El Atlacatl en el Centro Loyola
Hacia las tres de la tarde, unos ciento veinte hombres del batallón Atlacatl llegaron al Centro Loyola, la casa de ejercicios de los jesuitas, que había sido registrada tres días antes por la Policía de Hacienda.
El cuidador abrió las puertas a los soldados, que examinaron rápidamente las cuarenta y cinco habitaciones del Centro. Uno de los soldados dijo: "Esto pertenece a la UCA, ¿verdad? Aquí es donde planean la ofensiva".
Al ser informado de la presencia de los soldados, el padre Fermín Sainz, el director, subió inmediatamente al Centro. Le estaba esperando un sargento que le condujo ante un teniente. Este comentó más tarde: "Con este cura sí se puede hablar, en cambio los de ahí abajo se ponen furiosos".
Probablemente el teniente se refería al comportamiento de Ellacuría y de los otros jesuitas, cuando les dijeron a los soldados que no tenían derecho a registrar la residencia de la comunidad universitaria el lunes anterior por la noche. Por eso el P. Sainz cree que estos hombres del Atlacatl eran los mismos que hicieron el registro y después cometieron los asesinatos.
Los soldados ocuparon el Centro durante toda la tarde. Muchos permanecieron sentados, descansando y esperando órdenes. La encargada del Centro Loyola sirvió pan y café a unos ochenta y cinco hombres.
Hacia las cinco y cuarto de la tarde llegó un capitán y se llevó aparte a los oficiales. Desplegó un papel muy grande, que a Sainz le pareció un plano o un mapa, y señaló hacia abajo, hacia el campus de la Universidad.
Como a las siete, después del toque de queda, los hombres salieron del Centro Loyola y se encaminaron lentamente hacia la UCA.
Antes de dejar el Centro Loyola, un oficial comentó: "Ya vamos a buscar a Ellacuría y a los jesuitas. ¡No queremos extranjeros!". Otro soldado le dijo a un empleado del Centro: "Esta noche va a haber mucha bulla por aquí. Métanse adentro y no asomen la cabeza". Otro más añadió: "Vamos a buscar a Ellacuría, y si lo encontramos, nos van a dar un premio".
Reunión en el Estado Mayor
Según el coronel Ponce, unos veinticuatro altos oficiales se reunieron hacia las siete y media de la noche del miércoles 15 de noviembre para analizar las posiciones que habían perdido en la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre. “Analizamos lo que había que hacer para recuperarlas. Nos dimos cuenta de que teníamos que tomar medidas más enérgicas".
Entre los reunidos aquella noche se encontraban el Ministro de Defensa, los dos Viceministros, los comandantes de las unidades del área metropolitana, los comandantes de las zonas de seguridad especial, los jefes de las Fuerzas de Seguridad, el director del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (Coprefa) y los integrantes del Estado Mayor Conjunto, con su jefe, el coronel Ponce.
Según su propio relato, estos oficiales estaban al borde del pánico, ante su incapacidad para rechazar de la capital al FMLN. Había una confusión enorme y disparos por todas partes. “No es fácil que ustedes puedan hacerse una idea como para revivir ese momento".
Uno de los asistentes manifestó al periódico San Francisco Examiner que la reunión del 15 de noviembre por la noche fue "la reunión más tensa y desesperada de los más altos comandantes del país desde que empezó la guerra contra los insurgentes izquierdistas, diez años atrás".
El director de Coprefa, mayor Mauricio Chávez Cáceres, presente en la reunión, negó que se hubiera mencionado a los jesuitas, manifestando a la Comisión Moakley que "no se mencionó a la UCA de ninguna manera. Me acordaría perfectamente, porque yo estudié allí y era amigo de los sacerdotes asesinados. No, no se dijo absolutamente nada. Sería un detalle que no hubiera podido olvidar".
Añadió también que, al final de la reunión, todos se cogieron de las manos y rezaron para pedir la "iluminación divina". Y dijo: "Si yo creyera que la decisión de matar a los jesuitas se había tomado en aquella reunión, no estaría hoy aquí. No vamos a ser tan cínicos como para rezar a Dios y luego salir a matar sacerdotes".
Sin embargo, el 27 de agosto de 1990, el ministro de Defensa, general Larios, envió al juez del caso, Ricardo Zamora, la lista que éste le pidió de los oficiales presentes en la reunión.
A inicios de febrero de 1990, muchos meses antes de que los asistentes a la reunión prestaran declaración en el juzgado, los contenidos de ésta empezaron a aparecer en la prensa norteamericana. Según The Boston Sunday Globe, "la reunión terminó hacia las diez y media de la noche" y el presidente Cristiani fue "despertado y se le pidió que firmara una orden autorizando el uso de la Fuerza Aérea y la artillería, cosa que hizo y se quedó hasta las dos de la madrugada del 16 de noviembre".
Si estos datos son ciertos, quiere decir que Cristiani estaba presente en la sede del Estado Mayor mientras se estaba desarrollando la operación del asesinato de los jesuitas y de las dos mujeres a sólo unos metros de allí.
El 7 de septiembre de 1990, Cristiani se presentó a declarar en persona ante el juez Zamora, acontecimiento considerado por la prensa como "sin precedentes en la historia contemporánea del Órgano Judicial salvadoreño", y aclaró algunos puntos de lo que ocurrió aquella noche.
Cristiani declaró ante el juez que, hacia las doce y media de la noche, se trasladó con Arturo Tona al puesto de mando del Estado Mayor para recibir información sobre la situación militar en la capital. Allí había, según Cristiani, "dos o tres asesores militares norteamericanos" con quienes no habló.
