no concretarse, soñar al menos como viejos caudillos militares con hacerla a su manera".

En la mira de los estamentos militares de la región se encuentra la solución de los conflictos fronterizos que ya se han hecho algo cotiidiano entre los países del istmo. Entre estos conflictos, los que más han acaparado la atención de los gobiernos y la opinión pública son aquellos que tienen relación con la demarcación de las fronteras en el Golfo de Fonseca y la resolución de la situación jurídica de los pobladores de los ex bolsones entre El Salvador y Honduras. Desde las mismas salas de las reuniones (una realizada en junio y la otra en noviembre del año pasado), los ministros de defensa de los cinco países del istmo plantearon que la necesidad de fomentar la unificación militar era un imperativo del proceso de integración centroamericana, y una necesidad en una era en la que la globalización invade todas las áreas del planeta. Pero de fondo, la meta pudiera ser la supervivencia misma de las fuerzas armadas en un momento de la historia en el que la situación apunta hacia un progresivo desplazamiento de éstas por las de la seguridad pública.

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La investigación sobre El Salvador arroja una serie de datos que permiten vislumbrar que los principales focos de violencia en el país no se asocian al crimen organizado que opera a nivel regional --casos de narcotraficantes o traficantes de vehículos--, sino a delincuencia común...

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Por ahora, lo que muchos ya están calificando como el inicio de un nuevo período de unificación política de Centroamérica, sigue tomando la forma de un esfuerzo paciente para establecer un cuerpo normativo más simplificado que dirija los rumbos de este proceso. El argumento presente en los discursos presidenciales, que anuncian que la Gran Patria Centroamericana está próxima a hacerse realidad, queda asfixiado ante la dificultad de encarar los conflictos sociales que enfrenta cada nación en sus respectivas dimensiones, con la participación de sus agentes específicos, así como sus diferentes consecuencias. Las necesidades más palpables que tiene la población de la región se manifiestan en esos conflictos y no pueden ser atendidos exclusivamente desde los intereses comerciales de los países de la región de cara a la globalización de la economía o desde unas meras adecuaciones institucionales.

(b) La integración "real". Mientras los gobiernos centroamericanos debaten los términos legales con los que debe regularse la conformación de una Patria Grande Centroamericana, bandas de criminales operan coordinadamente en la región dando pie a una integración del área que, sin esperar a que la unión de Centroamérica se legalice, está haciendo de ésta un espacio para el comercio de drogas y autos robados, dando lugar a focos de violencia --entre grupos criminales; entre estos y sus víctimas; entre los criminales y las autoridades gubernamentales-- que afectan a cada país en particular y al conjunto de la región.

Para los autores del documento Estados de desorden (citado más arriba), la violencia que se expande por las distintas regiones del planeta, como expresión de una "transnacionalización del crimen", podría ser interpretada como un efecto de la globalización, en el sentido de "que los criminales son los primeros que se aprovechan de cualquier relajación de controles en las fronteras nacionales, y de los avances en el transporte y las comunicaciones". En qué medida eso sea cierto para el caso centroamericano es algo difícil de verificar en todas sus modalidades y consecuencias, dado el estado actual de las investigaciones sobre criminalidad en la región. Sin embargo, no puede negarse que las actividades criminales que involucran al conjunto de la región han sido particularmente notables en los últimos años, tal como lo ponen de manifiesto las noticias de prensa que informan de esos casos.

Con todo, las formas de violencia asociadas al crimen regional son distintas y de un alcance menor que las formas de violencia generadas por factores endógenos en cada uno de los países centroamericanos. Desafortudamente, hasta ahora no se han realizados estudios serios sobre lo primero; sobre la violencia por países, el único estudio existente es uno patrocinado por el BID y en el cual, de Centroamérica, sólo se trata El Salvador.

La investigación sobre El Salvador arroja una serie de datos que permiten vislumbrar que los principales focos de violencia en el país no se asocian al crimen organizado que opera a nivel regional --casos de narcotraficantes o traficantes de vehículos--, sino a delincuencia común (robos a mano armada), violencia sexual (violaciones), venganzas familiares y violencia entre pandillas juveniles. No obstante, el robo de autos ocupa un lugar destacado en las cifras sobre magnitud de violencia (en 1995 fueron reportados 2,205 vehículos robados; en 1996, 3,993). Este dato no puede dejarse de lado, puesto que la prensa salvadoreña ha informado en incontables ocasiones de automóviles robados en El Salvador que fueron recuperados en Honduras o Guatemala, o de automóviles robados en Estados Unidos, México, Guatemala o Honduras que fueron recuperados en El Salvador (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

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En marzo del mismo año, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que las principales rutas que utilizan las bandas de robacarros que operan en la región centroamericana para el robo de furgones con mercadería de exportación se ubican desde la fronteras de El Salvador hasta el puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, y viceversa.

La policía salvadoreña también reveló tener datos sobre tráfico de vehículos entre Honduras y El Salvador, aunque sin presentar ningún caso en concreto.

De cualquier forma, según la información que se fue publicando a partir de las capturas de importantes "capos" del contrabando, se ha establecido que éstos intercambian vehículos robados desde países como Estados Unidos, México y Costa Rica.

Adicionalmente, los casos más importantes de robo y hurto de vehículos reportados por la prensa salvadoreña apuntan hacia la indiscutible regionalización de este tipo de actividad criminal (ver Cuadro 2).

Según la Policía Nacional guatemalteca, el salvadoreño habría vendido aproximadamente 200 carros investigados con anterioridad.

A Fuentes se le acusó de ser el capo del contrabando de vehículos en Centroamérica y de mantener nexos con otros fuertes contrabandistas a nivel de la región. Al momento de su captura, Fuentes presentó documentos que lo acreditaban como funcionario de la embajada de El Salvador en Guatemala.

Junto con él fueron capturados la ex miss Guatemala, Penny Aburto Castellanos, quien hace algunos años trabajó junto con un diputado del extinto Partido Revolucionario, y el gerente comercial de "Autofuturo", Daniel Estuardo Carranza, novio de aquélla.

En El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) divulgó información en la que aparecían por lo menos dos órdenes de captura en contra de Fuentes Romero, la más vieja desde 1987, por supuesto tráfico de vehículos robados. La institución confirmó los nexos del acusado con otros países de Centroamérica.

Al mismo tiempo, autoridades de Costa Rica afirmaron que en ese país se investigaba desde hacía ya varios años a una supuesta banda de roba-carros formada por tres guatemaltecos. A ellos se les acusa de introducir al país más de 2 mil autos provenientes de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

En febrero del mismo año, la INTERPOL reveló que a Fuentes se le estaba investigando junto con otros cabecillas del contrabando de vehículos en Centroamérica.

En otro caso, la Policía Nacional Civil capturó en abril de 1996 al Coronel retirado René Ernesto Auerbach, tras varios meses de búsqueda. Al militar se le acusaba de tráfico de vehículos robados, y al momento de realizar la captura, fueron encontrados en su residencia numerosos documentos de vehículos y de identidad personal falsos, así como un lote de armas de grueso calibre. En la investigación también se descubrieron documentos de automóviles a nombre de varios ciudadanos guatemaltecos.

Auerbach tenía relación con una banda de roba-carros que fue desbaratada por la Policía Nacional Civil en enero de 1996, y que contaba con la complicidad del ex agente de la División de Investigaciones Criminales de la PNC, Miguel Ángel Hércules. Durante su desempeño dentro de la PNC, Hércules era digitador para el departamento de informática de la unidad de Robo y Hurto de Vehículos.

La banda a la que pertenecía Hércules era lidereada por José Rodrigo Sorto, que actualmente es prófugo de la justicia, y cuya esposa fue asesinada en enero de 1997, bajo móviles que todavía no se han aclarado, aunque la PNC nunca descartó la posibilidad de que fuera parte de una operación de crimen organizado para eliminar los posibles testigos.

Por medio de esta vinculación, se confirmó los nexos de Auerbach con Guatemala, dado que Hércules enviaba los vehículos que robaba directamente a ese país, donde eran enviados a otros destinos.

La detención del coronel fue confirmada por los juzgados hasta el mes de noviembre de 1996, con lo que la PNC dio por desmantelada la banda que este encabezaba.

En un informe difundido el 17 de enero de 1998, la PNC afirmó estar en la búsqueda de más de 2 mil 500 automóviles robados en Estados Unidos. Asimismo, el informe policial reveló que las denuncias por hurto y robo de vehículos llegaron, en 1997, a 4 mil 190.

*Elaboración del CIDAI, con base en informes de la prensa nacional (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Co-Latino y Diario El Mundo).

Todo ello constituye un indicio de que la forma de violencia asociada al robo de autos (amenaza con arma de fuego al propietario, acompañamiento forzado por el delincuente, robo de otros bienes personales) no sólo no es exclusivo de El Salvador (o de otros países para los cuales existen datos confiables), sino que se reproduce en todos los países centroamericanos a manos de bandas de criminales que operan coordinadamente y que muchas veces cuentan con el respaldo de sectores militares o policiales de alta jerarquía.

Otro tanto se puede decir del narcotráfico --del cual la prensa ha dado amplia cobertura--, actividad que en El Salvador, si bien no hay datos sistemáticos sobre ello, tiene muchos adeptos. De México a Panamá es indudable que existen varias redes de criminales que operan organizadamente para trasladar la droga de un país a otro, burlando a las autoridades fronterizas y muchas veces en complicidad con éstas. Por supuesto que el narcotráfico genera un foco de violencia que afecta a toda Centroamérica, pero no en forma brutal (enfrentamientos sangrientos entre grupos de narcotraficantes, o entre éstos y las autoridades) como sucede, por ejemplo, en Colombia. La violencia de los narcotraficantes que operan en Centroamérica (salvo esporádicos choques armados con la policía) parece estar más relacionada con la prepotencia de aquéllos --amparados en las armas que suelen portar--, su comportamiento al margen de la ley, la actitud vigilante de la policía en aeropuertos y fronteras terrestres (con la tensión que ello trae consigo para los viajeros) que con hechos violentos espectaculares. El Cuadro 3, elaborado a partir de las informaciones de la prensa nacional, nos pone en la pista del alcance de las redes de narcotraficantes que operan en Centroamérica.

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La droga que se moviliza por la región centroamericana proviene de dos zonas, principalmente: de Suramérica, de los cárteles de Colombia, y desde México, de los cárteles de Sinaloa y del Golfo.

En Guatemala, la región del Petén es el centro de transacciones de drogas entre los traficantes. El aislamiento que caracteriza a la región la convierte en el sitio ideal para la construcción de pistas aéreas clandestinas para la entrega de cargamentos.

Se habla del establecimiento de células manejadas por poderosos finqueros (el caso del Byron Berganza, por ejemplo) en las zonas de Zacapa, Chiquimula, Izabal y Escuintla.

La droga, por lo general, no es para el consumo interno del país. Esta situación se repite en la mayoría de países donde el tráfico de drogas se hace sentir. El destino de lo que pasa por Guatemala es México o Estados Unidos.

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo de 1997, El Salvador funciona como "punto de reembarque" de la droga que proviene de Colombia y que va a parar a los Estados Unidos.

En el mismo informe, el Departamento de Estado sostiene que Nicaragua es el caso más preocupante por los niveles de consumo interno de droga que presenta. Los narcotraficantes han adoptado al país como refugio a causa de la ausencia de legislación contra el lavado de dólares.

En general, la mayoría de países de Centroamérica adolecen de una deficiente legislación que controle el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

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*Elaboración del CIDAI, con base en informes de la prensa nacional (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Co-Latino y Diario El Mundo).

También los casos más sonados de narcotráfico (ver Cuadro 4) apuntan no sólo a la existencia de una bien establecida red regional, sino a la naturaleza de sus agentes y/o patrocinadores.

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En Guatemala, el finquero Byron Berganza, de la zona oriental de ese país, fue acusado en 1996 por supuesto tráfico y tenencia de drogas en la finca San Francisco, Los Amates, en el departamento de Izabal y se dictó una orden de captura en su contra. Pero el 22 de abril de 1997, dicha orden fue revocada por el juez Víctor Hugo Portillo, de Puerto Barrios, Izabal.

El argumento que justificó la revocatoria fue la falta de pruebas que relacionaran al imputado con el decomiso de droga en la Finca San Francisco.

Berganza maneja un amplio cártel que opera en las regiones oriental y norte del país, compuesto por unas 50 células de distribución. Según informes del DOAN, este cártel sostendría conexiones con otros de México (Michoacán y Sinaloa), para enviarles la droga que les envían desde Colombia y cuyo destino final es Estados Unidos.

(b) Militares involucrados en narcotráfico

Un grupo de militares, retirados y de alta, han compuesto una red de narcomilitares que funciona desde 1995, y que hasta la fecha no ha podido ser desmantelada.

En Guatemala, el Teniente Coronel Carlos Ochoa Ruiz es perseguido desde 1990 por sus conexiones con el narcotráfico, y se sospecha que forma parte de esta red. La solicitud de extradición hecha por la Agencia para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA) fue negada por la Corte de Constitucionalidad (CC) al considerarla improcedente.

La negativa ocurrió días después de que fuera asesinado el presidente de la CC, Epaminondas González.

Ochoa fue capturado el 8 de mayo de 1997 con una carga de 30 kilos de cocaína.

En El Salvador, el 8 de enero de 1997, fue capturado el mayor Alfredo Adolfo Deleón López, cuando se disponía a entregar 75 kilos de cocaína (1.7 millones de dólares), en un centro comercial de la capital (caso "El Pulido").

Se le relacionó con el alto mando castrense, quienes le habrían autorizado funcionar como agente encubierto entre los años de 1988 y 1993, cuando funcionaba la Unidad Ejecutiva Antinarcóticos, dependencia del ejército. Al caso, fueron llamados a declarar el Cnel. Humberto Corado, ex ministro de Defensa, René Emilio Ponce, ex jefe del Estado Mayor, y el mayor Peña Durán, ex jefe de la UEA.

En este caso no salió a relucir el hecho de que el militar estuviera relacionado con algún cártel o que trabajara junto con alguna red a nivel centroamericano.

Elaboración del CIDAI con base en informes de la prensa nacional (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Co-Latino y Diario El Mundo).

En otro orden, una cosa que conviene dejar establecida, al menos por ahora, es que –-salvo esa integración del crimen-- la integración jurídica y económica que los gobiernos centroamericanos quieren alcanzar (y lo que de la misma se ha alcanzado hasta ahora, sobre todo en virtud de las migración laboral en el interior de la región) no ha generado focos de violencia asociados directamente a ella. La violencia en Centroamérica –-la que afecta al conjunto de la región-- está vinculada, en la forma que hemos señalado, al narcotráfico y al robo y contrabando de vehículos; la violencia en cada uno de los países por separado obedece más a factores endógenos que regionales, como lo serían, en este último caso, conflictos entre los gobiernos por intereses económicos encontrados o conflictos entre inmigrantes de un país con la población local de otro (el conflicto El Salvador-Honduras, de 1969, tuvo algo de ambas cosas; incluso ahora, como lo muestran los conflictos entre las poblaciones que habitan en las fronteras de uno y otro país, todavía siguen vivos resabios de aquel conflicto).

Y, así como la integración de Centroamérica (lo que se discute y lo logrado oficialmente) no ha acarreado problemas de violencia en el área ni en algún país en particular, tampoco la violencia que viven países como El Salvador se ha presentado como un obstáculo importante para lograr acuerdos entre los gobiernos del área. Como lo revelan los documentos de las diferentes cumbres y encuentros de Presidentes Centroamericanos, lo que se ha logrado (o se ha dejado de lograr) en materia de integración lo ha sido con independencia de los problemas de violencia que viven los países por separado o aquellos problemas de violencia que los afectan en común a todos. Ello no obsta para no reconocer que, en el futuro, el problema de la violencia será ineludible para quienes se empeñen en impulsar la integración centroamericana.

Ciertamente, entre globalización, integración y violencia existen vínculos indudables, pero no siempre fáciles de establecer. La globalización como proceso de mundialización del mercado capitalista afecta, aunque de diferente forma, a todas las naciones del planeta. Les plantea exigencias económicas de diversa naturaleza, todas encaminadas a la eficiencia y competitivivad, al tiempo que les constriñe, al propiciar la formación de bloques económicos, su espacio de expansión y desarrollo. Estos últimos caminan por la integración a los bloques regionales en que se divide el mercado mundial, aunque también --cuando ello no es posible-- por la integración en menor escala entre los países más débiles. Centroamérica, como parte de éstos últimos, se encuentra en pleno debate por lograr una integración regional que, esa es la apuesta, le permita no quedarse a la saga la "guerra del siglo XXI".

Los procesos de integración regional sea en escala de los grandes bloques económicos (el TLC, la Unión Europea, el sureste asiático) pueden generar focos de violencia propiciados directamente por las mismas dinámicas integracionistas (conflictos económicos entre grupos de poder de los diferentes países; conflictos entre gobiernos por resguardar los intereses nacionales; conflictos étnicos y raciales; expansión del crimen a escala regional), al igual que problemas de violencia previamente existentes en las naciones en proceso de integración, lo cual puede ser un obstáculo para que la misma avance.

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La violencia en Centroamérica está vinculada, en la forma que hemos señalado, al narcotráfico y al robo y contrabando de vehículos; la violencia en cada uno de los países por separado obedece más a factores endógenos que regionales,...

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En Europa, la integración entre las diferentes naciones y la apertura de sus fronteras a los inmigrantes de Africa ha generado graves conflictos étnicos y raciales. Es decir, la regionalización europea ha traído consigo formas de violencia que sólo se explican, en su magnitud y el modo con que se ejercen, por el proceso que las vio nacer. En Centroamérica, la integración regional, la buscada por los gobiernos, no ha generado, al menos hasta ahora, brotes de violencia que se le asocien. Sin embargo, la integración informal, la propiciada por el crimen organizado, está creando focos de violencia que afectan a toda Centroamérica y que, en el futuro, podrían afectar la integración que formalmente se está construyendo.

No puede rechazarse la idea de que la integración formal, de conseguirse, no va a generar conflictos entre los grupos de inmigrantes y población local (seguramente inmigrantes de El Salvador en Honduras o de Nicaragua en Costa Rica). Si esto sucediera, de aunarse a la violencia regional propiciada por el crimen organizado, la viabilidad de la región (integrada por el crimen e integrada por las leyes) sería incierta. Las fórmulas para prevenir esta eventualidad todavía no han sido discutidas ni por los gobiernos ni por sus grupos asesores en materia de integración. Centroamérica tiene que hacerle frente a la era de la globalización como una sola región; avanzar en la integración formal le supone hacerse cargo no sólo de las posibles formas de violencia que ella traerá consigo, sino de la violencia que ya afecta gravemente a cada uno de los países, violencia que en algunas de sus manifestaciones de facto, ya los ha integrado.

San Salvador, 20 de enero de 1998