Los informes de la observación electoral presentados luego de los dos eventos electorales, contenían una serie de recomendaciones susceptibles de ser implementadas en el corto y en el mediano plazo, orientados a mejorar la limpieza de los procesos electorales, incrementar la confianza ciudadana y estimular mayor participación electoral.

En tal sentido, se incluyeron medidas correctivas de corto plazo orientadas a mejorar aspectos de carácter logístico y organizacional de los eventos electorales, pero también recomendaciones vinculadas a temas de reforma electoral que a la luz de los resultados del conteo, siguen siendo urgentes de implementar, debido a que el diseño actual del sistema electoral, sigue generando obstáculos a la participación electoral y facilitando algunas condiciones para la posible manipulación del proceso.

Aspectos relacionados con la organización electoral

Durante la observación de ambos eventos electorales se identificaron problemas de orden organizativo y logístico, algunos de los cuales se vieron sensiblemente reducidos en la jornada del 15 de marzo, debido a las mejoras incorporadas por el TSE en la administración del proceso. No obstante, debe seguirse insistiendo en ellos porque se vuelven fundamentales para favorecer el derecho al voto y el libre ejercicio del sufragio.

Uno de los temas que fue señalado de forma reiterada en ambas elecciones, fue que las condiciones para favorecer la secretividad del voto no siempre estuvieron garantizadas, ya sea debido al desconocimiento de los procedimientos de la mesa respecto a la correcta ubicación del anaquel o a las condiciones de hacinamiento existentes en muchos centros de votación. Aunque las cortinas utilizadas durante la jornada del 15 de marzo en el anaquel de votación, redujeron la posibilidad de que los votantes fueran observados por terceros, deben buscarse soluciones de carácter permanente. La implementación del voto residencial a escala nacional reduciría en principio los problemas de hacinamiento, al concentrar menor número de votantes en los lugares de votación.

A su vez, debe seguirse insistiendo en mejorar los procesos de formación sobre los procedimientos establecidos para la administración de la jornada, entre los miembros de la mesa. Dado que muchos de los problemas identificados estuvieron relacionados con el desconocimiento de los miembros de la JRV respecto a aspectos técnicos establecidos por ley, es importante reestructurar el mecanismo de formación de los miembros de JRV. Al respecto, es recomendable que sea el TSE y no los partidos políticos quien imparta directamente las capacitaciones a los miembros de JRV. Esto permitiría garantizar que todos los

miembros de mesa se sometan al mismo proceso de formación, impartido por personal técnico del TSE. Asimismo, la emisión de la credencial de miembros de mesas debería estar supeditada al cumplimiento del requisito de formación establecido por el TSE.

Otra de las recomendaciones en las que se debe insistir es en el cumplimiento de los tiempos de instalación e inicio de la votación establecido por la ley. Aun y cuando en la jornada del 15 de marzo, se redujo de forma importante el retraso en la hora de instalación de la JRV y el inicio de la votación, respecto a lo observado el 18 de enero, persistieron desfaces respecto a la hora establecida. El respeto a los tiempos estipulados en el Código Electoral, es fundamental para garantizar el flujo más ordenado de votante, dado que reduce la probabilidad de aglomeraciones, descontento y brotes de violencia entre los votantes.

Regulación de la propaganda electoral y del rol de vigilantes y personal partidario presentes en los centros de votación.

Una anomalía de importancia que se documentó en ambas jornadas electorales, en los diferentes momentos del desarrollo de la jornada, fue la interferencia de vigilantes de los partidos en la administración del proceso electoral y en la libre determinación de los votantes. Aunque estos problemas se presentaron en menor escala en las elecciones presidenciales, esta violación se expresó en la intromisión directa en las decisiones de los miembros de la mesa e interferencia en el proceso de escrutinio. Esto representa claramente una extralimitación de las tareas de fiscalización asignadas a los vigilantes de los partidos, por lo que se requiere una mayor regulación legal de la actuación de estos actores del proceso. Es también de suma gravedad, la clara inducción al voto que vigilantes partidarios hicieron en algunas JRVs, lo que constituye una clara violación al Código Electoral, por lo que nuevamente se demanda una actuación firme de parte del TSE y la Fiscalía Electoral en aplicar las sanciones respectivas de forma oportuna, a los partidos políticos que violen estas disposiciones.

También es importante regular en número y atribuciones al personal de logística y orientadores designados por los partidos políticos en los centros de votación. Fue llamativo el excesivo número de orientadores y personal de logística de los partidos asignados en algunos centros de votación, algunos de los cuales intentaban claramente influir en la decisión de los electores, diciendo claramente por quien debía votar o distribuyendo propaganda partidaria. Esto, además de representar una grave violación a la ley electoral, genera desorden al interior de los centros de votación. Asimismo, puede ser un detonante de hechos de violencia entre los miembros de los diferentes partidos, que se encuentran presentes en los centros de votación. La concentración de grupos de orientadores y personal de logística agrava además el hacinamiento en los centros de votación. Al respecto, además de regular la situación antes mencionada, es necesario que la Fiscalía Electoral cumpla con su labor en la recepción de las denuncias y la investigación de cualquier falta o delito electoral y que el TSE proceda con la aplicación de las respectivas sanciones. Durante las pasadas jornadas electorales, la Fiscalía fue una autoridad de bajo perfil y poca presencia en los centros de votación, por lo que se esperaría que en próximos procesos electorales retome su papel de garante en la aplicación de la justicia electoral.

Sobre el Registro electoral

La existencia de un registro electoral transparente e incluyente es una pieza clave en las democracias funcionales y un elemento esencial para un proceso electoral eficiente. Los resultados de la observación realizada por el IUDOP en ambas jornadas electorales muestran que persisten problemas asociados al registro electoral que repercuten en que un segmento de ciudadanos y ciudadanas se vean imposibilitados de ejercer su derecho al sufragio. Casos de electores que no se encontraban en el padrón de su JRV, de ciudadanos que asistieron a votar y alguien lo había hecho por ellos o de votantes que se presentaron a votar con DUIs alterados o falsificados, podrían reducirse o eliminarse si el TSE impulsa una auditoria integral al registro electoral y adopta los mecanismos necesarios para su depuración y permanente actualización.

Esta revisión y actualización permitiría contar con un padrón limpio e incluyente que promueva mayores niveles de participación electoral, reduzca la ocurrencia de anomalías y genere mayor confianza en el proceso electoral y en las autoridades electorales.

Sobre el voto residencial y la participación electoral

Aunque el TSE desarrolló en las elecciones legislativas y municipales 2006 y en las jornadas electorales 2009, experiencias de acercamiento de urnas, se tratan aun de experiencias pilotos que se han circunscrito a algunos municipios del país. Durante las elecciones legislativas y municipales y presidenciales 2009, esta experiencia se implementó en los 16 municipios del departamento de Cuscatlán y en otros 7 municipios en diferentes puntos del país.

La observación sistemática realizada por el IUDOP en ambas jornadas electorales, muestra que muchos de los problemas e irregularidades identificados, están relacionadas tanto con aspectos de la organización y logística electoral, como con anomalías facilitadas por la falta de un patrón actualizado e incluyente, algunas de las cuales podrían ser reguladas con el desarrollo del voto residencial.

La comparación realizada entre los resultados de la observación de la muestra nacional y el grupo de JRVs del departamento de Cuscatlán de la jornada del 15 de marzo, da cuenta que en este último departamento se reportaron en menor escala problemas e irregularidades durante el desarrollo de la votación. Situaciones como el hacinamiento en los centros de votación que genera condiciones para que se violente el secreto al voto, problemas como el retraso en la hora de instalación de la JRV y otros que podrían considerarse delitos electorales como la inducción al voto, la suplantación de votantes y el uso de DUIs falsificados, fueron consignados en menor medida en Cuscatlán, lo que sugiere que con la implementación del sistema de voto residencial a nivel nacional, pudiesen reducirse sustancialmente algunas deficiencias que aun persisten con el sistema electoral tradicional. Aunque es claro que el voto residencial no es la única reforma que se requiere para impulsar procesos electorales más justos y eficaces, si es un componente que podría contribuir a mejorar el sistema electoral.

Por otra parte, en el departamento de Cuscatlán, tanto en las elecciones 2006 como en las de 2009, se reportaron mayores niveles de participación electoral en relación al porcentaje nacional, tal y como lo muestran los datos del TSE, lo que constituye una razón de peso adicional para que en 2012 la modalidad de voto residencial puede desarrollarse a escala nacional, lo que implicaría una necesaria reforma a la legislación electoral existente.



Promover una mayor participación ciudadana en los procesos electorales es una importante obligación de los estados y un problema de política pública que debe ser retomado de forma inmediata, y no solo en el contexto de períodos preelectorales. Aunque El Salvador ha mostrado una tendencia a reducir su tasa de abstencionismo en los últimos procesos electorales, sigue ubicándose como uno de los países con más bajos niveles de participación electoral de la región centroamericana y de América Latina. Una comparación de los porcentajes de participación electoral registrados en los países de la región en las últimas elecciones presidenciales, muestra que Honduras, Guatemala y El Salvador reportan los menores niveles de participación respecto a los países del Sur de Centroamérica, siendo Panamá el que tiene los porcentajes de participación electoral más altos de toda la región, cercanos al promedio latinoamericano que ronda el 72 por ciento.



Aunque es claro que en el abstencionismo electoral inciden factores de diverso orden, algunos de ellos relacionados con la cultura política de los ciudadanos y ciudadanas y la legitimidad del sistema político institucional, existen otros claramente asociados con las barreras institucionales impuestas por el sistema electoral. La centralización de los centros de votación en los cascos urbanos de los municipios y la distribución del electorado en padrones alfabéticos y no con criterio residencial, sigue siendo un factor que impide el acceso de un importante segmento de la ciudadanía a las urnas, especialmente entre grupos de población social y económicamente más vulnerables, por lo que se requiere que los tomadores de decisión cristalicen en el mediano plazo la iniciativa de voto residencial, la cual sigue siendo una de las principales deudas pendientes de la reforma electoral en El Salvador.