Desde el principio quisieron tomarla por asalto. Ciertamente nació con fallas de origen y eso condicionó su desarrollo en forma negativa, sobre todo durante los primeros tres años de existencia; también es cierto que luego, de 1995 a 1998, fue acosada de diversas formas --recortes presupuestarios, intentos por deslegitimar su autoridad y amenazas contra su personal, por ejemplo-- pero, pese a ello, logró agenciarse un destacado lugar entre la opinión pública a partir de los progresivos niveles de confianza y credibilidad que llegó a generar. En ese marco de tropiezos y dificultades, avances y perspectivas, hasta hace poco todavía no había caído en las ambiciosas y mezquinas manos de los politiqueros nacionales; pero hoy, éstos ya le dieron el zarpazo y la convirtieron en parte del "botín de paz". Así, la dirección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) --algo de lo más valioso conseguido con el sufrimiento extremo del pueblo salvadoreño-- ahora se encuentra ocupada por sectores oscuros, más cercanos al autoritarismo y la represión que a la lucha por el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Sobre este tema, en primer lugar, queremos compartir la secuencia de hechos que hoy nos tienen colocados en una situación realmente lamentable; tras ello, intentaremos plantear los retos que se nos presentan en lo inmediato para rescatar algo que --desde cualquier punto de vista que se observe, siempre y cuando se haga decentemente y bajo el verdadero concepto de los derechos humanos-- resulta ser una de las instituciones más importantes en el esfuerzo por alcanzar, en nuestro país, una convivencia social distinta.

En febrero de este año, dentro de la Asamblea Legislativa se inició una nueva y atropellada carrera en pos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; fue entonces cuando comenzaron a escucharse otra vez las discusiones de los partidos políticos ahí representados, destacando entre ellas el reclamo de alguno de esos grupos que exigían para sí el control de la Procuraduría, apelando a un supuesto derecho adquirido que --dicho con todas sus letras-- no es más que el resultado de sucias componendas entre ellos.

Así fue que, desde el principio, representantes de las distintas fracciones del Partido Demócrata Cristiano (PDC) mostraron su interés por llegar --a cualquier precio-- al sitio que hasta el 23 de marzo de este año ocupó la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés; a ellos, sin gozar del "privilegio" que decían tener los democristianos, se sumaron personeros del Partido de Conciliación Nacional (PCN). Fue a partir de entonces que el ambiente se comenzó a calentar. De ahí en adelante, la población en general tuvo que resignarse a observar las clásicas actitudes de esos partidos que, sin ningún reparo, se ufanan de interpretar los intereses nacionales.

Con el paso del tiempo, el espectáculo se fue volviendo cada vez más deplorable: no se elegía a nadie y poco a poco, en la medida en que se rechazaban nombres, la calidad de las y los mencionados --salvo una que otra excepción-- iba cayendo en un deterioro realmente notable. Arturo Argumedo, diputado independiente y a quien alguien lo mencionó como posible candidato, reclamó iracundo cuando se enteró de esa iniciativa; según un periódico de circulación nacional, el legislador se expresó de la siguiente manera: "salir propuesto por un chirajo de la democracia cristiana no sólo es penoso, sino quemarse de la manera más innecesaria y, categóricamente, no aceptaría".

La doctora de Avilés, por su parte, convocó el 27 de febrero a una conferencia de prensa durante la cual anunció que no estaba dispuesta a participar en ese tipo de "juegos políticos"; en ese sentido sostuvo que, en tales condiciones, mal haría en postularse como candidata a la reelección. En ese mismo instante, también agradeció el apoyo que le brindó la comunidad de derechos humanos así como el de que recibió de las organizaciones y personas que le solicitaron a ella y a la Asamblea Legislativa su continuidad en el cargo.

No se puede dejar de reconocer esa actitud de la entonces procuradora, en defensa de una institucionalidad que requirió una enorme inversión de vidas y otros recursos; eso y la misión que le corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nos lleva a la conclusión lógica de que, ciertamente, la elección de la persona que ejercerá la "magistratura de conciencia" no debe ser manejado a la ligera. Por ello, al negarse a participar en la "mascarada" que la actual legislatura estaba impulsando en el marco de esta coyuntura, la doctora de Avilés estableció --en sus declaraciones públicas-- lo que ella consideraba como el perfil de quien debía ocupar la titularidad de la Procuraduría: "el próximo procurador debe ser una persona que no ejerza políticas partidistas, porque eso --de alguna forma-- frena la independencia, la autonomía, la objetividad con la que debe trabajar un defensor o defensora del pueblo..."

Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, también manifestó públicamente su postura en relación con la calidad y estatura que se debía exigir a la persona que, en ésta u otra ocasión, pretendiera dirigir la Procuraduría. En esa línea, el jerarca católico se pronunció de la siguiente manera: "Deberá llegar con una mente libre ante las presiones políticas y de los poderes, y --ante todo-- muy sensible a los problemas de la gente que sufre. Una figura que tenga una gran sensibilidad humana y social".

Y en todo eso, tanto el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) como el resto de organismos sociales involucrados en la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, siempre estuvimos de acuerdo. Porque no es posible concebir ni se debe permitir que un servidor público --y mucho menos que la o el procurador de derechos humanos-- responda a otros intereses que no sean los de la gente que en nuestra sociedad, de tan diversas y numerosas formas, es víctima de arbitrariedades y violaciones a su dignidad. De ahí la insistente defensa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos impulsada desde la llamada "sociedad civil"; esa lucha se comenzó a gestar a partir de febrero, cuando empezaron a perfilarse las tan cuestionadas posiciones políticas en torno a esta elección.

Mientras la generalidad de las opiniones apuntaban hacia la escogitación de una persona con una trayectoria intachable que, al mismo tiempo, ofreciese muestras claras de su experiencia y compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en el mundo de la politiquería legislativa --tan lejana de las necesidades más urgentes y sentidas de la población-- ya existían intenciones manifiestas por parte de los partidos políticos que, sin importar que sus candidatos no fuesen los más idóneos para la institución y la sociedad en general, pretendían tener el derecho de tomar las riendas de la esta Procuraduría.

Así se llegó hasta el 2 julio, fecha en que nos enteramos de una noticia bastante lamentable para el desarrollo democrático del país: después de casi cuatro meses plagados de debates semanales en el interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea, se supo que habían nombrado al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Fueron 77 votos los que recibió Eduardo Antonio Peñate Polanco, quien antes se había desempeñado como juez de lo Penal en Santa Ana y magistrado de Cámara en San Miguel y Cojutepeque. Este hecho pudo haber sido un verdadero acontecimiento satisfactorio para el país si realmente Peñate Polanco hubiese reunido los requisitos para ocupar el puesto, tanto los establecidos en el marco legal como los de idoneidad; pero, lastimosamente, es difícil encontrar a alguien que pueda sustentar eso.

Decimos que tal designación fue una muy mala noticia para la democratización de El Salvador por dos razones muy relacionadas entre sí: la primera tiene relación con el golpe bajo a la confianza y credibilidad de la población, la cual --mediante algunas de sus expresiones organizadas-- propuso personas y se opuso a otras con base en los requerimientos establecidos por la ley; la segunda está relacionada con el perjuicio que esta acción parlamentaria le ha causado a la posibilidad de avanzar en la consolidación de la nueva institucionalidad. Esta última tiene que ver con la primera, pues si la gente no confía ni cree en las instituciones no las va a utilizar y va a preferir "solucionar" sus conflictos haciendo uso de otras vías que, sin duda, son demasiado peligrosas para la estabilidad social; pero también tiene que ver con la intención de bajarle el perfil a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o de manipularla para que sólo se pronuncie en determinadas ocasiones, desnaturalizando así su importante función de vigilar al resto de la administración pública en su actuación frente a las personas particulares.

Y esos temores no son vanos, tienen fundamento, pues desde que se supo que habían nombrado a Peñate Polanco como nuevo procurador nos comenzamos a enterar del cúmulo de denuncias en su contra, varias de ellas presentadas en la misma PDDH. De las recibidas en esta última, una terminó en resolución firme mediante la cual se dio por establecida su responsabilidad por la violación a los derechos humanos de personas particulares en materia de justicia; asimismo, conocimos de otras más que se encontraban en proyecto y que también estaban dirigidas a determinar su responsabilidad en hechos violatorios.

Antes no conocíamos nada alrededor de su persona y trayectoria, precisamente por eso: porque, hasta junio, este señor era un total desconocido en los ámbitos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos. Quizás sí lo conocían muy bien quienes sufrieron por sus actuaciones indebidas y quienes se beneficiaron de ellas, pero no las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. Por eso, en un primer momento no lo criticamos a él sino a los que lo habían colocado en ese sitio sin tener más méritos para ello que su amistad con ciertos personajes poco confiables, su docilidad a los dictados de los mismos y su oscuro paso por la judicatura. Fue sólo después de habernos reunido en su despacho el 10 de julio y haber escuchado la pobreza de sus argumentos --si es que así se puede llamar a sus intervenciones dispersas e incoherentes-- que nos vimos en la obligación de cuestionarlo también a él.

Así, el 15 de julio hicimos públicas nuestras consideraciones al respecto. Dijimos, en primer lugar, que no estábamos de acuerdo con el procedimiento utilizado para su nombramiento debido a que --de esa manera-- se omitió investigar sus antecedentes y se pasó por encima del requisito legal básico para ocupar dicho cargo: el de poseer una "reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y con amplios conocimientos en ese campo". En esa ocasión, nuevamente nos referimos a la irresponsabilidad y falta de compromiso por parte de las y los diputados en el cumplimiento de sus obligaciones.

Además, en esa ocasión --considerándola patrimonio de todas y todos los salvadoreños-- sostuvimos públicamente lo que ya señalamos antes: que la Procuraduría no podía ni debía ser objeto de ningún tipo de manoseo político, pues con ello se reducía su importante perfil y se contribuía a deteriorar la poca confianza y credibilidad que la población tenía en el proceso de transformación democrática de nuestro país. Esa misma población, a partir de tan desacertada decisión parlamentaria, comenzó a dar muestras de un inusual rechazo a quienes generaron esta situación y eso, desde nuestra perspectiva, constituye un buen síntoma de participación activa y consciente de la población en defensa de la institucionalidad.

Sin más y en consonancia con el sentir de la gente, aprovechamos nuestro pronunciamiento público para exigir a la Asamblea la destitución de Peñate Polanco, la elección de una persona idónea en su lugar, la reforma legal pertinente para ampliar el universo de las personas que puedan ocupar el cargo y el establecimiento de un proceso de participación ciudadana que garantice realmente la "calificación" de los resultados en este tipo de elecciones. No dejamos pasar la oportunidad de animar a la población para continuar, hasta el final, defendiendo a su Procuraduría.

Tras dar a conocer públicamente nuestra posición, nos enteramos de los resultados arrojados por las evaluaciones que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) había hecho en torno al desempeño de Peñate Polanco como funcionario judicial. De ellas se desprende lo siguiente: en 1993 fue calificado como "malo"; en 1994 no se encontraron irregularidades y en 1996 --al examinarlo en cuanto a su capacidad administrativa y la manera de juzgar los casos que conoció-- se concluyó que su trabajo no había sido satisfactorio.

Lo anterior fue informado por el Consejo Nacional de la Judicatura a la Asamblea Legislativa mediante comunicación de fecha 16 de julio del año en curso, la cual iba dirigida al señor Alfonso Arístides Alvarenga quien --además de ser el tercer secretario de la junta directiva de ese Órgano-- es demócrata cristiano de la línea de Ronald Umaña, ese personaje de la política nacional que genera rechazos hasta entre sus mismos correligionarios. En dicha misiva también se informaba a la legislatura sobre la siguiente disposición adoptada por el mismo Consejo: "Por las infracciones antes mencionadas y en base a las disposiciones legales citadas, se recomienda aplicarle las sanciones que consisten en SUSPENSIÓN DE 3 A 15 DÍAS y SUSPENSIÓN DE 15 A 60 DÍAS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO, RESPECTIVAMENTE". Las mayúsculas no son nuestras sino del organismo que emitió tal recomendación.

Por su parte, el jefe del Departamento de Denuncias y Calificación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos detalló las demandas que hasta ese momento se encontraban vigentes contra Peñate Polanco en el interior de dicha institución estatal: tres de ellas por violación al derecho de audiencia y de defensa, dos por denegación de justicia, dos por retardación de justicia, otra por violación a los principios de legalidad y la última por violación al derecho a ser juzgado por juez competente e imparcial.

Así las cosas, al observar lo sucedido, sin ninguna duda podemos afirmar que nos encontramos ante un nombramiento totalmente viciado de principio a fin. No vamos a entrar a discutir sobre la inmoralidad de Peñate Polanco, porque lo notorio no necesita probarse y existen suficientes testimonios para poner en tela de juicio su solvencia en este aspecto. Por ello, en su defensa sólo salieron el ya citado Ronald Umaña y un grupo de personas provenientes de Santa Ana, que obviamente incluía familiares y amistades de quien ahora usurpa el despacho del procurador. Umaña dijo que Peñate Polanco era "buen padre, buen católico y buen amigo"; de ahí en fuera, nada más. Debido a eso no nos interesa, por el momento, entrar en dicho terreno.

Mejor debemos poner atención a lo que la gente se pregunta: ¿cuáles son los méritos que legitiman este nombramiento? ¿No existían profesionales del Derecho más competentes para ocupar el cargo? ¿No se tuvo la capacidad o el interés de investigar a esta persona antes de tomar la decisión? ¿Para este nombramiento tuvo que esperar tanto la población? ¿Por qué se dejaron de lado las denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los señalamientos del Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Acaso se pretende que ahora, al presidir la Procuraduría, Peñate Polanco sea juez y parte en las investigaciones para esclarecer los señalamientos sobre su actuación en la judicatura? ¿Qué niveles de confianza podrán generar las resoluciones que emita de ahora en adelante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? ¿Qué importancia se le darán a sus resoluciones en el resto de la administración pública?

No pensamos que sea Peñate Polanco el que deba dar respuesta a estas interrogantes y tampoco le corresponde hacerlo a la sociedad que, hasta antes de este deplorable suceso, esperaba tanto de la institución. Las mismas deberían surgir de la Asamblea Legislativa; pero no hay que hacerse ilusiones pues tan desatinado nombramiento es una muestra más de la irresponsable actitud que ha caracterizado a las y los actuales legisladores, quienes --hasta el momento y salvo algunas raras excepciones-- no han sabido estar a la altura de las circunstancias.

En el caso que nos ocupa no tomaron en cuenta las sugerencias y propuestas que les hicieron para elegir, entre la mismas, a la persona más adecuada en función de darle continuidad a un trabajo aceptable que se venía haciendo en favor del respeto a los derechos humanos; trabajo que --por encima de las críticas mal intencionadas y los obstáculos encontrados en el camino-- había logrado comenzar a generar alentadoras expectativas dentro y fuera del país. Si no hicieron eso las y los diputados, menos van a tener la capacidad para responderle ahora a quienes dicen representar. Por el contrario: inmediatamente después del 2 de julio, tratando de defender lo indefendible y disimular sus graves fallas, las y los diputados comenzaron a falsear la realidad o a descargar su responsabilidad en quienes no la teníamos.

La reprochable actitud de ciertos diputados los llevó a sostener que las denuncias por retardación de justicia atribuidas a Peñate Polanco no debían considerarse como algo grave, "pues eso sucedía en todos los tribunales del país". Seguramente tan desacertada afirmación tiene mucho que ver con determinados niveles de ignorancia dentro del seno legislativo, pues nos consta que sí existen juzgados en los cuales se respetan los plazos; pocos, pero los hay. Sin embargo, más bien pensamos que esa atrevida aseveración responde a la malévola intención de terminar de dañar a la PDDH y dejar sin un buen instrumento a la población en la defensa de sus derechos y libertades constitucionales.

Porque no se puede ni se debe utilizar el estado crítico en que se encuentran los organismos encargados de impartir justicia en nuestro país, para disculpar esta errada designación; por el contrario, lo adecuado era nombrar a una persona con la solvencia suficiente y la autoridad moral necesaria a fin de lograr --con esas herramientas en la mano-- un incremento en el respeto hacia la figura del Ombudsman y su capacidad de vigilancia sobre el funcionamiento de toda la administración pública, en aras de prevenir arbitrariedades contra las personas particulares, así como de investigar y recomendar lo pertinente al producirse violaciones a los derechos humanos, sobre todo considerando que el ámbito de la justicia se encuentra entre los más cuestionados. En la "magistratura de conciencia", pues, debía haber sido colocada una persona que --por encima de la generalidad judicial-- tuviese una destacada trayectoria en el cumplimiento exacto de sus obligaciones.

Las y los diputados fueron tan descarados que, incluso, durante la sesión en la que nombraron a Peñate Polanco se felicitaron entre sí por el "ejercicio político y democrático" que habían realizado durante casi cuatro meses, por haber logrado el consenso y por haber "hecho buen uso del voto calificado". Con esas afirmaciones no engañaron a nadie, En realidad, con todo lo dicho desde los partidos políticos a lo largo de esta coyuntura se intentó "tapar el sol con un dedo", pero fue imposible conseguirlo. Hay quienes dicen que el problema reside en el hecho de que dentro del "Salón Azul" no se valora la Procuraduría; sin embargo, nosotros pensamos que sí la están valorando, pero no en función del respeto a los derechos humanos sino desde la perspectiva de intereses muy particulares.

En esa plenaria del 2 de julio --que además será recordada porque también se violó la Constitución al destituir a Eduardo Colindres, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, siempre por maniobras de Umaña--, el único parlamentario del diminuto Partido Demócrata dijo que en las listas analizadas habían otras personas con mayores méritos para ocupar el cargo, pero que éstas habían sido descartadadas por razones políticas. Con tal afirmación se desmienten otras versiones y se demuestra que en el recinto legislativo pesa más la politiquería partidarista que la capacidad, el conocimiento, la eficiencia y el compromiso. Para desgracia nuestra, pues, en el seno parlamentario se premia la mediocridad y se castiga la competencia.

En ese marco, no fue ninguna sorpresa escuchar a Umaña enredado en sus propias declaraciones y haciendo el ridículo ante las cámaras de televisión, al no poder sostener una posición sólida frente a los cuestionamientos del periodista Mauricio Funes y del público sobre esta problemática; tampoco extrañó --aunque haya resultado ofensivo para el pueblo salvadoreño-- oírlo en medio de su verborrea cometiendo la aberración de comparar la situación de Peñate Polanco, su "gran amigo de la infancia", con la de monseñor Romero cuando fue elegido arzobispo de San Salvador.

Lo que sí realmente molestó fue el hecho de que algunos dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se empeñaran en limpiar su imagen, a costa de las agrupaciones civiles de derechos humanos. Porque, tanto en privado como en público, afirmaron --para justificar sus votos en favor de Peñate Polanco-- que no tenían responsabilidad de todo lo que estaba sucediendo ya que no contaban con la capacidad para investigar a todos los candidatos propuestos para el cargo; además, pretendieron hacer creer que nadie les comunicó nada sobre la irregular trayectoria del hasta hace poco magistrado de Cámara.

Desde mucho antes de este ilegal nombramiento, ya se había hablado de un acuerdo cupular entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido Demócrata Cristiano para entregarle la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a Umaña y su grupo; ello, a cambio del apoyo democristiano en la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Dentro de ese marco se entiende que muchos candidatos seriamente cuestionados hayan surgido de las filas "verdes" y que este partido --en su batalla por apropiarse de la institución-- haya contado siempre con el respaldo "arenero". Pero lo que la gente no se explicó en un primer momento fue el porqué aceptó el FMLN a Peñate Polanco. No es cierto que fuese el más idóneo de los que quedaban en la última lista, como lo sostuvo uno de sus legisladores; tampoco es válido decir --como se hizo-- que el dilema era elegir a Peñate Polanco o permitir que la derecha lograra su propósito de "extinguir" la Procuraduría. Esas fueron las primeras reacciones de la ex agrupación guerrillera, pero --ante la avalancha de críticas-- tuvo que cambiar su posición.

Quizás le haya resultado bastante difícil reconocer su errada actuación, pero hacerlo le dio una dimensión favorable al FMLN, porque dicho partido terminó asumiendo lo que tenía que asumir --que se equivocó— y, de esa manera, además, echó por la borda los rumores sobre componendas partidaristas y determinados beneficios que se dijo había obtenido de una supuesta negociación para entregar sus votos en favor de Peñate Polanco. La decisión primera del FMLN, entonces, quizás tuvo que ver con la situación en que se encontraba la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tras la reforma legal que la dejó en completa acefalia. Para algunos observadores, eso fue lo que colocó al Frente entre la espada y la pared, llevándolo hasta un desgaste político que --según se llegó a afirmar-- lo obligó a comprometerse de manera tan desafortunada.

El Frente y la Unión Social Cristiana (USC) rectificaron públicamente durante el período que establece el artículo 16 del reglamento interno del Órgano Legislativo, el cual dice literalmente: "La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales inmediatamente después de que se practique la elección de un funcionario por parte de la Asamblea, está obligado a iniciar y seguir diligencias a fin de comprobar, por cualquier medio legal si las personas electas reúnen los requisitos establecidos por la Constitución, de lo cual dará cuenta documentada y razonada a la Asamblea, a más tardar treinta días después de verificada la elección". Además, en su segundo párrafo, dicho artículo señala lo siguiente: "En caso de que una elección recaída en persona que no reúna los requisitos legales, se declara la nulidad existente y se repondrá inmediatamente la elección".

Esa disposición reglamentaria no iba a ser tomada en serio y eso lo anunciamos públicamente desde que Peñate Polanco fue nombrado; para nosotros, el circo estaba montado y ese período de "investigación" era parte del espectáculo. Precisamente en ese marco, a diferencia del FMLN y la USC, el resto de partidos no se podía salir del libreto y por ello no modificaron sus posturas; por el contrario: sobre todo ARENA, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Conciliación Nacional maniobraron para llegar hasta la tristemente célebre plenaria del 30 de julio, cuando se aprobaron tres dictámenes: el nombramiento de Francisco Merino como presidente de la Corte de Cuentas, el archivo de las piezas de correspondencia introducidas para salvar la finca El Espino y la decisión de mantener ilegalmente a Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos. Para la gente, eso fue el "combo agostino" que se recetaron estos tres partidos. No obstante todos los esfuerzos realizados por parte de las expresiones organizadas de la población en defensa de lo que le pertenece, únicamente se logró contener por algunos días la decisión legislativa de sostener en el puesto a Peñate Polanco. Y es que el destino de la pobre Procuraduría estaba, desde el principio, a merced de aquellos que siempre trataron de colocar una persona manipulable al frente de la misma; sólo de esta forma se puede explicar el por qué --obedientes a los dictados de los grupos políticos más oscuros del país y muy lejanas de lo que la población necesita y pide-- ese jueves 30 de julio se levantaron 50 manos para aprobar el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en el cual se decía que, después de investigar, no se había encontrada nada contra este señor. ¡Mayor descaro, raras veces se ha visto!

Durante el período que Peñate Polanco ha permanecido en el cargo, son numerosas las cosas que de él se dicen. Obviamente, hasta que no fue confirmado mantuvo un perfil bastante bajo; en esa línea, por ejemplo, no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación. Sí intentó introducir gente de su confianza dentro de la institución y se sabe que nombró como su asesor a un individuo cuyos antecedentes laborales en el Órgano Judicial no son nada encomiables; pero, fuera de eso, no se supo de nada más "relevante". Pero, después del 30 de julio, la situación cambió. Hay quienes dicen que se envalentonó y otras opiniones se inclinan por pensar que está a la defensiva; no faltan quienes --con sobradas razones-- prefieren creer que sus decisiones responden a la obligación que tiene de cumplir con los compromisos partidaristas que adquirió para llegar al cargo.

Como sea, el caso es que el 31 de julio le insinuó al licenciado Eduardo Urquilla que ya no confiaba en él para continuar siendo su adjunto; al regresar de las vacaciones agostinas fue más claro y le pidió su renuncia, la cual le fue entregada el martes 12 de agosto. Lo grave de esta situación es que tras la salida del licenciado Urquilla, Peñate Polanco comentó dentro de la institución y declaró ante los medios que él no había solicitado tal salida; más bien, dijo que la misma era el resultado de una iniciativa personal del ahora ex procurador adjunto.

Se menciona, además, que desde que ya se sintió seguro en el cargo ha realizado otros nombramientos bastante desafortunados dentro de los cuales destaca el de un amigo de Umaña, también militante de la democracia cristiana y calificado como "nefasto" hasta por sus mismos correligionarios. A la coordinación de los proyectos también ha llegado alguien con problemas legales hasta dentro de su misma familia. Se sabe, además, que está colocando "asesores" en determinados departamentos, delegaciones departamentales e, incluso, procuradurías adjuntas; "asesores" que están cobrando salarios superiores a los que devengan las personas que se supone van a ayudar y que tienen acceso directo al despacho de Peñate Polanco; "asesores" que, más bien, son una especie de "comisarios políticos". Todos estos puestos están siendo otorgados sin ser sometidos a concurso e irrespetando criterios de selección y promoción tales como antigüedad, capacidad y género; los criterios que cuentan son los de la militancia política o la docilidad.

Otra de la medidas de Peñate Polanco que sorprendió al personal de la Procuraduría, fue la de prohibirle expresamente a cualquier trabajador o trabajadora de la misma el ingreso a sus instalaciones durante el período de vacaciones de agosto. Mediante un memorándum que circuló al filo de las 4 de la tarde del último día que laboró la PDDH antes del referido asueto, le transmitió dicha orden al jefe de vigilantes; así las cosas, resulta ilógica y absurda tal disposición --que se ha extendido a los fines de semana-- si se considera que se trata de una institución de servicio público que por su propia naturaleza no puede restringirse a los horarios normales de la burocracia estatal. Una de dos: o se quiere convertir la figura del Ombudsman en un cuerpo inútil, sin vida, o se pretendía --durante esos días-- "limpiar" o "ensuciar" ciertas cosas sin testigos de ninguna clase. Eso sí: los vehículos nacionales sí son utilizados por él y su gente en las noches y durante los fines de semana.

Algo realmente alarmante --por la fuerza unipersonal de la figura del Ombudsman-- es que no está firmando los oficios necesarios para dinamizar el trabajo de tutela; ello significa que se encuentran paralizadas las investigaciones y que difícilmente se avanzará en la emisión de resoluciones. De por sí de entrada le entregaron para firmar cerca de 80 resoluciones y --hasta donde supimos-- sólo una de ellas había salido de su despacho. ¿Tendrá que ver eso con el hecho de que la mayoría de estas resoluciones son de responsabilidad atribuida a funcionarios del Órgano Judicial y que, por ello, Peñate Polanco no quiere quedar mal con la institución a la cual todavía pertenece, pues no renunció para irse a la Procuraduría sino que sólo pidió permiso por un tiempo? ¿Será que sabe que no le van a hacer caso, pues no tiene ninguna solvencia para sancionar moralmente a nadie? ¿Será otra muestra más de su incompetencia notoria? ¿No le quedará tiempo por sus irrefrenables ansias de viajar al extranjero, lo que ya hizo en más de una ocasión desde que lo confirmaron en el cargo? ¿Estará obedeciendo órdenes?

Por último, frente a tal cuadro y ante el verde desfile de una abundante militancia democristiana en busca de "sus plazas", en el interior de la Procuraduría se respiran aires de preocupante incertidumbre; las actitudes entre el personal transitan desde la indignación hasta la risa y la mayor parte de la gente --de la gente realmente profesional y comprometida con la causa de los derechos humanos-- está buscando otro trabajo que realmente la dignifique. Internamente, pues, se está desarrollando un fenómeno de descomposición que ya está teniendo repercusiones afuera: por un lado, son mayores y más claras las manifestaciones de desprecio al personal de la Procuraduría por parte de otros funcionarios de la administración pública; por el otro, al menos se tiene informes de una baja sensible del número de denuncias recibidas en San Salvador.

Todo lo anterior tiene un origen: la irresponsabilidad parlamentaria. Por eso se deben decir las cosas claras: resulta censurable, a todas luces, que las personas que pretenden representar a la población en el "Salón Azul" hagan todo lo contrario a lo que ésta siente y espera para vivir en una sociedad más justa y respetuosa de sus derechos humanos. Al tener conocimiento de las numerosas denuncias contra Peñate Polanco y de su incapacidad, uno de esos tantos personajes que tan caro cobran y que no cumplen con su encargo --"Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados a ningún mandato imperativo", reza el artículo 125 constitucional-- aceptó que éste no reunía los requisitos legales para ser procurador, pero dijo que tal vez cambiaba mientras estaba al frente de la Procuraduría.

Pero este atentado contra una de las instituciones más valiosas del país, nacida gracias a las tantas vidas entregadas durante el pasado conflicto, no puede ni debe quedar impune. Corresponde a la población entera defender lo que le pertenece, rescatándolo de quienes en su prepotencia ahora sienten que han triunfado. Esos tipos deben saber que su euforia no les va a durar mucho, porque el pueblo salvadoreño --cada vez con más fuerza-- está despertando y se encuentra dispuesto a luchar para sacudirse a quienes en la administración del Estado no responden a sus reclamos.

A pesar de todo, la situación que ahora lamentamos tiene un lado positivo y es precisamente el de las reacciones generadas entre diversos espacios sociales. Una de ellas es la pieza de correspondencia que el miércoles 12 de agosto --en el ejercicio de sus derechos ciudadanos-- presentó al Órgano Legislativo un grupo de abogados la República, miembros de la Asociación de Profesionales del Derecho de El Salvador (APRODESA). En dicho documento se solicita declarar la nulidad absoluta del acto administrativo mediante el cual se nombró a Peñate Polanco como procurador.

Entre otras cosas, los juristas sostienen que tal decisión se tomó dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento; si bien es cierto que dicha comisión es parte de la Asamblea, ella no es el Órgano del Estado definido en el artículo 121 de la Constitución de la siguiente manera: "La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita por esta Constitución y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar". De lo anterior, APRODESA concluye que "la Asamblea está integrada por todos los diputados y no por una comisión, de suerte que la decisión tomada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de proponer a Peñate Polanco con un dictamen favorable como procurador para la defensa de los derechos humanos es un acto que no tiene validez alguna".

Además, la Asociación dice que "Peñate Polanco no llegó a la Asamblea con otros candidatos" para escoger entre ellos a la persona que ocuparía el cargo; fue la comisión parlamentaria aludida la que lo presentó ante el pleno legislativo como candidato único y eso, más que una elección, constituye "una burda patraña que tiene como finalidad permitir un fraude de ley de parte de las personas que como creadoras que son de normas jurídicas tienen mayor obligación de respetarlas y salvaguardarlas".

Asimismo, APRODESA argumenta que nunca se comprobó una "trayectoria reconocida" de Peñate Polanco en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos. Ello lo fundamentan en el hecho de que "promover significa hacer una actividad encaminada a darle vivencia a un pensamiento; educar significa transmitir conocimientos; y defender incluye --en el caso concreto-- la actividad tendiente a establecer que la persona ha estado atenta a las violaciones de los derechos humanos y que ha luchado por el restablecimiento del derecho violado". Y Peñate Polanco no tiene una historia que avale su desempeño en ninguno de esos tres rubros; por el contrario, lo que más bien posee es una condena moral de la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e innumerables señalamientos que hacen de él un individuo notoriamente incapaz para encontrarse donde ahora se encuentra.

El paso dado por este grupo de abogados es un ejemplo por seguir pues ahora la población y sus organizaciones deben tomar la iniciativa, asumiendo un fuerte protagonismo en la defensa de sus derechos y libertades. Pero el problema no se agota sólo con la nulidad de este nombramiento y la salida de Peñate pues --como ya se dijo antes-- también se deben asegurar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de elección, a fin de garantizar que esta triste historia no vuelva a repetirse.

Asimismo, se tienen que definir criterios claros para enriquecer los requisitos legales para ser procurador. En ese sentido, las y los aspirantes al cargo deberían cumplir con dichas exigencias de ley y no presentar ningún impedimento o incompatibilidad establecidas en la misma legislación; pero además, desde nuestra perspectiva, deben: estar calificadas personal y profesionalmente para prevenir y evitar la realización de violaciones a los derechos humanos; tener capacidad y fuerza moral para señalar responsabilidades cuando ocurran dichas violaciones, así como para imponerse sobre ellas mediante la elaboración de resoluciones y recomendaciones adecuadas, cuyo cumplimiento sea verificado a través de un seguimiento efectivo de las mismas y comunicado ampliamente a la población; saber interpretar de manera amplia e integral su mandato, especialmente en el ejercicio de las facultades de intervención cuasi jurisdiccional que le otorga la ley; aplicar a su trabajo la concepción integral y universal de los derechos humanos; y ser capaces de dialogar y concertar con todos los sectores de la sociedad y con el resto de la administración pública.

A lo anterior se deben agregar las características esenciales para cumplir las que --a partir de un diagnóstico objetivo de la situación actual-- surgen como las tareas prioritarias del o la procuradora. Se necesita, en primer lugar, que pueda actuar con decisión para combatir y erradicar la impunidad en cualquier hecho por mínimo que sea, a fin de evitar que se vuelvan a producir graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como las del pasado reciente. De igual manera, es necesario que esté en capacidad de supervisar las instituciones estatales para que no existan en ellas estructuras y prácticas violadoras o encubridoras de las arbitrariedades que afecten a la población; en este sentido, especial atención debe ponerle a la labor de la Policía Nacional Civil y del Órgano Judicial, debido a que de su buen o mal funcionamiento dependen mucho la consolidación de la institucionalidad y la transformación democrática de nuestra sociedad. Finalmente, es necesario que sepa mantener a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como la instancia capaz de articular consensos para aliviar la situación de exclusión económica y social en la que se encuentra la mayoría de la gente; también, para mediar en las crisis que a corto y mediano plazo se puedan producir, de no corregirse el rumbo en este aspecto.

No nos cabe ninguna duda: lo sucedido hasta el momento con la Procuraduría es algo lamentable pero no irremediable. Realmente, la llegada de Peñate Polanco a la Procuraduría debe verse como un accidente sufrido por el vehículo llamado El Salvador, en su tránsito hacia una sociedad respetuosa de los derechos humanos; un accidente originado, a todas luces, por la mala conducción del mismo. Pero todo ello no significa que tengamos que darnos por vencidos; de ninguna manera: se puede y debe cambiar a quienes están conduciendo mal el país para evitar, así, otros accidentes más graves. Por lo sucedido, no debemos dejar que se pierda la capacidad de lucha ciudadana en la protección y promoción de su dignidad. Eso se hizo durante épocas tan duras como las de la violencia política generalizada y el conflicto armado; con mayor razón, entonces, se debe hacer hoy. Y, en esa línea, una de las acciones más importantes por desarrollar es la de rescatar esa institución que no es de ningún partido político sino del pueblo salvadoreño, el cual puso tantas víctimas y sufrimiento para que existiera.