Muchos factores han contribuido al hecho de que El Salvador, en terminos relativos, se ha negado a tratar el pasado. Se confió el tema a las partes involucradas en las negociaciones y ambas tenían razones para preferir que no saliera a la luz toda la verdad. Las víctimas y los familiares de las víctimas de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales y de masacres, se han dado cuenta que la paz no les traería la justicia. Este artículo analiza la situación en El Salvador y la compara con la de otros países de América Latina en donde también existen leyes de amnistía tendientes a obstaculizar los esfuerzos para descubrir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, indemnizar a las víctimas y sancionar a los responsables.

Seis años después de que los acuerdos de paz en El Salvador pusieron fin a 12 años de amargo conflicto armado, las víctimas y los familiares de las víctimas de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales y de masacres, se han dado cuenta que la paz no les traería la justicia. Aunque la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por fuerzas gubernamentales o escuadrones de la muerte, también existen víctimas de violaciones por miembros del FMLN. Los responsables de crímenes brutales caminan libremente, algunos ocupando puestos de poder, sin miedo de ser sometidos a juicios y sin mayor preocupación de que sus pasados pueden perjudicar sus perspectivas hacia el futuro. Al mismo tiempo, miles de familiares de las víctimas que fueron desaparecidas o asesinadas continúan sin saber la verdad completa sobre su suerte. No existe un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado ni cualquier forma de indemnización, ni siquiera --en muchos casos-- la posibilidad de descubrir el destino de sus seres queridos, menos aún la posibilidad de llevar a los responsables ante la justicia.

En América Latina, donde han desaparecido los regímenes autoritarios o después de haber finalizado los conflictos armados internos, nuevos gobiernos democráticos --o gobiernos posconflictos-- han escuchado demandas para justicia. Estas demandas se enfrentan con la insistencia militar de que no se puede responsabilizar a sus miembros por abusos que pudieran haber ocurrido en el contexto del esfuerzo por salvar al país del terrorismo y la subversión. La mayoría de los países latinoamericanos que han atravesado este proceso han promulgado leyes de amnistía con el fin de cerrar el capítulo del pasado doloroso, dejar que el país avance y, sobre todo, calmar a los militares descontentos.

En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado estas amnistías por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según la cual los Estados tienen que garantizar el respeto a estos derechos --esto es, investigar las violaciones, permitir a los familiares de las víctimas participar en las investigaciones judiciales cuando las leyes nacionales los autorizan y asegurar una compensación adecuada por las violaciones. En su última resolución sobre el tema, la Comisión Interamericana estableció que la amnistía no puede eliminar la obligación del Estado de enjuiciar y sancionar a los responsables.

Hasta ahora, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a que las amnistías latinoamericanas violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no han tenido como resultado la derogación de dichas leyes. Sin embargo, ha habido cierto reconocimiento al recién desarrollado derecho internacional a la verdad. Organismos de derechos humanos y particulares han utilizado varios mecanismos para asegurar que no se olvide el pasado y para limitar los efectos de las leyes de amnistía. Varias interrogantes han surgido, tales como: ¿existen crímenes por los cuáles no se puede otorgar la amnistía? A pesar de la existencia de una ley de amnistía, ¿es posible u obligatorio continuar con las investigaciones judiciales para determinar los hechos --especialmente el destino de los desaparecidos? ¿En qué momento del proceso judicial podría el juez determinar si el delito y el imputado pueden ser beneficiados con la amnistía? ¿Puede una ley de amnistía terminar con la responsabilidad penal y civil? ¿Es posible iniciar un proceso penal en otro país cuando una ley de amnistía ha imposibilitado enjuiciamientos en el país dónde ocurrieron los crímenes?

Este artículo revisa la situación en El Salvador y la compara con la situación en otros países de América Latina donde también existen leyes de amnistía. La comparación demostrará que algunas leyes de amnistía han sido más efectivas que otras al finalizar los esfuerzos para descubrir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado, indemnizar a las víctimas y sancionar a los responsables. Aquí se analizan algunas de las explicaciones de estas diferencias.

En El Salvador, uno de los temas de las negociaciones de paz fue la necesidad urgente de acabar con la impunidad. Los negociadores del FMLN exigieron juicios ejemplares para algunos de los crímenes de derechos humanos más notorios cometidos por fuerzas gubernamentales o escuadrones de la muerte. El gobierno salvadoreño respondió con una lista que incluía varios delitos atribuidos al FMLN. Al final, las partes aceptaron una propuesta de Naciones Unidas para formar una Comisión de la Verdad con un amplio mandato para examinar los actos de violencia más graves ocurridos desde 1980. Las partes acordaron que, a diferencia de sus antecesores en Argentina y Chile, la Comisión de la Verdad en El Salvador estaría compuesta totalmente por extranjeros. Aunque había mucha demanda de justicia, la formación de esta comisión fue producto de las negociaciones de las partes en conflicto y no directamente de una demanda de la sociedad. Ninguna de las partes en conflicto representaba totalmente a los intereses de las víctimas o de los sobrevivientes --ni de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

En los acuerdos de paz no estaba incluida una ley de amnistía, pero se entendió que posteriormente se promulgaría. Una ley de amnistía parcial fue aprobado justo después de la firma de los acuerdos de paz en 1992. Se excluyó de su alcance a las personas que fuesen señaladas en el informe de la Comisión de la Verdad por su participación en violaciones a los derechos humanos (aunque la Comisión todavía no existía y no se habían seleccionado los casos que iba a investigar). Según la interpretación de los integrantes de la Comisión de la Verdad, su mandato los obligó a dar a conocer a quienes se logró identificar como responsables de graves actos de violencia. El objetivo de su trabajo fue establecer la verdad --y responsabilidades-- en algunos de los casos más notorios "cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad", crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsaba y promover la transición hacia la reconciliación nacional. Sin lograr éxito, el gobierno salvadoreño ejerció fuertes presiones para convencer a la Comisión de no dar a conocer los nombres.

El informe de la Comisión de la Verdad incluye 32 casos ejemplares para ilustrar distintas prácticas y violaciones sistemáticas y nombró a los responsables cuando se había encontrado suficiente información. El informe de la Comisión implicaba a la mayoría de los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas en el asesinato de 1989 de los seis padres jesuitas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", su cocinera y la hija de ésta. En otro caso, la Comisión encontró que el presidente de la Corte Suprema de Justicia había "tenido una ingerencia indebida y negativa, con criterios políticos parcializados" y, por las deficiencias serias del Organo Judicial, recomendó que la totalidad de los miembros de la Corte renunciaran. La Comisión hizo una serie de recomendaciones, incluso, indicó la separación de las Fuerzas Armadas y de la administración pública de los nombrados y su inhabilitación durante diez años en funciones públicas y por siempre de las actividades vinculadas con la seguridad pública o la defensa nacional; la creación de un fondo especial para compensar materialmente a las víctimas; la construcción de un monumento nacional en San Salvador con los nombres de las víctimas del conflicto; el reconocimiento de la honorabilidad de las víctimas y de los graves delitos de los que fueron víctimas; el establecimiento de un día feriado para recordar a las víctimas del conflicto y varias reformas institucionales y legales.

Tomando en cuenta el deficiente y politizado sistema judicial, la Comisión no recomendó iniciar procesos judiciales. El gobierno reaccionó ante el informe de inmediato: una ley de amnistía amplia fue aprobada por la Asamblea Legislativa en pocos días. En su llamado por la amnistía, el presidente Alfredo Cristiani dijo que el informe no había cumplido con las expectativas del pueblo salvadoreño respecto a la reconciliación nacional: de perdonar y olvidar el pasado doloroso. "Es importante entonces ver qué es lo que vamos a hacer, en cuanto a borrar, eliminar y olvidar la totalidad del pasado". Como resultado de la ley de amnistía, los pocos ex militares encarcelados, con una excepción, salieron libres, incluso los dos oficiales condenados en el caso jesuitas, y se suspendieron investigaciones judiciales en otros casos, entre ellos, el caso de la masacre de El Mozote.

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El informe de la Comisión de la Verdad implicaba a la mayoría de los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas en el asesinato de 1989 de los seis padres jesuitas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", su cocinera y la hija de ésta.

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Organismos de derechos humanos utilizaron varios argumentos para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley, pero la misma Corte Suprema de Justicia, tan duramente criticada por la Comisión de la Verdad, no tardó en rechazarla. La Corte dio a entender que la aprobación de la ley de amnistía era un asunto político fuera de su competencia y rechazó la oportunidad de considerar los argumentos en el sentido de que varias disposiciones de la ley no cumplían con requisitos constitucionales y normas internacionales aplicables. Sin embargo, la Corte alegó un artículo del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra que llama a una amnistía amplia después de terminar un conflicto armado interno. El gobierno nuevamente recurrió a este artículo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la ley de amnistía violó compromisos adquiridos por El Salvador según la Convención Americana. Después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, se aceptó en muchas partes la conclusión de que la amnistía excluía la posibilidad de seguir o iniciar investigaciones judiciales sobre el pasado.

En 1995, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que interpreta las disposiciones del derecho internacional humanitario, aclaró que la disposición sobre amnistía en el Protocolo II no se debe aplicar a violaciones del derecho internacional humanitario. En cambio, el CICR interpreta este artículo como una inmunidad para los actos de hostilidad cometidos por combatientes, siempre y cuando estos fuesen cometidos conforme al derecho internacional humanitario.

En El Salvador, los únicos oficiales militares separados de la institución castrense fueron los nombrados por la Comisión Ad Hoc en su lista confidencial de oficiales militares para remoción. Si bien el informe de la Comisión de la Verdad obligó el retiro de algunos oficiales militares claves, éstos han podido mantener un rol en la política partidaria, hacer fortunas y, en otras formas, prosperar en el retiro. Los partidos políticos rechazaron la recomendación para excluir del servicio público a los responsables identificados por la Comisión de la Verdad; la recomendación nunca fue implementada. Según los partidos políticos, la recomendación no estaba de acuerdo con la Constitución y no coincidía con los esfuerzos para incluir a todos los antiguos adversarios en el proceso político como parte de la reconciliación nacional.

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La amnistía salvadoreña no sólo protegió a los responsables de las violaciones de enjuiciamiento o castigo --a excepción de los esfuerzos por encontrar a los niños desaparecidos-- sino que ha logrado de manera impresionante enterrar el pasado.

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La ley de amnistía estableció la extinción de la responsabilidad penal y civil. No se ha emprendido ningún esfuerzo serio para indemnizar en alguna forma a las víctimas. Se ha establecido un plan de compensación para ciertos familiares de los caídos en combate sin incluir a los familiares de civiles que murieron o desaparecieron, víctimas de abusos a los derechos humanos.

Ni el presidente que firmó los acuerdos de paz, Alfredo Cristiani, ni su sucesor, Armando Calderón Sol, han reconocido públicamente la responsabilidad del Estado ni han propuesto un programa para beneficiar a las personas y comunidades más afectadas por las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. El FMLN dio prioridad a su integración como un importante actor político: se desmovilizó y convirtió en partido político. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad también encontraron que ciertos comandantes del FMLN tenían responsabilidad en graves violaciones al derecho humanitario y de los derechos humanos. Preocupado por el hecho de que algunos de sus dirigentes pudieran ser procesados por un sistema judicial no confiable, la dirigencia del FMLN estaba dispuesto a seguir adelante. El recién nombrado Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos no tocó el tema, ni tampoco la nueva Corte Suprema de Justicia (elegida en julio de 1994) optó por revisar la resolución de su antecesora.

Desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en marzo de 1993, prácticamente no se ha hecho ningún avance adicional en descubrir la verdad. Sin embargo, de los testimonios presentados a la Comisión de la Verdad resultó un esfuerzo no gubernamental importante para encontrar niñas y niños desaparecidos o separados de sus familias durante la guerra, muchas veces durante operativos militares. La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos ya ha encontrado más de 70 niñas y niños y tiene más de 500 casos adicionales en vías de investigación.

La amnistía salvadoreña no sólo protegió a los responsables de las violaciones de enjuiciamiento o castigo --a excepción de los esfuerzos por encontrar a los niños desaparecidos-- sino que ha logrado de manera impresionante enterrar el pasado. Esta situación ha dejado a los familiares sin posibilidades de conocer lo sucedido y de duelo. También ha dejado mucho espacio para la especulación.

En marzo de 1997, días antes de las elecciones locales y legislativas, el Partido Demócrata, que se había separado del FMLN después de las elecciones de 1994, lanzó un ataque contra sus ex colegas, acusándolos de ser los responsables de una serie de asesinatos y otros delitos cometidos durante la guerra. Estas acusaciones infundadas que fueron rechazadas por su evidente motivación política, sirvieron como recordatorio de tantos crímenes graves del pasado que siguen sin resolverse. Curiosamente, no se mencionó en la campaña electoral ni los abusos de los militares ni los supuestos vínculos con los escuadrones de la muerte de varios políticos de derecha.

Las comunidades afectadas y grupos religiosos recuerdan y celebran los aniversarios de las masacres cometidas por el ejército. Cada año se celebra el aniversario del asesinato de Monseñor Romero y los padres Jesuitas, así como otras víctimas prominentes de los militares y los escuadrones de la muerte.

Como se verá, los esfuerzos oficiales y de la sociedad civil para sancionar las violaciones a los derechos humanos han logrado mucho más en Argentina, Chile y Honduras. Aún en Guatemala, hay indicios de que las víctimas tendrán mayores posibilidades de buscar la verdad y hacer reparaciones que sus vecinos en El Salvador. A pesar del número de violaciones de derechos humanos cometidos en El Salvador durante la década de 1980, El Salvador se encuentra muy atrasado como un país que no ha hecho casi nada para tratar su pasado.

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Ni el presidente que firmó los acuerdos de paz, Alfredo Cristiani, ni su sucesor, Armando Calderón Sol, han reconocido públicamente la responsabilidad del Estado ni han propuesto un programa para beneficiar a las personas y comunidades más afectadas por las violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

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Desacreditadas y vencidas, las fuerzas armadas argentinas pasaron las riendas del gobierno a un gobierno democráticamente elegido en 1983. El nuevo congreso rechazó el intento de la dictadura militar saliente de beneficiarse con una autoamnistía. El gobierno de Raúl Alfonsín implementó varios mecanismos para tratar las graves violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo durante las dictaduras militares. Primero, en 1984, se creó una Comisión Nacional, la CONADEP, para investigar el fenómeno de la desaparición forzada. El conocido escritor Ernesto Sábato encabezó dicha comisión, que fue integrada por reconocidas personas de distintas tendencias políticas. El informe preparado al terminar la investigación fue publicado bajo el nombre "Nunca más" y describió el aparato de la represión. Se trasladó la información encontrada a los tribunales. Posteriormente, en 1985, la Cámara de lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires (Cámara Federal) enjuició a nueve miembros de las distintas juntas militares y condenó a cinco. En diciembre de 1986, se limitó la posibilidad de enjuiciamientos sucesivos al aprobar la ley de "Punto Final", que puso fin al período en el cual se podían iniciar procesos penales, seguido en abril de 1987 por la ley de "Obediencia Debida", que protegió de responsabilidad penal y civil a todos los militares que actuaban bajo órdenes. Protestas militares habían logrado convencer a Alfonsín que el precio de seguir con los procesos sería demasiado elevado. Ante fuertes objeciones, el sucesor de Alfonsín, Carlos Menem, indultó a los pocos oficiales todavía procesados y, posteriormente, a los que se habían sentenciado.

A pesar de la decisión de acortar los procesos penales y dejar en libertad a los condenados, el tema del pasado no ha desaparecido en Argentina. La sociedad civil argentina se ha negado a olvidar y perdonar a los responsables de las desapariciones forzadas. Esfuerzos para promover a oficiales vinculados con la guerra sucia han suscitado protestas públicas. Aunque se han excluido demandas civiles contra el Estado por prescripción y demandas contra los responsables individuales por que no se les había condenado judicialmente, el gobierno de Menem inicialmente llegó a un acuerdo con algunos 70 ex detenidos, como respuesta a un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, y a petición de Menem, el Congreso aprobó una ley que otorgó indemnizaciones sustantivas a unas 8,000 personas que habían sido detenidas durante el estado de sitio. El Congreso después extendió las reparaciones a las familias de los desaparecidos, "reconociendo el mal que el estado cometió contra ellos," y sin exigir que las familias soportaran que sus casos fueran equiparados con los de "muertos presuntos" porque habían abandonado a sus familias y seguían ausentes después de siete años.

En Italia y Francia se iniciaron procesos penales contra oficiales argentinos por crímenes cometidos en contra de víctimas que fueron nacionales de aquellos países. Demandando bajo el "Alien Tort Claims Act", sobrevivientes argentinos en Estados Unidos han ganado fallos importantes en rebeldía para daños y perjuicios contra el General Carlos Guillermo Suárez Mason (encargado de la zona de Buenos Aires, incluso, la dirección de los centros clandestinos de detención), pero no han podido hacer cumplir los fallos.

En 1995 se hicieron públicas las confesiones del ex capitán Alfredo Scilingo, quien contó cómo, desde la Escuela de Mécanica de la Armada (ESMA), llevaron a los desaparecidos drogados en aviones para tirarlos vivos al mar y abrió una nueva discusión sobre la suerte de los desaparecidos. En abril de 1995, el jefe del ejército, general Martín Balza, pidió perdón a la nación por los crímenes cometidos por las fuerzas armadas durante la guerra sucia. El general Balza pidió a los militares que le proporcionaran la información que tenían sobre los acontecimientos de la guerra sucia para que pudiera informar a las familias sobre incidentes y víctimas en concreto.

Poco después de conocer el testimonio de Scilingo, grupos de derechos humanos en Argentina y familiares de víctimas trataron de convencer a los tribunales argentinos que investigaran el destino de los desaparecidos, aunque no hubiera posibilidad de inculpar y castigar a los responsables. Basaron sus demandas en el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo que pasó con sus seres queridos y su paradero, el derecho de toda la sociedad de conocer con detalles la metodología utilizada, y en el derecho al duelo de los familiares. Reconociendo que el castigo ya no era opción, buscaron la revelación de la verdad. En su decisión inicial, una mayoría de la Cámara Federal reconoció el derecho a conocer la verdad y el derecho al duelo. La decisión de la mayoría fue de librar oficio al jefe del Estado Mayor de la Armada para que arbitrara "los medios necesarios para profundizar la obtención de esos datos o, en su defecto, inicie la reconstrucción de los registros que permitan esclarecer la suerte de las personas detenidas" en el ESMA y, la identidad y destino de los niños nacidos allí. En una decisión posterior, cuando se presentó una demanda parecida sobre las desapariciones forzadas realizadas por el ejército, el mismo tribunal encontró que el Estado tenía la obligación innegable de utilizar medios legales para reconstruir el pasado, con el objetivo de descubrir la realidad de lo sucedido para dar una respuesta a los familiares y a la sociedad. La Cámara Federal aplicó las normas del derecho internacional de los derechos humanos al caso concreto. La Armada finalmente respondió a los pedidos de informes librados por el tribunal, diciendo que no contaba ni con la información sobre los desaparecidos ni con medios para reconstruir sus archivos. Insistió que sólo el presidente --y no los tribunales-- tenía competencia para pedir esta información. Según la Marina, las Fuerzas Armadas tienen que informar exclusivamente al presidente u organismos que dependen del ejecutivo. Posteriormente, el ejército, a pesar de las declaraciones de su jefe, contestó que tampoco contaba con información. Aunque el Organo Judicial no ha sido totalmente claro en sus pronunciamientos posteriores, en 1997 parecía que había tomado la decisión de insistir en el descubrimiento de la verdad.

A pesar de estos avances judiciales, el reconocimiento del derecho a la verdad todavía no ha proporcionado a los familiares información sobre el paradero de los desaparecidos. Las Fuerzas Armadas todavía no han entregado ninguna información de sus archivos. El esfuerzo de los tribunales argentinos en investigar los hechos en algunos casos de desaparicidos y así dar cumplimiento al derecho a la verdad, encontraron un obstáculo serio en agosto de 1998, cuando la Corte Suprema de Justicia, por cinco votos a cuatro, decidió que seguir investigando en uno de los casos "implicaría la reapertura del proceso" y "la investigación de quienes ya han sido sobreseídos definitivamente". ("La Corte Suprema Argentina cierra la puerta a las investigaciones sobre los desaparecidos", El País digital, 15 de agosto 1998.)

En 1996, el juez español Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, inició un proceso penal en España por la desaparición de ciudadanos españoles durante la guerra sucia en Argentina. En octubre de 1997, el ex capitán Scilingo, llamado para declarar, admitió su participación en varios de estos casos y proporcionó información detallada incluso los nombres de muchos de los involucrados. El presidente Menem alegó que el proceso penal español violaba la soberanía argentina e ignoraba las leyes que otorgaron la amnistía a los militares en Argentina. En los últimos días, el presidente Menem ha declarado su intención de "desbaratar" las investigaciones del juez Garzón en España. El gobierno sostiene que los hechos sólo pueden ser juzgados por magistrados argentinos y no por extranjeros. Los ministros del gabinete han explicado que quieren defender a las Fuerzas Armadas como institución y "promover la creación de una corte internacional para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en el país".

Otros argentinos entienden el proceso español como otra avenida para seguir en la búsqueda de la verdad y la justicia que no se han podido alcanzar en Argentina. El proceso español ha animado a varios militares a declarar y ha dado un impulso a los esfuerzos argentinos para lograr investigaciones oficiales.

En enero de 1998, el ex capitán Astiz fue detenido y expulsado de la Marina después de justificar públicamente la metodología militar durante la guerra sucia y decir que es "el hombre mejor preparado para matar".

El 4 de febrero de 1998, el partido gobernante suspendió la sesión parlamentaria para impedir el debate programado sobre la derogación propuesta por la oposición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que pusieron fin a los esfuerzos para procesar a militares responsables por crímenes durante la guerra sucia. No obstante, una encuesta publicada por La Nación en Buenos Aires indicó que un 78.4 por ciento de la población apoyaba el esfuerzo para derogar las leyes exculpatorias. Otro sondeo realizado por el diario Clarín encontró que el 62 por ciento de los argentinos estaban en desacuerdo con dichas leyes. El 24 de marzo de 1998, día del aniversario del golpe militar, la Cámara de Diputados derogó las dos leyes exculpatorias. La forma legal de derogar y no anular intentó asegurar que sería una acción simbólica sin efectos retroactivos.

El el curso de su investigación, el juez Garzón en España pidió información sobre cuentas bancarias en Suiza a nombre de ex militares argentinos y se logró localizar varias de estas cuentas. Como resultado, las autoridades argentinas también han empezado una investigación del posible enriquecimiento ilícito de oficiales argentinos a raíz de la confiscación de bienes de los desaparecidos. Las leyes exculpatorias en Argentina no excluyeron demandas por enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros delitos financieros.

El 12 de febrero de 1998, el jefe del Ejército, General Balza, criticó duramente las acciones de las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia, cuando "se optó por recurrir a macabros procedimientos que privaron a los familiares de enterrar a sus muertos". Nuevamente hizo un llamado a quienes tenían información para que revelaran lo sucedido, y enfatizó que "es tan inmoral ‘el por algo será’ que escuchábamos en el pasado que no quisiéramos haber vivido, como el ‘yo no sabía’ que escuchamos hoy". También rechazó la idea de obediencia ciega a órdenes inmorales.

La gran mayoría de los familiares, de los 9,000 desaparecidos incluidos en el informe de la CONADEP (de un número total seguramente mucho mayor), todavía no conocen lo que sucedió a sus seres queridos. No obstante, Argentina es uno de sólo dos países de América Latina que han procesado y condenado a sus antiguos dictadores militares. A pesar de su liberación prematura, el juicio y el encarcelamiento de ellos tuvieron un fuerte impacto. Es el único país en América Latina en el cual el jefe del Ejército ha pedido perdón por las acciones de las Fuerzas Armadas. Ante las demandas crecientes para la verdad y la derogación de las leyes exculpatorias, el Presidente Menem llamó a la construcción de un monumento. La mayoría de los argentinos entienden que un monumento no es un sustituto para la verdad y la justicia. El tema de los desaparecidos está en primera línea en Argentina, ahora cuando las últimas revelaciones han tenido un impacto profundo.

En marzo de 1990, el General Augusto Pinochet dejó la presidencia a Patricio Aylwin, quien fue eligido democráticamente después de que el general perdió el plebiscito en 1988. Por medio de disposiciones constitucionales de la época de la dictadura, Pinochet retuvo bastante influencia en la Corte Suprema y el Congreso y quedó como comandante en jefe del ejército, puesto que dejó el 10 de marzo de este año. La amnistía de 1978 sigue en vigencia y Pinochet aseguró que no se podía procesar a los militares por supuestos delitos cometidos durante la dictadura. No obstante, no se aprobó otra amnistía para cubrir los años posteriores a 1978.

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En Chile se ha abierto un debate sobre la responsabilidad de Pinochet en los crímenes cometidos durante la dictadura.

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Desde el principio, el presidente Aylwin llamó por una total revelación de la verdad y "justicia en la medida de lo posible". Aylwin nombró una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la "Comisión Rettig", para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos que terminaron en la muerte o la desaparición. Se excluyó del mandato de la Comisión la posibilidad de nombrar a los responsables. La Comisión Rettig escuchó a los familiares de las víctimas y recopiló otras pruebas para intentar establecer la suerte de los desaparecidos y recomendar compensación apropiada a los familiares sobrevivientes. Después de la conclusión del trabajo de la Comisión, se creó una fundación para continuar sus investigaciones. Cuando se divulgó el informe de la Comisión Rettig, el presidente Aylwin pidió perdón a la nación por las acciones de agentes del Estado. A pesar de la existencia de la ley de amnistía, el presidente Aylwin instó al poder judicial a investigar los casos para establecer los hechos y las responsabilidades. Los tribunales han aplicado la ley de amnistía en distintas etapas de los procesos. Algunos tribunales han citado a militares para que rindan sus declaraciones y ayuden a determinar la suerte y el destino de personas desaparecidas. A pesar de las interpretaciones distintas de la ley, algunos casos han avanzado en los tribunales y algunos pocos ex oficiales se encuentran actualmente en la cárcel, entre ellos, el general retirado Manuel Contreras y el Brigadier Pedro Espinoza, quienes fueron condenados y sentenciados a la cárcel, en 1995, por los asesinatos, en 1976, de Orlando Letelier, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende, y su asistente, Ronni Moflitt. Este crimen, cometido en Washington, había sido excluido en la ley de amnistía de 1978.

En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Chile no había cumplido sus obligaciones instituidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su decisión más transcendental sobre el tema de las amnistías, la Comisión encontró que la amnistía de 1978 violó el deber del Estado de investigar, y el derecho de la víctima en países donde la ley permite hacer acusaciones judiciales. La Comisión reconoció que el nuevo gobierno demócratico de Chile había emprendido varias medidas para tratar las violaciones del pasado, incluso, estableció una Comisión de la Verdad, pidió perdón oficial a los familiares, protestó la decisión de la Corte Suprema chilena de seguir aplicando la ley de amnistía y proporcionó una serie de medidas de compensación a los familiares de las víctimas. No obstante, la Comisión encontró que "el reconocimiento de responsabilidad por el Gobierno, la investigación parcial de los hechos, y el pago posterior de compensaciones no son, por sí mismas, suficientes para cumplir con las obligaciones previstas en la Convención", si no se cumple "la obligación de investigar las violaciones dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

El juez español, Manuel García Castellón, ha iniciado un proceso penal en España por los asesinatos y desapariciones de ciudadanos españoles y sus familiares en Chile. Durante una visita a España, en febrero de 1998, el presidente chileno Eduardo Frei criticó el proceso y pidió que se respetara el proceso chileno de transición a la democracia. La Corte Suprema de Chile no aceptó colaborar con las peticiones para información del tribunal español, ya que no reconoce su competencia.

A pesar de las objecciones de Frei al proceso español, muchos chilenos se sienten ofendidos por la presencia actual de Pinochet en la vida política del país y siguen con demandas de justicia. En Chile se ha abierto un debate sobre la responsabilidad de Pinochet en los crímenes cometidos durante la dictadura. Después que el General declaró su intento de aprovechar la disposición constitucional (promulgada durante la dictadura) que le permitió convertirse en senador vitalicio cuando se retiró como jefe del ejército, varios legisladores han sostenido que su responsabilidad en el golpe militar y los crímenes cometidos durante la dictadura le impedirían servir en el Congreso. Su incorporación en el Senado desencadenó varias manifestaciones públicas en su contra, algunas fueron reprimidas violentamente por la policía y un juicio político.

En respuesta a las peticiones de los familiares de las víctimas, los tribunales chilenos recién han iniciado procesos penales y civiles contra Pinochet por los asesinatos y desapariciones llevados a cabo durante su dictadura. Pinochet ha declarado que no se siente responsable por los desaparecidos. El general encarcelado, Manuel Contreras, quien fungió como jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ha presentado un escrito a la justicia chilena para apelar su sentencia por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, donde dice que el director real de la DINA era Pinochet. Es poco probable que estas iniciativas tengan éxito, pero definitivamente demuestran un esfuerzo para no olvidar los crímenes del pasado y sus responsables.

A diferencia de sus vecinos, Honduras no sufrió un largo conflicto armado. Sin embargo, oficiales militares, en muchos casos entrenados por Estados Unidos, se dedicaron a eliminar cualquier potencial subversión realizando desapariciones forzadas. En los años 1987, 1990 y 1991, Honduras promulgó amplias leyes de amnistía que se aplicaban a todas las personas sentenciadas, enjuiciadas o sujetas a ser enjuiciadas por delitos políticos o delitos comunes conexos. A pesar de que no se negociaron acuerdos de paz-- y no hubo ninguna insurgencia representativa para negociarlos--, Honduras también ha pasado por un proceso de democratización que ha incluido reforma policial y judicial, así como esfuerzos para tratar las violaciones a los derechos humanos del pasado.

El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, el Dr. Leo Valladares, emprendió una investigación de 184 casos sobre desapariciones en los ochenta, el cual publicó en 1994. Su informe instó a las instituciones hondureñas relevantes a cumplir con sus obligaciones de descubrir la verdad y procesar a los responsables. La Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras inició un proceso contra varios militares. El 18 de enero de 1996, la Corte Suprema de Honduras emitió una resolución por la que no se podía resolver la petición de amnistía presentada por los nueve oficiales militares acusados de secuestrar temporalmente a seis estudiantes en 1992, antes de concluir el sumario. Los juzgados de primera instancia en Honduras tienen que realizar una investigación completa de los hechos antes de determinar si el crimen cabe dentro de los términos de la ley de amnistía. La Corte Suprema de Honduras enfatizó que los tribunales no tenían que "despachar al olvido por la vía de la amnistía, conductas humanas que merecen un tratamiento investigativo de naturaleza penal común".

Dos años después de la decisión de la Corte Suprema, el juzgado examinó los hechos del caso y otorgó la amnistía a los imputados, decisión que se ha apelado. Frente a peticiones que pidan perdón a la sociedad y a los familiares de las víctimas de la represión, el ejército hondureño ha optado por justificar su actuación con el argumento de que se "trataba de una política de Estado".

En Guatemala, los militares y los grupos de derechos humanos observaban de cerca a la Comisión de la Verdad en El Salvador. El ejército guatemalteco no estaba dispuesto a sufrir la indignidad de una Comisión de la Verdad que le asignara responsibilidad individual por abusos de derechos humanos. Durante las negociaciones de paz guatemaltecas, las partes acordaron la formación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) que investigaría los abusos del pasado sin "individualizar responsabilidades". Grupos de derechos humanos criticaron el acuerdo como débil e inadecuado para tratar el período de 36 años del conflicto armado y la magnitud de violaciones cometidas en Guatemala. En 1995, la iglesia católica en Guatemala empezó el proyecto interdiocesano, la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), por lo cual se capacitó a cientos de laicos que tomarían testimonios en los idiomas indígenas locales. El acuerdo para la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue producto de las negociaciones entre la URNG y el gobierno guatemalteco, pero diversos grupos de la sociedad civil guatemalteca dieron a entender que no estaban dispuestos a simplemente confiar toda esta problematica a la Comisión. Con el apoyo y la capacitación del equipo argentino de antropología forense, se formó un equipo guatemalteco de antropología forense que empezó a realizar exhumaciones en los lugares donde habían ocurrido masacres. Para este año, se espera la publicación del informe del proyecto REMHI, primero, y el de la CEH, después.

Con el fuerte temor de que con los negociadores se acordaría una amplía ley de amnistía, los organismos no gubernamentales de derechos humanos guatemaltecos y los familiares de las víctimas se unieron en la Alianza contra la Impunidad, para argumentar y presionar contra una amnistía para el ejército. Al concluir las negociaciones de paz en diciembre de 1996, las partes se pusieron de acuerdo sobre las disposiciones para la amnistía, las cuales fueron aprobadas por el Congreso guatemalteco con cambios menores. La Ley de Reconciliación Nacional estableció que la justicia guatemalteca tendría que determinar en casos individuales si se trataba de delitos políticos o delitos comunes relacionados con el conflicto armado, con varias excepciones. No se puede beneficiar con la amnistía a los responsables de tortura, genocidio o desapariciones forzadas, ni crímenes no relacionados con el conflicto armado. A pesar de que existen preocupaciones graves respecto a que los jueces guatemaltecos simplemente beneficiarían a los militares, hasta la fecha no se ha otorgado la amnistía a ningún ex militar.

Todavía falta por resolver muchas cuestiones relacionadas a la ley de amnistía. Por ejemplo, no queda claro si los jueces interpretarán las masacres de civiles por el ejército como relacionadas con el conflicto armado y esto los haga eligibles para la aplicación de la amnistía, o si encontrarán que las amnistías anteriores prohíben enjuiciamientos. La ley de amnistía guatemalteca representa un avance respecto a los antecedentes en América Latina, con su reconocimiento explícito que el derecho internacional no permite amnistía para todos los delitos. Desafortunadamente, el sistema judicial guatemalteco sigue siendo muy poco confiable. Aun si no se aplica la amnistía en muchos casos, no existe ninguna garantía de que los responsables serán procesados y condenados.

Los acuerdos de paz en Guatemala y la ley de amnistía hacen referencia al "deber humanitario" del Estado de asistir a "las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno". El gobierno ha estado explorando opciones para el resarcimiento, inclinándose por ayudar al desarrollo comunitario. El gobierno de Guatemala y los peticionarios llegaron a una resolución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso sobre abusos cometidos por patrulleros civiles en Colotenango, en donde se comprometió a proporcionar compensación individual (mínima) y compensación comunitaria. Se compensó a la comunidad de Colotenango con asistencia para infraestructura, escuelas y centros de salud, con un valor aproximado de 500,000 dólares. Según el acuerdo, el gobierno también se comprometió a tomar las medidas necesarias para asegurar que se hiciera justicia, incluso, a investigar los hechos y sancionar a los responsables.

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... los esfuerzos oficiales y de la sociedad civil para sancionar las violaciones a los derechos humanos han logrado mucho más en Argentina, Chile y Honduras. Aún en Guatemala, hay indicios de que las víctimas tendrán mayores posibilidades de buscar la verdad y hacer reparaciones que sus vecinos en El Salvador.

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Muchos factores han contribuido al hecho de que El Salvador, en terminos relativos, se ha negado a tratar el pasado. Se confió el tema a las partes involucradas en las negociaciones y ambas tenían razones para preferir que no saliera toda la verdad. El hecho de que las violaciones tuvieron lugar en el contexto de un conflicto armado puede haber contribuido a la tendencia de calificarlas como excesos inevitables de la guerra, a pesar de las limitaciones establecidas por el derecho humanitario. Muchos combatientes cayeron en combate y muchas veces se trata de igual manera a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, los familiares de combatientes caídos no saben en qué condiciones murieron ni dónde están enterrados.

Al igual que en los casos de desapariciones forzadas, el no saber exactamente lo que pasó ni dónde están, deja una herida abierta que difícilmente puede cicatrizar. Ni la fuerza armada ni el FMLN han hecho un esfuerzo serio para aclarar estos casos.

Ls organismos no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador denunciaron con valor las violaciones a estos derechos durante la guerra, pero perdieron mucho de su protagonismo en la posguerra. La Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) asumió el asunto de los derechos humanos sin hacer un esfuerzo concertado y consistente para fortalecer a los organismos no gubernamentales de derechos humanos durante el período dificil de transición de la guerra a la paz. La Comisión de la Verdad fue producto de las negociaciones y, en gran medida, mantuvo a las ONG’s a distancia. Después de que la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de varios organismos no gubernamentales de que declarara la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no lograron desarrollar estrategias alternativas para insistir en el tema. El FMLN, que durante mucho tiempo había insistido en la necesidad de la justicia y el fin de la impunidad, en gran parte abandonó el pasado en favor del futuro y la sociedad civil no estaba preparado para retomar la bandera.

La gran mayoría de las víctimas de estas violaciones en El Salvador fueron campesinos y trabajadores. El liderazgo del FMLN que tenía más educación y provenía de la clase media permitió una transición relativamente fácil a la vida política. Los campesinos, quienes aguantaron lo más duro de la guerra, encontraron mayores problemas en volver a empezar, después de perder a sus hijos, otros familiares, casas y pertenencias, y regresar o tomar la decisión de no regresar a sus comunidades, que fueron escenarios de violencia incalificable y pérdidas tremendas. Estas heridas siguen abiertas, en gran parte porque a nivel de Estado no se ha hecho ningún esfuerzo serio para establecer consenso sobre lo sucedido y los responsables, para recuperar la dignidad de las víctimas y proporcionar cualquier forma de reparación moral o material a sus familiares. El momento en que se trató el tema del pasado es otro factor. El conflicto salvadoreño fue militar casi hasta la firma de los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad empezó su trabajo pocos meses después de la firma de los acuerdos y en el momento en que muchas de las fuerzas del FMLN estaban concentradas en espera de su desmovilización. Poner fin a la impunidad militar era una alta prioridad que se iba a tratar por medio de la Comisión Ad Hoc y la Comisión de la Verdad. Es innegable que fue necesario tomar medidas para tratar el pasado en el momento de terminar la guerra e iniciar los esfuerzos para la reconciliación. No obstante, el gobierno no había cambiado y no fue posible disipar años de temor y desconfianza de la noche a la mañana.

Muchas de las víctimas y sus familiares no estaban listas para hablar de sus tragedias. El trauma de la guerra era demasiado reciente, la práctica de contener el dolor adentro y de no hablar sobre lo que había pasado demasiado arraigado. Muchas personas no hicieron el esfuerzo de acudir a la Comisión de la Verdad porque no estaban preparadas, porque no creían que la Comisión de la Verdad haría algo sobre su caso, o porque los que les habían dirigido durante la guerra no les orientaron sobre el trabajo de la Comisión. Debido a que estaban demasiado ocupados en las tareas inmediatas de la transición de la guerra a la paz y todos los cambios que esto implicaba en sus vidas, muchos no se encontraban preparados para mirar hacia atrás. Aun si la Comisión hubiera recibido más testimonios, no estaba en condiciones para investigar cada caso, ya que su enfoque fue establecer responsabilidades en un universo limitado de casos ejemplares. Sin duda, era necesario emprender esfuerzos adicionales. Cinco años después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, los familares de las víctimas están pidiendo con más insistencia que hay que hacer algo para tratar el pasado. Una mujer, que sobrevivió la pérdida de su familia completa, secuestrada por las fuerzas de seguridad en 1982 y de la que nunca se supo el paradero, habla por muchos cuando dice que ahora quiere hacer algo para su familia. Durante la guerra se encontraba demasiado involucrada en la lucha e inmersa en la perspectiva militar del FMLN. No hubo tiempo para el duelo, ni posibilidades de acciones legales o monumentos. Después de intensas discusiones sobre la necesidad de honrar y preservar la memoria de los desaparecidos y la importancia de tener un referente físico para los familiares, a principios de febrero de 1998 se hizo un acta para poner la primera piedra de un monumento a las víctimas civiles de las violaciones a los derechos humanos. Cuando el presidente español, José María Aznar, visitó El Salvador en noviembre de 1997, el padre Rodolfo Cardenal, vicerrector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", habló de la posibilidad de que la masacre de los jesuitas de 1989 pudiera ser investigada por un tribunal español. Al igual que las víctimas en los casos argentinos y chilenos, cinco de los seis jesuitas asesinados eran originarios de España. Si prosperan algunas de estas iniciativas, no habrían garantías que saliera mucho más de la verdad, por lo menos a corto plazo. A pesar de todo lo que se ha hecho en Argentina, la gran mayoría de los familiares de los desaparecidos todavía no saben la historia completa de lo que pasó con sus familiares. Algunos argumentan que sólo cuando los responsables estén seguros de que no se les enjuiciará empezarán a revelar la verdad. Sin embargo, en El Salvador, cinco años después de la promulgación de una amnistía amplia, ningún oficial militar que está protegido por esta ley se ha presentado para contar lo que sabe en público. En los últimos días, cuatro de los cinco ex guardias nacionales condenados y encarcelados por el asesinato de cuatro religiosas norteamericanas en 1980, han expresado al Comité de Abogados de los Derechos Humanos que actuaron bajo órdenes superiores. Sin duda esperan que su testimonio les sirva para conseguir un indulto ya que son los únicos que siguen encarcelados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra. Sus declaraciones han abierto un debate sobre la posibilidad de reabrir el caso y enjuiciar a los autores intelectuales. Sin embargo, se habla nuevamente de la amnistía. Ante esta noticia, descartan la posibilidad de investigaciones adicionales; el presidente Calderon Sol declaró que: "soy partidario que esas cosas trágicas tenemos que enterrarlas". El ex capitán Scilingo, protegido de enjuiciamiento en Argentina, es una excepción notable. Voluntariamente se expuso a un proceso penal en España, sin ninguna garantía de inmunidad. En Sudáfrica, los responsables de crímenes de la época del apartheid se han presentado para proporcionar información no porque les han otorgado una amnistía, sino porque esperan que con sus revelaciones les brinden la protección de una amnistía acorde a la ley de la verdad y reconciliación. Si no existiera por lo menos algún riesgo creíble de enjuiciamiento en Sudáfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación no tendría miles de solicitudes de amnistía, muchas de personas actualmente encarceladas o acusadas judicialmente. La historia indica que la gran mayoría de responsables de graves violaciones a los derechos humanos no eligen voluntariamente revelar sus acciones sucias públicamente. Frente a esta realidad, no se quiere sugerir que los esfuerzos para abrir y reabrir casos para revertir o limitar la aplicación de leyes de amnistía sean intentos vanos, sino que paulatinamente contribuyen a la lucha para que las víctimas y la sociedad en su conjunto conozcan la verdad. Son luchas de largo plazo que duran muchos años más que el período inmediato de una transición a un gobierno demócratico o el fin de un conflicto civil amargo.